Ingresa a la Legislatura el pedido de convocatoria a consulta popular del RIGI

A las 10, diputados y diputadas de la provincia deberán presentarse en el recinto parlamentario para discutir el proyecto de adhesión al RIGI -Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones- que presentó el Ejecutivo provincial, proyecto que podría quedar en suspenso ante el pedido de convocatoria a consulta popular que entrará en la Legislatura.

Con el patrocinio de las abogadas Alejandra Cejas, Silvana Llanes y Mariana Vargas, la misma busca que el gobierno de Sadir cumpla con la consulta popular, de carácter vinculante, antes que sea aprobado.

Si bien fueron las comunidades quienes impulsaron la iniciativa, se sumaron referentes sociales que recolectaron firmas para evitar el tratamiento del RIGI.

En ese sentido, fueron varios los puntos que cuestionaron sobre este proyecto de adhesión, aunque subrayaron que el mismo “no dice nada, ni aporta nada, ni permite visualizar como impactará en la provincia de Jujuy el sistema de incentivos y excepción de ley que se pretende votar”.

Ejemplo de ello, el escrito señala que, por una parte, el Ejecutivo “festeja la estabilidad fiscal de 30 años que se le otorga a las ‘Grandes Inversiones’ de más de 200 millones de dólares” al considerarlo como un “acelerador del desarrollo económico al estimular la generación de empleo, promover la expansión de la infraestructura, invertir en el desarrollo del capital humano y atraer flujos significativos de inversión”, pero hay una falta de fundamento “llamativa”, dado que no hay “elementos de juicio que permitan afirmar que incentivos impositivos, tributarios o aduaneros y una clara excepción al principio de igualdad ante la ley mejore la calidad de vida de los jujeños y jujeñas, baste con saber que la famosa ley de inversiones a nivel laboral mencionada en el proyecto no se cuenta con datos de la realidad de 8 años de funcionamiento en la Provincia de Jujuy. Los datos reales son que casi el 60% de los niños y adolescentes de Jujuy son pobres”, expone el escrito.

Y agrega “el proyecto no da un solo indicador o dato económico de Jujuy que permita conocer las bondades del impacto del RIGI en la provincia de Jujuy, el lenguaje solo trasmite alabanzas a las expectativas”.

En esa dirección, el planteo gira en torno a los datos macroeconómicos. Tomando como referencia a la industria litiera: según el propio Sadir, Jujuy exporta 80 mil toneladas del mineral, sin embargo, no se sabe cuánto queda de ganancia en Jujuy, además de que esto no se traduce en una mejora de los indicadores sociales “la ciudadanía de Jujuy, se encuentra con serios déficits en materia laboral, salarial, educativa, de salud y de progreso en general. No se vislumbran ‘bondades’ económicas o de desarrollo en estos 9 años de gobierno radical”.

Así, el pedido de consulta popular considera que “el RIGI no genera expectativas favorables para el futuro de Jujuy, serán 30 años de concesiones a empresas extranjeras, que vendrán a saquear los recursos de Jujuy, metales y litio son los elementos más codiciados por las corporaciones transnacionales extractivistas que rondan esta ley, y que es un regalo a sus ambiciones”.

Por otra parte, también apuntó a los beneficios que obtendrán estas grandes inversiones, como “la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de esas inversiones un régimen de excepción, violando la igualdad ante la ley, por la protección legal que generan”, lo que implica “la adquisición de derechos más extensos e intensos desde lo tributario, aduanero, impositivo y legal que la ciudadanía jujeña” violando así el principio de igualdad ante la ley.

Comunidades indígenas: resistencia al saqueo y en defensa del territorio

No es casual que la consulta popular vinculante haya sido impulsada por los pueblos originarios de la provincia, es precisamente en los territorios en los que viven donde la megaminería ha puesto su interés. Sosteniendo que “el RIGI es una de las máximas expresiones de quita de derechos colectivos, los derechos ambientales y un régimen de grandes privilegios para las grandes empresas”, expusieron que su aprobación afectará no sólo a las comunidades, sino a toda la población. De hecho, ni siquiera se cumplió con el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta previa, libre e informada y con el Acuerdo Escazú respecto acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Así, la presentación recuerda que es el Estado el que “debe garantizar la protección de los derechos de los Pueblos y Comunidades originarias” y de la ciudadanía, por lo que pidieron que se trate como proyecto de ley la consulta popular, que la adhesión al RIGI sea girado a las comisiones de Pueblos Indígenas, Medio Ambiente y Derechos Humanos (al cual el oficialismo se había negado).