Continúan las repercusiones tras conocerse los dichos de Pablo Baca en lo que respecta a la prisión arbitraria de la dirigente Milagro Sala como respuesta a los designios de Gerardo Morales. Ahora, es Justicia Legítima, quien señala que en Jujuy hay un “total avasallamiento del estado de derecho y la independencia de del poder judicial” en la provincia.
La asociación civil, integrada por personas de distintos espacios con el compromiso en trabajar de forma activa en la democratización de los poderes judiciales de la Argentina, señaló en un comunicado, su preocupación por la situación que atraviesa Jujuy en lo que respecta a la independencia de los poderes.
El documento aclara “ante la difusión de audios emanados del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Jujuy, Dr. Pablo Baca, y de la integrante de ese cuerpo, Dra. Clara Langhe de Falcone -no desmentidos por dichos magistrados- en los que, entre otras afirmaciones, se admite que Milagro (Sala) está presa por ese bendito tribunal entiende que ella está suelta es un peligro para el gobierno, no por sus delitos (…) la Asociación Civil Justicia Legítima manifiesta su profunda preocupación en razón de que tales dichos trasuntan descaradamente, el total avasallamiento del Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial en la provincia de Jujuy”.
En la misma dirección, considera “la gravedad de la situación radica en que ese escandaloso pisoteo del Estado de Derecho y de la independencia del Poder Judicial, tiene como consecuencia el sostenimiento por más de cuatro años, de la prisión arbitraria -conforme lo declara el Equipo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de ONU-, de Milagro Sala y otres presos y presas de la organización social Tupac Amaru”.
Finalizando, resalta “el Poder Judicial es el último bastión de resguardo de la vida, la libertad y los bienes de les cuidadanes; por ello, frente a esta grosera violación de su independencia en el caso de la Provincia de Jujuy, solicitamos a las autoridades correspondientes la adopción de las medidas que constitucionalmente corresponden, a fin de hacer cesar el obrar antijuridico de los poderes de ese Estado Provincial”.