Con la firma de vicepresidente, el radical Luciano Rivas, el viernes último, la Compañía de Seguros de Jujuy dio a conocer que la inhibición de bienes que determinó la Superintendencia de la Nación fue levantada, medida que había sido tomada ante la falta de presentación de los estados contables de la misma. Según la versión de la empresa estatal, dicha demora se debió a “inconvenientes técnicos informáticos”.
Mediante un comunicado, la prestadora provincial expuso que fue precisamente por esta falla lo que impidió presentar en tiempo y forma el balance requerido por el organismo nacional, aunque subsanado el inconveniente se dispuso el levantamiento de la medida sancionatoria.
“Mediante Resolución 2024–429–APN–SSN#MEC, la Superintendencia dispuso el inmediato levantamiento de la inhibición, la cual nunca afectó el derecho de los asegurados y beneficiarios, sino que se efectuó sobre las inversiones que realiza la empresa”, señala el documento.
Asimismo, aclaró que “la Compañía de Seguros de Jujuy nunca suspendió su operatoria y esta situación de ninguna manera puso en riesgo los derechos de asegurados y beneficiarios, conforme surge del Artículo 109 de la Ley 17.418 de Contratos de Seguros, instrumento que obliga a mantener indemne a los asegurados y beneficiarios. Los derechos de los mismos y de los proveedores jamás estuvieron en riesgo. De esta manera, la aseguradora echó por tierra las manifestaciones mal intencionadas de quienes deberían trabajar por el bien común de nuestra sociedad sin buscar rédito partidario”.
La expresión “manifestaciones mal intencionadas” hacen referencia a lo expuesto por la abogada Alejandra Cejas, quien daba cuenta de la falta de entrega del balance anual: “en la Provincia con más corrupción por metro cuadrado del país, le acaban de inhibir los bienes a la Compañía de Seguros (esa que le saca plata a todos los trabajadores del sector público). Nunca presentaron rendiciones de cuentas. La costumbre de nunca rendir cuentas”.
La ex diputada del peronismo siempre apuntó a la creación de las empresas estatales creadas bajo la gestión de Gerardo Morales, de las cuales poco se sabe de las ganancias, como ocurre con Cannava, Sales de Jujuy (que tiene el 8,5% de las acciones a través de JEMSE), Cauchari. Los emprendimientos costaron a la provincia una cuantiosa deuda en moneda extranjera, la cual se paga con el ajuste del pueblo jujeño, que no ve estas iniciativas que tampoco parece que cambiarán la matriz productiva que prometió Morales.
Tal es así, que recientemente el abogado Juan Giusti reveló la pérdida de unos 176 millones de dólares por la planta fotovoltaica. Los datos salieron de CAMMESA, empresa a la cual Cauchari le vende la energía que produce. Las proyecciones de Morales erraron en unos 10 millones de dólares anuales de producción.