Mientras que todavía la justicia federal sigue con la investigación sobre la denuncia de usurpación de tierras en Caspalá y la destrucción de un sitio arqueológico en contra del entonces gobernador Gerardo Morales y otros funcionarios, en el fuero local, la persecución y hostigamiento contra la comunidad kolla continúa y mañana 6 comuneras deberán presentarse en la Fiscalía Nº5 de Humahuaca, tras ser acusadas de daños, robo y usurpación.
Sí, la justicia jujeña -en tono a los pedidos del Ejecutivo- sigue apuntando que pobladores no tienen derecho sobre el territorio y, a partir de ello, abre causas penales en su contra.
En lo que refiere a esta nueva imputación, son en total 6 las mujeres señaladas: Paola Coronel, Mirian Coronel, Lucía Apaza, Francisca Coronel, Satornina Batallano, Verónica Ubaldo y Aurora Tito, todo por haber corrido unas piedras del predio de la cancha comunitaria) en disputa con el gobierno de la provincia, que pretende erigir una escuela.
Las notificaciones por parte del MPA comenzaron a llegar el día sábado y se acusó a las comuneras de daños, robo y usurpación. Lo cierto, es que mientras siga la investigación federal, la provincia no puede continuar con la obra. Omitiendo esto, el gobierno pretende seguir construyendo, por lo que pobladores realizan una permanencia para defender la cancha.
“Somos herederas de donde está la cancha, en la finca Pozuelo, tenemos título y plano, se lo mostramos a la policía y ellos no tienen ninguna orden para ingresar a la cancha”, denunció Paola Coronel, una de las imputadas, en diálogo con TeleSISAS.
Así, este jueves, las comuneras deberán presentarse en la Fiscalía de Humahuaca, por lo que desde el Tercer Malón de la paz se convocó a partide de las 11 a comunidades indígenas, organizaciones sociales, sindicales, políticas y bandas de sukuris y artistas en solidaridad “con las hermanas de Caspalá imputadas y perseguidas por el Estado por el sólo hecho de defender el territorio”.
La denuncia del Malón no es infundada: desde el 18 de noviembre de 2022, cuando se profundizó la violencia institucional con una brutal represión contra el pueblo (de tan solo 350 habitantes) que defendían la cancha que el gobierno usurpó, desde aquel entonces, la población de Caspalá se vio asediada por las fuerzas de seguridad y el armado de causas. Incluso, la ahora comisionada, Rosa Apaza fue suspendida por 180 días sin goce de sueldo de su cargo como vocal, bajo la excusa de haber incitado a la población a cometer delitos de violencia. El intento de disciplinamiento respondía a que Rosa Apaza fue la única legisladora comunal que escuchó el reclamo de sus votantes.
Convocatoria del Tercer Malón de la Paz
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