La Asociación de Abogados exige la renuncia de Pablo Baca

Se suma un nuevo pedido de apartamiento de Pablo Baca al STJ, por los escandalosos dichos donde reconoce que el gobernador Gerardo Morales maneja a su antojo la justicia en la provincia, y esta vez, es la propia Asociación de Abogados de Jujuy (AJJ) quienes exigen la renuncia del funcionario judicial.

En un comunicado, los profesionales manifestaron que la provincia “atraviesa sin dudas el momento más crítico respecto de su situación institucional” ya que “contar con un Poder Judicial independiente es condición indispensable para la existencia de un Estado de derecho, ello además, porque su función es la proteger los derechos humanos y fortalecer la democracia”.

Según detalla el documento, la AJJ “desde hace tiempo, viene manifestando alarma y preocupación ante lo que consideramos una inaceptable intromisión del Ejecutivo en la esfera propia de actuación de los otros poderes como así también denunciando la falta garantías para los y las justiciables jujeños. La violación de la independencia del Poder Judicial, resguardada por el art 145° de nuestra Constitución Provincial, se ha visto reiterado en distintas oportunidades bajo el eufemismo de la llamada Reforma Judicial”.

Sobre estos hechos de intromisión, asociación enumera:

1. Ampliación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, convenida en una sesión exprés de la nueva Legislatura, mecanismo por el cual el oficialismo obtuvo mayoría absoluta en toma de decisiones trascendentales; evidenciando su fin último, con la manifiesta pertenencia política partidaria de los nuevos miembros
2. Creación inconstitucional del Ministerio Publico de la Acusación con facultades ilimitadas
3. Reformas injustificadas de los códigos Procesal Civil, Laboral y Penal, con cuestionadas participaciones y hasta ausencia de representación en la conformación de las comisiones de reforma
4. Falta de transparencia y arbitrariedad en los concursos públicos de antecedentes y oposición a cargos de magistrados/as y funcionarios/as denunciada por colegas como la nula fundamentación por parte del titular del Poder Ejecutivo de las razones de la selección del postulante elegido, cuando se aparta del orden de mérito de la terna, elevada por el Superior Tribunal de Justicia
5. Procesos de Juicios políticos abiertos en la Legislatura, absolutamente irregulares, injustificados, irrisorios y hasta groseros, que solo develaron una evidente voluntad de disciplinar tanto al Poder Judicial como a los organismos de contralor de la Administración creados por la Constitución. Tal avasallamiento de las instituciones republicanas como del Estado de Derecho, provocó la denuncia de gravedad institucional de la provincia efectuada por el Consejo de Procuradores Generales, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina
6. Violación de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo por parte del Ministerio Público de la Acusación, con acciones intimidatorias y persecución hacia periodistas locales con el consiguiente sometimiento del derecho a la información que tiene la ciudadanía
7. Declaraciones escandalosas de la Dra. Clara Langhe de Falcone, prejuzgando respecto de personas sometidas a proceso, así como causas cuestionadas y a su conocimiento, que forzaron su renuncia a la presidencia del más alto tribunal local. Lo que se suma al pedido de juicio político abierto en su contra, (sosteniéndose en una grave denuncia penal jamás investigada por el Ministerio Publico de la Acusación) ingresado en2016 en la Legislatura y cuya tramitación nunca avanzó
8. Denuncias públicas de Organismos internacionales especializados como la del Grupo sobre la Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que, ya en octubre de 2016, afirmaba que en Jujuy había ya un contexto de vulneración de la independencia judicial y que se violentaban las garantías del debido proceso
9. Graves acusaciones que pesan sobre el todopoderoso Fiscal General del MPA, Sergio Lello Sánchez (declarado inepto éticamente por el mismo Consejo de Procuradores Generales, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina del cual formaba parte) denunciado ante el Superior Tribunal por violencia de género, abuso de poder y mobbing laboral como así también ante la Oficina Anticorrupción por disponer de bienes automotores secuestrados en causas penales, sin facultades para ello, y en favor de funcionarios, en contra una ley provincial y una acordada del Superior Tribunal. Todas denuncias con expedientes paralizados injustificadamente.

Tras los dichos sobre la situación procesal de Milagro Sala, la AJJ señala que la actuación de Pablo Baca frente al STJ, quien fuera “diputado oficialista” y “reconocido militante radical” reflejan “nuestros peores temores sobre la ausencia del estado de derecho se han hecho realidad”.

“No podemos ignorar que el reconocimiento expreso de conductas antiéticas, impropias e ilícitas no dan lugar a otra interpretación: la consumación de un maridaje entre el poder político y el poder judicial”, donde como “abogados y abogadas que trabajamos como sus auxiliares” han quedado dentro de esta situación, junto a “los y las justiciables, que claman por un Estado de Derecho y por una administración de justicia imparcial, no discriminatoria, transparente y eficaz”.

Por ello, y ante la falta de respuestas del Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados, desde la AJJ exigen la renuncia de Pablo Baca para “recuperar la institucionalidad”.

“Estamos obligados a pedir la renuncia del Dr. Pablo Baca a su cargo, en estos momentos donde la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial jujeño está puesto en duda y donde vemos improbable la realización del valor justicia. Además, denunciamos el estado de gravedad institucional que se vive en la provincia, y por lo tanto, lamentamos que estén dadas las condiciones objetivas para hablar de una intervención federal”.