Por tercera vez se cayó la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Palpalá por falta de quorum, siendo la tasa GIRSU el tema que mantiene divido al parlamento de la ciudad siderúrgica.
Desde temprano un vallado policial en las puertas del Concejo impidió el ingreso de la ciudadanía al recinto, hecho que ocurrió semanas atrás cuando por primera vez se quiso aprobar el impuestazo a la recolección de residuos. Sin embargo, la conformación de la Coordinadora contra el GIRSU, que nuclea a organizaciones sociales y centros vecinales obtuvo el apoyo de 4 ediles que permitieron que se cayera su tratamiento.
La sesión -en minoría- tuvo sus momentos de algidez cuando la presidenta Roxana García (de extracción radical) quiso imponer el quorum a la fuerza al encontrarse la concejala Betina Romero (del FIT) en el recinto, aun cuando la edil ya había manifestado que no lo iba a hacer. Así, la presidenta le señaló a la edil que si solo iba a filmar que se retirara del recinto. Antes de irse, Romero reclamó que la tasa GIRSU sea tratada en comisiones y que se cumpla con una consulta popular para definir la aplicación del impuesto. Asimismo, también se deslizó la aplicación de sanciones a concejales que se mantuvieran en su postura de no sesionar.
La distribución de las bancas en el Concejo palpaleño resultan determinantes para que la tasa GIRSU no avance: de las 8 bancas, tres son ocupadas por el FIT Unidad (Betina Romero, Julio Mamani y Elías Ortega) y una por Juan Flores de Frente Palpaleño, conformando un bloque opositor al tratamiento del impuesto. En tanto, 2 ediles del PJ y 2 del radicalismo sí pretendieron tratar el tema.
El rechazo de la comunidad no sólo se debe al costo elevado del servicio, sino que además cuestionan los negocios que hay detrás del GIRSU advirtiendo que se privatizará el servicio, como así también que ello no conlleva que se cumpla con el mismo ni se realice el tratamiento de la basura.
Fue el bloque de izquierda en la Legislatura que puso el foco en esto, cuando se trató en el recinto, diputados indicaron que el cambio de la ley eliminaba uno de los artículos donde establecía un plazo a la provincia para erradicar los basurales a cielo abierto, por lo que consideraron que las modificaciones solamente tenía un objetivo recaudatorio con la implementación de la tasa.