Guillermo Corro, el engranaje clave de la violencia institucional en Jujuy

Escándalo en el gobierno de Sadir: las prácticas de violencia institucional en el penal de Gorriti tienen autorización política, así lo devela la investigación de la Fiscalía del MPA sobre las denuncias por apremios ilegales que realizaron Nahuel Morandini y Roque Villegas. El común denominador con otros casos es la figura de Guillermo Corro, el ministro de Seguridad, quien tiene una carrera dentro de las fuerzas, como así también denuncias. A pesar de ello, continúa en la gestión y sólo apartó a los imputados.  

Transcurrieron cinco días de conocerse la solicitud de elevación a juicio oral a 23 imputados agentes penitenciarios, entre ellos, el Jefe del Servicio Penitenciario acusado de vejámenes, apremios ilegales a Nahuel Morandini y Roque Villegas que estuvieron 53 días en el penal de Gorriti. Una causa escandalosa que deja ver el disciplinamiento a los que piensan distinto al ex gobernador Gerardo Morales y la incidencia sobre el poder judicial.

La investigación de oficio del fiscal Diego Funes presenta como pruebas filmaciones, testimonios y sostiene que las prácticas en el Servicio Penitenciario son institucionales, habituales en el pabellón 2 y no solo se aplicaron a Morandini y Villegas, sino también a otros detenidos.

La investigación es lapidaria y confirma las denuncias de los tuiteros de la violencia institucional que padecieron y es similar a la de muchos detenidos en el marco de la Reforma. El Ejecutivo provincial desmintió prácticas de violencia institucional en varias oportunidades, cuando se conocía la denuncia de Morandini dentro del penal ( 28 de febrero) fue el hoy imputado jefe del servicio, Julio Vaca, quien aclaró a la prensa que “la admisión- detenidos- también consiste en que el interno reciba las atenciones de todo un equipo interdisciplinario, llámese gabinete en la parte psicológica, departamento de Servicio Social y la parte importante de Seguridad Interna” argumentó, desentendiéndose de los tratos inhumanos a detenidos.

La causa de los tuiteros está paralizada, después de la liberación de ambos el expediente no se ha movido afirmó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensa de Morandini.

Por esos días fue el mismo ex gobernador Gerardo Morales que expresó en los medios que las denuncias de Morandini eran falsas, que había consultado al ministro de Seguridad y le desmintió y avanzó que presenten pruebas. El fiscal Funes presentó las pruebas de los abusos en el penitenciario. Los hechos no fueron investigados antes y hay una decisión política aparentemente de naturalizar la violencia.

En ese contexto, el ministro de Seguridad de la provincia, Guillermo Corro continúa en el cargo, a pesar de haber considerado respecto a la causa de los tuiteros “hay una investigación en curso, hay efectivos del servicio penitenciario que han sido apartados por el momento hasta que la investigación avance.  Desde el Ministerio estamos a disposición de la fiscalía, de la justicia para aportar pruebas”, sostuvo el funcionario que también le pesan denuncias penales por otras causas como la represión de la Reforma, Caspalá, y otros. Corro fue ministro de Seguridad en el Gabinete de Morales y continua en la gestión de Carlos Sadir.

Es así que, en la causa de los tuiteros, uno de los imputados Morandini, docente universitario, expresó “queremos que el proceso llegue a fondo, porque la causa es ilegal y desmedida. Queremos el desprocesamiento”, reclamó ante la acusación por publicaciones en redes contra del ex gobernador Gerardo Morales y su esposa Tulia Snopek sobre su vida privada.

“Yo quiero saber quién dio la orden, quién dijo que había que detener a Morandini”, afirmó por su parte el docente jujeño a Salta 12. “Hubo una orden política que me señaló para detenerme y condenarme”, barajó. “Quiero saber quién dio la orden para que me persigan y hostiguen, también a mis amigos y familiares”, repitió enfático. “Nos sentimos vulnerados, perseguidos. Estamos en tensión permanente. Estamos en riesgo”, volvió a subrayar, “porque hoy la causa está dormida, pero mañana repentinamente le vuelven a dar curso. Nosotros queremos al responsable político de todos los que nos tocó atravesar y también de todo lo que estamos atravesando hoy”, subrayó.

La causa judicial que se concretó el 4 de enero, tras un espionaje, persecución a Morandini y Villegas, detenciones arbitrarias e irregularidades en el procedimiento. Por aquellos días el fiscal Walter Rondón que lleva la investigación había expresado que eran 11 las personas a detener por las “publicaciones en redes sociales”, luego dijo que no habría detenciones y se conoció una orden de detención para Lucía González, amiga de Morandini.