El dolor en La Esperanza no tiene consuelo. La angustia de un pueblo entero es inconsolable. Pasaron tres días del infierno que se desató en la destilería del Ingenio, recién hoy se recuperan los cuerpos desaparecidos, y tampoco pudieron identificar los que se habían hallado. Hay familias truncadas que lloran a los obreros que dejaron su vida en el histórico ingenio, víctimas de distintas administraciones estatales indolentes y ahora de nuevos dueños negligentes.
La esperanza depositada para que el ingenio siga vivo y produciendo fue una vez más defraudada, ahora con el trágico costo de vidas humanas. Luego de años de desinversión la antigua planta azucarera seguía trabajando remendada, atada con alambre, en condiciones inseguras y precarias que muchos naturalizaron, ante la necesidad de mantener una fuente laboral. Los obreros lo sabían y lo denunciaron, el estado provincial y nacional junto a los actuales dueños hicieron oídos sordos.
El voraz incendio se llevó ocho trabajadores, y varios heridos, el peor saldo de esta tragedia anunciada.
Es la justicia la que debe dar una respuesta a los familiares y a la sociedad de este accidente previsible, que azotó a toda la comunidad. Todo el escenario de esta desgracia es cuestionable.
Ahora es tiempo de despedir a los trabajadores fallecidos. Su memoria interpela y reclama justicia a la sociedad toda pero particularmente a los responsables máximos de controlar la seguridad en el ámbito laboral: el estado y los propietarios.
Como una compensación, ayer el gobierno de la provincia dio a conocer el decreto 11211/19, donde detalla medidas de asistencia para los familiares de las víctimas fatales. Se trata de una serie de beneficios, principalmente una pensión vitalicia a quienes eran cónyuges y convivientes de los trabajadores perecidos en el siniestro del miércoles 20. A esta pensión se le deducirá el monto del haber de pensión por fallecimiento que otorga la Anses al cónyugue o conviviente.
El estado otorgará becas de estudios para los hijos e hijas de los trabajadores fallecidos desde el nivel inicial hasta finalizar los estudios primarios, secundarios, terciarios y/o universitarios. También se dispone que el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy adjudicará una vivienda FO.NA.VI. para las cónyuges o convivientes que no tuvieran vivienda propia.
El decreto expresa además una serie de instrucciones para los ministerios intervinientes de manera que efectivicen los beneficios.
Las medidas tomadas por el Gobierno de Gerardo Morales para las familias de las víctimas son necesarias y oportunas. Pero también es necesario que la justicia revise la responsabilidad de los organismos de control estatales provinciales y nacionales involucrados en la supervisión de las condiciones laborales existentes en la planta, como así también la que le cabe a la empresa propietaria el grupo Budeguer, habida cuenta las denuncias que realizaron los obreros por fallas existentes.
La necesidad de los trabajadores por mantener su fuente laboral es entendible, pero el estado no puede abandonar con ese pretexto su responsabilidad de control sobre las empresas privadas verificando las medidas de seguridad en que se realiza esa labor.
La venta de La Esperanza se hizo con apuro y descuido, priorizando desde el estado la urgencia por desprenderse de una empresa que generaba pérdidas antes que la necesidad de contar con una gestión empresarial competente y segura para la fuente laboral de todo un pueblo.
Hay una falta de controles en toda la cadena de ese proceso llevó a este trágico desenlace.
La ausencia de accountability/rendición de cuentas democrática: un gobierno provincial que actúa de manera prepotente, porque cuenta con mayoría hegemónica y no permite que la oposición revise, controle y haga aportes a sus actos públicos. Se sumó a la ausencia del rol supervisor del estado: el mismo que no controló y revisó las condiciones de seguridad en que una empresa, ahora privada, desempeñaba su labor diaria con cientos de trabajadores de por medio.
El poder judicial como estamento republicano independiente también tiene la función de ejercer auditoría y control una vez que se radican denuncias con pruebas que activan investigaciones para probar infracciones a la ley y encontrar responsables. ¨Pero si este poder está cooptado desde el ejecutivo su rol se vuelve cuestionable, parcial o inexistente.
La prepotencia en la concreción de todo emprendimiento del gobierno, la falta de diálogo para buscar consensos y mejores soluciones a los problemas de la provincia, en fin, la soberbia llevaron a esta tragedia. Quizás sea hora para el gobierno de Gerardo Morales de empezar a revisar una forma de gestión que hace oídos sordos a todo aporte o crítica y prestar atención a las necesidades del pueblo jujeño, si el gobernador quiere realmente “cuidar a Jujuy” y a los ciudadanos reales, esta es su oportunidad de demostrarlo.
La posibilidad de recuperar la esperanza en esta provincia depende de ese cambio.
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