Los juicios políticos contra el Fiscal General del Superior Tribunal de Justicia y contra la presidenta y dos vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia, promovidos por dos desconocidas ciudadanas jujeñas, no es más que uno de los más graves escándalos institucionales en la provincia.
El Gobernador Gerardo Morales terminó la semana evidenciando ante el Obispo una extrema falta de respeto por la institucionalidad y la independencia de los poderes del estado.
Otra vez se puso al frente de los conflictos sistemáticos en la provincia, donde la presunción de inocencia y el cumplimiento de la Constitución de la Provincia parecen no existir.
Los juicios políticos, iniciados con una grosera artimaña para que sean tratados de apuro mientras el oficialismo tiene los dos tercios de legisladores, avanzan en la Cámara de Diputados y los ciudadanos comunes, quizás por la crisis económica no dimensionan la verdadera gravedad de este avance contra los poderes republicanos y los órganos de control
Lo real es que frente a los conflictos de la provincia, el que sale a responder y a tirar nafta al fuego es el mismo gobernador, de acuerdo a sus expresiones del viernes pasado tras la visita de campaña electoral al Obispo de Jujuy Daniel Fernández. Para él todo grupo u organización que plantee demandas o inquietudes, en este caso por la situación alimentaria, se asimila a la Tupac Amaru y debe ser perseguido ya que sus exigencias son exclusivamente políticas. De ese modo Morales intenta naturalizar la persecución política a quienes, a su exclusivo modo de ver, buscan disputar(le) el poder.
Una vez más, expresó su furia contra el Fiscal de Estado Alejandro Ficoseco cuestionado por su acciones u omisiones en la gestión anterior y lo apretó en público pidiéndole la renuncia.
Los temas que tratamos de explicar exponen cuál es el ABC del gobernador para amasar poder político, utilizando herramientas que en un estado de derecho no están permitidas.
Se escuchó a un Morales reaccionar iracundo (actitud que parece más bien una pose que le sirve para eludir cuestionamientos) por temas graves que afectan a los jujeños como la Emergencia Alimentaria y a nuestra institucionalidad, como los Juicios Políticos reduciendo todo lo que ocurre al advenimiento de un nuevo sector como el que dirigía Milagro Sala. Un principio de explicación que no sólo es falaz a estas alturas de los acontecimientos sino que busca encubrir una tiránica voluntad de avance contra la democracia en la provincia.
No dudó en expresar su cólera ante el obispo a quien, dijo, “rindió cuentas”, cuando en realidad debería rendirlas ante la Legislatura Provincial y los diputados en su calidad de representantes del pueblo.
Tuvo el descaro, en una actitud digna de patrón de estancia de acudir a la cita con el prelado acompañado por sus candidatos a diputados nacionales, los ministros de Desarrollo Humano y de Infraestructura, dos áreas cuya gestión dejan mucho que desear. Es decir, armó un acto político electoral en la sede jujeña del obispado.
Morales arrinconó con sus argumentos al Obispo, cuando el Episcopado manifestó públicamente su preocupación ante los índices de la pobreza, la falta real de alimentos en los comedores. En ese marco, el obispo se reunió con organizaciones y movimientos sociales quienes le expresaron la crisis económica y que cada día es más difícil entregar un plato de comida a niños, familias que se suman para tener una comida diaria.
No dudó el gobernador en escudarse tras la expresión “la emergencia alimentaria en Jujuy no existe, no voy a permitir la politización de la política” … insostenible como argumento. La política atraviesa todo y sí, gobernador, la emergencia alimentaria es una cuestión política, disculpe si los opositores se lo recuerdan, se llama democracia ese juego, por si lo olvidó.
Pero aún más grave fue el argumento del gobernador al referirse a los juicios políticos. En un exceso de confianza, implícitamente se declaró “cómplice” de la situación y pidió que lo llamen de testigo.
La novela de los juicios políticos continuará esta semana, las denunciantes tienen que ratificar sus escritos que obviamente fueron redactados por un abogado que no puso su firma. Denuncias que apuntan nada menos que contra el Fiscal General Alejandro Ficoseco y contra la Presidenta del Tribunal de Cuentas y dos vocales de ese órgano de control.
Estos juicios políticos se nacionalizaron ya que de inmediato se pronunciaron en contra los fiscales de todo el país y en el mismo tenor los funcionarios de los Tribunales de Cuenta de la nación,,coincidiendo en señalar que hay una expresa persecución política contra integrantes de otros poderes del estado.
