“Intentan limitar el derecho a la protesta”

Mañana miércoles comienza el juicio a dirigentes gremiales del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOM) y del Frente de Gremios Estatales (FGE) acusados del delito de usurpación.

La causa fue iniciada en el año 2015, luego que trabajadores de ambos sindicatos se apostaran en terrenos en Campo Verde, ante la falta de respuestas por parte del gobierno en lo que refiere al déficit habitacional.

Durante finales del 2014 e inicios del 2015, desde estos sectores sindicales, se realizaron numerosas gestiones frente al Gobierno Provincial, que tenían como objeto destrabar el acceso a planes o créditos, para acceder a terrenos y viviendas; gestiones que no dieron resultados.

Yolanda Canchi, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), una de las imputadas, en declaraciones radiales, manifestó que ningún trabajador de ese gremio posee terrenos en Campo Verde, y que la causa responde a cuestiones políticas.

También están imputados los dirigentes del SEOM Jujuy Carlos “el Perro” Santillán, Santiago Seillant (Secretario del Interior), Adrián Mirkin (Secretario Gremial), Alberto Arias (Secretario de Organización) y Alvaro Sandoval (Secretario de Prensa).

Multas y disciplinamiento

El 11 de junio la Justicia Contravencional llevará a cabo otro juicio a distintas organizaciones políticas y sociales, por los disturbios ocurridos el 4 de abril del año pasado, cuando el gobernador Gerardo Morales realizaba la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura.

En diálogo con JujuyDice, Maia Hirsch, abogada y militante del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS), espacio que comparte con Gastón Remy, imputado en esa causa, detalló que fueron citados por la justicia casi un año después, casi cuando la causa estaba prescripta.

En la causa también están aludidas los gremios ATE, CTA, ADEP y CEDEMS, el Partido Obrero, la CCC, entre otros. La Justicia prevé en estos casos, el pago de una multa de alrededor de 50 mil pesos.

Desde el PTS presentaron un escrito porque consideran escandaloso llevar a juicio a organizaciones sociales y políticas que se manifestaban en oposición a las políticas de ajuste del gobierno de Gerardo Morales.

Hirsch señaló que ese momento cursaba el despido de casi 400 personas en el ingenio La Esperanza, también el cierre de los CEIJA y de los terciarios, había muchos estudiantes y docentes en la manifestación.

Agregó, que los actos de violencia lo inició la policía, quien tiró gases lacromógenos y hasta balas de goma.

Para la militante del PTS, este juicio contravencional no sólo debe entenderse sólo en el contexto electoralista, sino también dentro de las políticas de ajuste del gobierno provincial. Según expresó “intentan por medio del código contravencional, limitar el derecho a la protesta, que nosotros ya denunciamos que es inconstitucional”.

Hirsch declaró que este es otro intento de impedir las manifestaciones públicas en lo que respecta a la política de ajuste de Gerardo Morales, que está “marcando la cancha” para futuras movilizaciones y protestas, por el aumento de la pobreza y los despidos en Jujuy. Explicó, que es una “bomba de tiempo” que no van a poder contener, “nosotros creemos que es para amedrentar para que no salgan a la calle”.