La invención del Leviatán jujeño o como gobernar sin plata

Es difícil prever como será nuestro mundo después de la pandemia del COVID 19, lo que es seguro es que el virus que tomó por sorpresa a la gran mayoría de la humanidad, producirá cambios de magnitud impredecible en nuestra forma de vida, en la manera en que las personas se relacionan entre sí y en el modo en que el estado interviene en la sociedad.

A esta altura ese diagnóstico es un lugar común pero no podemos dejar de pensar en que gran parte de esas modificaciones para adaptarnos a la emergencia epidemiológica están mediadas por la acción del estado y en tanto integrantes de la comunidad organizada políticamente con esa forma, los ciudadanos no somos simples objetos destinatarios de sus decisiones.

En nuestra sociedad democrática –al menos en principio- como ciudadanos libres podemos y tenemos el derecho a debatir de manera informada, expresar nuestra opinión públicamente y sobre todo influir por medio de nuestros representantes (políticos y organizaciones intermedias) en las decisiones estatales que promueven o afectan nuestra salud, economía y estilo de vida.

Como lo intuyeron los filósofos contractualistas, la existencia misma de un estado en tanto organización social general requiere de cierta limitación de la libertad individual en favor del bienestar general.

Ya sea de mutuo acuerdo, o por el temor del “hombre lobo del hombre” de acuerdo al autor, los hombres habrían subscrito un pacto originarios en casa implícito, un contrato social renunciando a su albedrío completo, otorgándole el poder a un soberano absoluto, un Leviatán según Hobbes. Mientras que para Rousseau aunque delegamos  derechos para constituir un estado y acordamos acatar la voluntad general, la soberanía sigue siendo del pueblo ya que cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo porque contribuye a crear la autoridad y a formar parte de ella.

Si para Hobbes, el gobierno que resulta del contrato social es absolutamente soberano, para Rousseau, es al revés: el pueblo es absolutamente soberano como Estado. 

Las citas de la teoría política vienen al caso porque las disposiciones que los gobiernos están emitiendo “por el bien común” de los ciudadanos, empiezan a cuestionar los límites que dábamos por establecidos entre nuestra libertad y el bien común, los lindes entre nuestros derechos y garantías individuales y el “bienestar general” comienzan a verse difusos.

Con el propósito de evitar la difusión del COVID 19, y ante la ausencia de una vacuna para la enfermedad que produce, los ciudadanos aceptamos una restricción temporaria de algunos derechos, por ejemplo el de circular libremente. Esta restricción es un medio para alcanzar un fin: evitar la propagación de una enfermedad. Podríamos pensar en que hemos consensuado implementar unas cláusulas temporarias en nuestro contrato social.

Sin embargo algunos gobernantes (también ciudadanos, víctimas del temor o simplemente porque se sienten más seguros) comienzan a confundir los términos de estas cláusulas y parecieran sentirse a gusto con un poder aumentado para limitar libertades individuales y ordenar la acción de los ciudadanos, empiezan a mirarlas como disposiciones permanentes. Implementan y promocionan esas medidas como fines de la acción política en sí mismos y no como medios cedidos para evitar la propagación de una enfermedad. O en todo caso como medios para tener control sobre una sociedad con muchas necesidades insatisfechas como lo es la provincia de Jujuy.

El juego del poder expandido, el control de la sociedad y sus posibles disensos, la gestión política entendida como la implementación de prohibiciones, sanciones y permisos (la otra cara benévola de la misma moneda: el poder) es en el que Gerardo Morales, Hobbesiano al fin, se siente como pez en el agua.

King in the north

A lo largo del mundo, muchos liderazgos se han visto robustecidos y otros debilitados con la gestión de la pandemia del COVID 19. Con dos estilos muy diferentes, Alberto Fernández y Gerardo Morales son ejemplo de ese crecimiento. Cada uno de acuerdo a una idiosincrasia particular, afines tal vez a las preferencias de su público, el presidente se mostró sereno y buscando consensos,  el gobernador aplicando mano dura y a veces desbordado por el enfado apelando a un régimen sancionatorio.

“Si es rápido y es gratis entonces why not?” canta en El Salmon Andrés Calamaro. Parece ser un principio de la gestión de gobierno de Morales. Al fin y al cabo, ciertas medidas–parecen decir muchos actos de su administración-  como prohibiciones y sanciones al igual que las habilitaciones a las que darán lugar -cual mercedes- también cuentan como acción de gobierno, tienen bajo costo monetario, y en el contexto del temor por el coronavirus generan aprobación y rédito político.

Mientras otras que tienen repercusión directa en la calidad de vida material de los ciudadanos, verbigracia aumento de sueldos estatales, dada la incapacidad de las arcas provinciales, y el menor interés en viabilizarlas no son ni tenidas en cuenta, y la emergencia sanitaria es la excusa ideal para descartarlas

Esa forma de gobernar más reglamentarista que proactiva ya venía de antes que apareciera “el bicho” por estas tierras, la lucha contra el virus contribuyó a afianzar y ampliar ese estilo de gestión.

