Inminente despojo de sus territorios a 2 comunidades indígenas en Jujuy

Otro caso de avasallamiento de la justicia jujeña sobre los derechos de pueblos indígenas, esta vez sobre las comunidades de Ocloya y Tilian, sobre las cuales el Superior Tribunal de Justicia ordenó su inminente desalojo, pese a que continua vigente la ley que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.

Desde hace años, ambas comunidades mantienen conflictos territoriales con personas que dicen ser dueñas de los lugares que ocupan, sin poder llegar a un acuerdo, por lo que el tema se terminó derivando en los canales judiciales.

En el caso de la comunidad Las Capillas del Pueblo Ocloya, la disputa es con Juan José Correa, sobre quien pesan innumerables denuncias por intento de despojo.

Fue el 11 de agosto de este año, cuando Correa se presentó en el lugar acompañado por oficiales de la comisaria seccional 23 de Palpalá. En aquella oportunidad, oficiales labraron un acta de intimación de desalojo contra Oscar Ángel Tapia y su grupo familiar, todos miembros integrantes de la comunidad aborigen.

Frente a ello, los damnificados señalaron que se trataba de un territorio de preexistencia ancestral comunitario, de ocupación actual, tradicional y publica, indicando además que tenían personería jurídica, situación que reconoce la Ley Nacional Nº26.160 donde estable la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.

En el segundo artículo de la normativa, se establece “suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º”.

Es decir, la ley sigue vigente, ya que en 2017 se declaró su prórroga hasta el 23 de noviembre de 2021.

La causa en la comunidad de Ocloyas fue tramitada en la Fiscalía Penal de Investigaciones a Cargo del Agente Fiscal Dr. Darío Osinaga (muy cuestionado por los femicidios de Iara Rueda y Gabriela Cruz en Palpalá) a través del ayudante fiscal Cristian Rivero bajo Expte. policial Nº 763 CSV/20.

En tanto, en la comunidad de Tilian ocurre algo similar.

Allí, Gustavo Bárcena, quien dice ser dueño del lugar, amenazó con un arma de fuego a miembros de la comunidad, pese a que también posee reconocimiento legal a través de la entrega de personería jurídica.

Fue el 6 de agosto que Bárcena se presentó en el lugar realizando disparos al aire y amenazó de muerte a comuneros. Una semana más tarde, Gustavo Bárcena nuevamente se acercó al territorio para filmar. En esa oportunidad, estuvo acompañado de dos hombres y una mujer supuestamente, escribana, pero ninguno se quiso identificar.

En ambos casos, las comunidades están amparadas por las leyes nacionales, que dispuso el cese de ejecución de sentencias en lo que respecta a conflictos territoriales de pueblos indígenas. Pese a ello, el máximo tribunal de justicia de la provincia, hace caso omiso de esta normativa nacional.

Frente a esta situación, en asamblea los pueblos originarios de la provincia solicitaron la intervención de forma urgente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Secretaria de Pueblos Indígenas como organismos del Estado garantes de los derechos de los Pueblos Indígenas para que garantice los derechos de las comunidades.

Asimismo, recordaron el violento desalojo ocurrido con la Comunidad Tusca Pacha del Pueblo Kolla del pasado 20 de octubre en Palpalá.