En este sentido la abogada Claudia González presidenta de la Asociación de Abogados de Jujuy expresó: “estos juicios políticos no tienen por qué estar imbuidos en lo peor de la política partidaria, su función no es sacar a las personas que piensan distinto.”
“Es para las personas que cometen faltas graves. Los acusados son personas y pueden cometer errores. En cambio acá están utilizados como una maniobra espuria. Nadie cree que dos personas están interesadas en la gestión pública denunciando situaciones de hace 5 años atrás.”
“El gobernador parece olvidarse que tiene una carrera política ininterrumpida tras la vuelta de la democracia. Hoy se ofrece de testigo señalando que él sabía de un incumplimiento grave por parte del Fiscal General. En sede penal hablaríamos de un “partícipe del delito” al que le correspondería la misma pena que al autor del delito. Para mí sería un participe primario en conceptos penales."
Es decir después de sus declaraciones el gobernador blanquea que él está detrás de los pedidos de juicios políticos, la incógnita es porqué él como funcionario público hace 5 años no denunció el hecho.
“No siento más que vergüenza ante esta maniobra espuria en la Legislatura, no tiene otro sentido que extorsionar y apretar buscando renuncias. Ojalá, que los funcionarios acusados no renuncien que resistan.”
“Su honra, su honor está en boca de todos por supuestas acusaciones” afirmó la abogada. Hoy las denunciantes tenían que ratificar los escritos en la comisión investigadora que lleva adelante los juicios políticos, pero gracias a una nueva artimaña del oficialismo, las ratificaron el pasado viernes, de modo que los integrantes de la oposición en esa comisión no pudieron preguntarles nada. Claro ellas no son las verdaderas autoras de las denuncias y no tienen el conocimiento vertido en esos escritos, confeccionados si por un conocedor del derecho y copiado uno de ellos de la anterior presentación contra el Fiscal General Ficoseco.
Pasando en limpio el gobernador, en el fondo no quiere juzgar una conducta que él entiende reñida con la ley y que se articulen los mecanismo legales y constitucionales. Por eso el propio Gerardo Morales realizó un vergonzoso apriete público cuando dijo que “los funcionarios deberían renunciar”, y puso en claro el verdadero fin de las denuncias y los pedidos de Juicio Político
“Así no se respeta el derecho de defensa, el procedimiento adecuado que es un derecho constitucional. Desde la Asociación de Abogados ya nos pronunciamos, ahora es una alerta. Es increíble que se haya nacionalizado un conflicto provincial”, expresó González.
Estas acusaciones se deberían resolver por los carriles normales. Al igual que las denuncias contra el fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello deberían seguir su cauce ante el Superior Tribunal de Justicia juzgando las conductas inapropiadas y sancionándolas si corresponde.
La denuncia contra el Fiscal Lello sobre violencia de género y moobing laboral a funcionarios de su ministerio se tramita ante el Superior Tribunal donde el fiscal acusador (ahora acusado) es Ficoseco, quien en su dictamen ya solicitó que se investigue a Lello.
Se entiende entonces porqué apareció mágicamente, presentado por una desconocida en la Legislatura el pedido de juicio político al Fiscal del Tribunal Superior.
“Acá no se está haciendo un jury o un juicio político a cualquier persona, acá se está haciendo una avanzada judicial contra gente que no es del partido del gobernador, que no fue designado por el gobernador, por eso claramente los ataca”, sostuvo la abogada enfatizando la situación de alerta en que pone a los abogados de la provincia.
La grosera maniobra política del mandatario jujeño está a la vista, le pide a sus opositores con nombre y apellido que renuncien a meses de realizarse las elecciones generales y a meses de asumir su segunda gestión.
Esta es la situación de Jujuy, donde los ciudadanos no saben el real grado de endeudamiento de la provincia con una crisis económica que devora la economía de los ciudadanos de a pie día a día. Y el circo que montó Morales en la legislatura a pocos parece importarle a pesar de la gravedad institucional que conlleva. Ante estas situaciones gravísimas no se escuchó ninguna posición del Colegio de Abogados ni tampoco del Colegio de Magistrados de la provincia.
Ambos colegios no se expidieron tampoco sobre la falta de trámite de las denuncias contra el fiscal Lello, ni sobre los pedido de juicio político, y el apriete del gobernador pidiendo “que los funcionarios renuncien”.
Montesquieu decía “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”. Y esos frenos ante el abuso son los que Morales no está dispuesto a respetar.
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