La CIDH tratará la demanda de comunidades de Salinas Grandes por el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT

El 2010 fue un año bisagra para las 33 comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc: el descubrimiento de yacimientos de litio en la zona hizo que multinacionales como Orocobre y Dajin Resources Corp aterrizaran en el territorio que habitaban allí ancestralmente para explotar el metal blando. Amenazando su forma de vida, las comunidades acudieron a la justicia, llegando hasta instancias internacionales por el incumplimiento de la consulta previa, libre e informada y que la CIDH finalmente dará tratamiento.

La decisión por parte de la Corte Interamericana de DDHH llega luego de 10 años de lucha, ya que la petición al organismo fue presentada en 2013. “Este mecanismo que iniciamos en el año 2013 demora mucho tiempo (el hecho que recién la declaren admisible 10 años de después de presentada es el mejor ejemplo), pero sirven como una estrategia más para fortalecer la lucha que se da, tanto en los tribunales nacionales, como fuera de ellos”, indicó Alicia Chalabe, una de las abogadas de la demanda, que también fue acompañada por la FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales).

En ese sentido, la letrada adelantó “estamos trabajando en el escrito para presentar en la CIDH con la actualización de información (licitación de áreas de Salinas Grandes, entre otras)”.

La admisión del tratamiento del recurso llega en un momento de especial conflictividad con las comunidades, tras la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial que amenaza con la entrega de tierras comunitarias a las empresas extractivistas.

Sin embargo, el camino de la lucha tuvo sus idas y vueltas. En noviembre de 2010, las 33 comunidades que viven en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (que comprende tanto Salta como Jujuy), presentaban el amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por incumplimiento al derecho de consulta previa libre e informada, tal como establece el Convenio 169 de la OIT y al cual la Argentina adhiere. El recurso también planteaba que dicha consulta efectivamente se concrete.

En 2011, las comunidades elevaron una denuncia ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, James Anaya, quien luego visitó las comunidades aledañas al salar. Los abogados especializados jugaron un rol central al elaborar una estrategia conjunta para la defensa del derecho indígena.

En 2012, se realizó la audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia nacional por la explotación de litio y borato en Salinas Grandes, a la cual acudieron más de 60 representantes de las comunidades para dar su testimonio. Pese a esta participación, el alto tribunal se declaró incompetente para abordar el caso y envió la causa a los tribunales provinciales. Ante dicho revés, se decidió elevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2013.

En paralelo a las demandas judiciales, las empresas intentaron comprar la voluntad de varias comunidades para que cedieran derechos sobre el territorio. A raíz de esto, durante todo el 2014 y parte de 2015, los 33 pueblos preexistentes confeccionaron un protocolo para el procedimiento de consulta y consentimiento previo para las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, el Kachi Yupi. El mismo establece que ninguna comunidad aborigen puede negociar de forma individual, sino que todo se decide en asamblea. De no cumplirse este protocolo de consulta, los acuerdos serán considerados nulos.

En campaña por la gobernación, en 2015 Gerardo Morales prometía a las comunidades indígenas que iba a institucionalizar el Kachi Yupi, promesa que no sólo no cumplió, sino que además violó el protocolo, dividió a las comunidades para erigir la empresa Sales de Jujuy y, con la reforma (in)constitucional pretende despojar de las tierras a los pueblos originarios.