Juicio político al Tribunal de Cuentas: “un caso concreto de gravedad institucional y persecución política”

El avance de los juicios políticos en la Legislatura contra 3 integrantes del Tribunal de Cuentas y el Fiscal General Alejandro Ficoseco, trajo aparejado una ola de repudios por parte de organismo que denuncian el avasallamiento de las instituciones por parte del gobierno de Gerardo Morales.

En esta oportunidad, el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos de Control Público Externo de la República Argentina, en el cual se nuclea a los trabajadores de ese ámbito de todo el país, publicó un comunicado para alertar sobre la situación que atraviesa el Tribunal de Cuentas de Jujuy, con el pedido de juicio político a su la presidenta Nora del Valle Millone Juncos y los vocales Mariana Leonor Bernal y René Antonio Barrionuevo Lacour.

El documento indica que dicho organismo, por ley orgánica, “debe asegurar su independencia funcional y, por cierto, nada garantiza más esa independencia que la necesidad indispensable de acordarle participación en cualquier iniciativa que tenga por objeto la alteración de su régimen jurídico”.

También alerta “recientemente el Poder Ejecutivo de la Provincia, sin que medie consulta alguna, ha propiciado innecesariamente la modificación de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas para lograr, por esa vía, una nueva organización burocrática del mismo que busca un funcionamiento más acorde a las necesidades políticas del Gobierno que al cumplimento de los verdaderos objetivos del órgano de control”.

En la misma dirección considera “esta injerencia del poder político sobre la estructura y funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Jujuy es sumamente preocupante pues, aprovechando una mayoría parlamentaria circunstancial, el Poder Ejecutivo Provincial pretende disciplinar al órgano de control para que cumpla sus funciones conforme a los designios del poder político”.

Otro de los puntos que advierte, es que los pedidos de juicio a los 3 miembros del Tribunal carecen de “fundamentos” y no tienen “justificación real alguna”. Por ello, catalogaron al mismo como “un caso concreto de gravedad institucional y persecución política”.

Además, la sospecha del Secretariado proviene con la celeridad con la que ingresó su tratamiento en la Legislatura, lo que “demuestra una intencionalidad política que atenta contra el organismo de control y su autonomía”.

Frente a esta situación, consideraron que se trata de un “ataque lesivo a la independencia, autonomía y facultades de estos organismos de control, encargados de fiscalizar las cuentas y la gestión económica de los órganos de gobierno, constituye un peligroso avance contra el mismo orden democrático consagrado en las respectivas Constituciones provinciales y, por consiguiente, la convalidación de una clara pretensión del propio Gobierno de sustraerse al control al cual debe someterse en el marco del estado de derecho”.