Tras conmemorarse otro 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, la agrupación Verde y Blanca de ATE, nucleada en la CTA Autónoma, lanzaron un duro comunicado donde señalaron la actitud servil de funcionarias del gobierno de Morales, ante las denuncias existentes contra pares varones, entre ellos, Pablo Baca y Sergio Lello Sánchez, entre otros.
Según explicaron desde esa agrupación sindical, "son serviles al gobierno, y que por acción u omisión", permiten acciones de violencia.
Asimismo, en el documento, publicado ayer, indica “con la consiga las mujeres movemos el mundo, continuamos levantando nuestras banderas reivindicatorias” y manifestaron “este año con denuncias de abuso y violación de Pablo Baca, presidente del Superior Tribunal de Justicia; Jorge Cabana Fusz (Ministerio de Trabajo); Sergio Lello Sánchez, Fiscal General de la provincia; Néstor Navarro, Ministerio de Seguridad; como exponentes de una violencia real, de la que el Estado lo genera y no se hace cargo”.
Asimismo, señalaron que no son los únicos casos de abuso en el orden de la administración pública. “Estos denunciados, no son los únicos, hay muchos funcionarios y funcionarias, que utilizan como herramienta cotidiana de disciplinamiento la violencia laboral, en todas sus formas. Sabemos, que muchxs trabajadores aún no pueden denunciar, por miedo, amenazas e intimidación, pero deben saber que no están solxs”.
“Nuestrxs derechos laborales NO SE CUMPLEN, porque continuamos precarizadas, excluidas, acosadas, maltratadas, perseguidas y encima empobrecidas”, destaca.
Respecto a esta situación, exigen:
Basta de violencia laboral: acción judicial y desvinculación de funcionarios violentos, abusadores. Protección y contención de las víctimas. Legislación sobre el tema e implementación de la Ley Micaela para los poderes del Estado y las fuerzas policiales
Basta de precarización laboral: igual remuneración por igual tarea, basta de despidos y reincorporación de todos/as los/las trabajadores y trabajadoras; apertura de paritarias libres y sin techo, aumento salarial acorde a la canasta familiar e inflación y cupo laboral para personas trans y con discapacidad.
Libertad a Milagro Sala y las presas políticas
No a la criminalización de la protesta social: derogación del código contravencional que reprime el uso del espacio público y el derecho a la protesta, repudio al juicio contravencional a militantes y dirigentes sociales, gremiales y políticos por el 4 de abril de 2018, y también exigen que se culmine con la persecución a trabajadores autogestivos/as, feriantes y ambulantes.
Por último, también piden la derogación del protocolo de actuación en casos de violencia de género en el ámbito de la Administración Pública de la provincia de Jujuy, por su carácter antidemocrático e inconsulto, que garantiza la impunidad de los acosadores.
Además, agregaron el pedido por la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir, y señalaron que el Estado es responsable.
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