La emergencia sanitaria le permitió desplegar un repertorio de medidas de gobierno que si bien cumplen con la finalidad de asegurar el aislamiento obligatorio entre la población, en general son implementadas con régimen punitivo.

Ya sean multas por circular sin permiso, sin barbijo, o se trate de las duras restricciones (y a veces sumados a gastos en hotelería) que deben enfrentar los trabajadores y estudiantes jujeños que precisan regresar a la provincia, las políticas de Morales llevan el peso de un régimen que es también sancionatorio hacia su propia población.

Las reglamentaciones tendientes a castigar a la población ante cualquier incumplimiento de las medidas para cuidar….a esa misma población, definen un estilo de gobierno que lo diferencia “radicalmente” del presidente, más proclive a apelar al consenso y la responsabilidad de sus gobernados, da la sensación que Morales prefiere ser temido a ser querido y respetado, construye desde su accionar una figura de autoridad más bien negativa, en consonancia con una cultura  tradicional y patriarcal del NOA, apela al castigo antes que a la responsabilidad.

Pero sería faltar a la verdad no reconocer que la gestión de Morales ha sido efectiva en evitar el contagio y la difusión del COVID 19 en Jujuy, luego de 24 días sin la aparición de casos y sin circulación comunitaria del virus. Aunque se pueda criticar la forma en que implementa esas políticas “de contención”, ellas se han mostrado exitosas.

Consenso sin plata

Ahora bien también es una falta a la verdad y una mirada parcial no reconocer que su gestión económica al frente de la provincia es totalmente deficitaria en el más amplio sentido.

Jujuy en su conglomerado San Salvador-Palpalá, de acuerdo al último relevamiento del INDEC, tiene un 37,8 % de población bajo la línea de pobreza, casi 290 mil personas. De esa manera supera al promedio del país que registra un 35,5 % de pobres.

Esos datos corresponden al segundo semestre de 2019, y en relación al mismo período de 2018, indican un incremento anual de casi 50 mil nuevos pobres para el último año bajo la gestión nacional de Juntos por el Cambio que Gerardo Morales y el radicalismo integraron.

El desempleo ronda en el mismo conglomerado el 7 % de la población y la subocupación alcanza al 35,4 de esa población jujeña, según informa el organismo nacional.

Además de acuerdo a los últimos datos la inflación en Jujuy fue del 2%, igual a la media nacional pero superior al promedio de la región NOA donde se registró un 1,8%.

Esos indicadores muestran la dura situación que atraviesan muchos jujeños, agravada bajo la administración Macri-Morales. Además dado el alto grado de informalidad en el empleo, evidencian la gran necesidad que muchos ciudadanos tienen de realizar changas y otras actividades de cuentapropismo, trabajos que requieren circular y salir a las calles. La cuarentena representa entonces para ellos un duro golpe a su subsistencia y pone en jaque sus posibilidades de una pronta recuperación económica.

Pero la epidemia que ya viene aquejando al gobierno de Morales y el punto más bajo  de su gestión es el endeudamiento crónico con que maneja las arcas provinciales: a enero de este año sería nada menos que 45 mil millones de pesos y más de 1,700 millones de dólares. A un cambio oficial de 65 $ la deuda de Jujuy total estaría superando los 150.000 millones de pesos.

Eso sin contar los 6000 millones de pesos adicionales que la provincia tomará con  la aprobación que le dio la legislatura la pasada semana, merced al apoyo del oficialismo y los justicialistas Rivarola, Posadas, Belizán, Gerry, Cabana y Fellner. Capítulo aparte merecerían las actitudes del viejo peronismo jujeño más parecido al PRI mexicano como partido institucionalizado de un conservadurismo provinciano muy lejano a la dinámica de renovación y progresismo que el justicialismo ha mostrado a nivel nacional.

“Estamos en la parrilla” había manifestado Morales en otra de sus intervenciones en el COE dando una explicación liviana a la pésima situación económica de Jujuy, y mandó al Ministro Sadir a explicar el déficit que la crisis del coronavirus habría inducido en las finanzas provinciales. Pero lo que no explicaron mandatario ni funcionario es que el déficit de Jujuy, ya estaba previsto por 5000 millones en el proyecto de presupuesto enviado a la Legislatura para este año y que la pandemia no hizo más que agravarlo.

"Algunos me piden un aumento del 60%, en que planeta viven?" exageró ayer Morales en el COE para , hipérbole mediante, descartar cualquier tipo de mejora salarial enviando a los trabajadores estatales al mundo de los delirantes. Pero es su gobierno el que es incapaz de acordar una paritaria ya desde el año pasado por falta de fondos, desde antes que nos azote el COVID 19. Un gobierno con gestión deficitaria en lo económico y en los indicadores humanos, incapaz de producir mejoras concretas en la calidad de vida de su gente pero que se las ha arreglado para alinear a la población detrás de la “lucha contra la pandemia”, no es poco el logro alcanzado, y sin plata.