A dos semanas del desalojo de la comunidad aborigen de Guerrero, las cinco familias se encuentran desamparadas, a la fecha no recibieron asistencia por partes de organismos del Estado nacional ni provincial. Fueron desterrados y denunciados por “usurpación” por Guillermo Jenefes, la orden judicial de la jueza Valdecantos Bernal que se concretó con un violento operativo policial, sus pertenencias dañadas, robadas y aún no pueden recuperar sus animales.
En la finca del Obispo donde vivieron siempre los Bustamante- Cruz no pudieron ingresar más, ni recuperar la totalidad de los animales. Durante varios días en el ingreso hubo móviles policiales. También vale decir que durante 3 o 4 días, luego del desalojo los Jenefes no ingresaron a la finca.
En tanto, abogados de la comunidad realizaron presentaciones y la justicia no dio lugar a ninguna medida, situación que deja a la vista el poder de Guillermo Jenefes sobre la justicia y la connivencia con el gobierno provincial.
La semana pasada la comunidad aborigen de Guerrero se trasladó al Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) espacio que preside Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. Allí visibilizaron la grave situación que atraviesan tras el despojo que sufrieron y hoy se encuentran en situación de calle.
La Dra. Mariana Katz asesora del SERPAJ, comentó que “sabíamos de la violencia y la injusticia que habían padecido, sacamos un comunicado de repudio, para manifestar la solidaridad. La comunidad indígena de Guerrero vino a Buenos Aires, realizaron una conferencia de prensa para que se conozca el avasallamiento a la comunidad indígena”.
En tanto, Lorena de Cruz, una de las afectadas relata que a dos semanas del desalojo aun no pueden retirar los animales que fueron llevados al Cuerpo de Caballería de la Policía de la provincia. “SENASA pone trabas, quiere que hagamos un informe que debieron haber hecho ellos antes de sacar los animales de la finca. Eso nos saldría 25 mil pesos por animal, es una locura, encima que nos dejaron en la calle pretenden que paguemos ese dinero para retirar los animales. Estamos sufriendo y estamos hablando con abogados en esto que será un juicio largo”.
El 1 y 2 de noviembre se celebra el día de Todos Santos y fieles difuntos, sincretismo de lo religioso y andino, la conformación de la identidad de los pueblos honrando y ofrendando a las personas que ya no están. La Comunidad aborigen de Guerrero realizaba la celebración en el cementerio comunitario donde fue enterrado Cipriano Bustamante, lugar que también Jenefes habría dado la orden que se demoliera y se exhuman los restos. Fue una de las situaciones más dolorosas para la familia. “Este año vamos a ir dejar ofrendas” comentó Lorena.
La presidenta de la Comunidad, Máxima Bustamante trató de gestionar ayuda, pero las puertas de las instituciones de la provincia todas se cerraron.
En la finca del Obispo, quedan vecinos que fueron amenazados de quedar sin trabajo y correr la misma suerte que los desalojados.
Ante la falta de entrega de animales, a la señora Cruz le comentaron que “las ovejas se repartieron policías y los corderos se los comieron”, son relatos que van reconstruyendo después del desalojo del martes 15 de octubre.
El desalojo de la comunidad aborigen de Guerrero se suma la lista de acciones judiciales por “usurpación” en contra de pueblos indígenas en Jujuy y en el país. Se enmarca en la política negacionista de la identidad indígena que promueve la gestión de LLA.
Juan Jenefes Quevedo inició las acciones judiciales en 2017, año en el que el derogado Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) aprobó la cartografía del relevamiento territorial indígena que realizó el INAI a favor de esa comunidad.
El documento oficial confirma la superposición entre el territorio indígena y diversos catastros atribuidos a la poderosa familia de la élite jujeña. El plano cartográfico data de octubre de 2017 y el INAI lo formalizó por medio de la resolución 62 el 5 de marzo de 2018 (según consta en el Boletín Oficial de la Nación).
Cabe mencionar que el exgobernador Gerardo Morales, por medio del decreto 2696, anuló en febrero de 2021 la personería jurídica de la comunidad kolla de Guerrero y dejó sin efecto el relevamiento territorial indígena. En consonancia con la gestión libertaria, la querella de Jenefes Quevedo, por medio de su abogada Leonor Palomares se refiere a la comunidad como que “no son aborígenes, son usurpadores”.
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