En el marco de la causa de Caspalá, la jueza federal de Garantías de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk resolvió formalizar las imputaciones a los seis funcionarios de la gestión de Gerardo Morales: la ex ministra de Educación, Teresa Bovi; el ex comisionado de Caspalá, Natividad Apaza, hoy vocal municipal; a los arquitectos del Ministerio de Educación, José Raúl Torres y María Victoria Martínez Fascio; a la asesora legal del ministerio de Educación, María Cecilia Rotondo, y al ex asesor de Fiscalía de Estado, Diego Montenovi hoy secretario de la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
La caratula de la causa Torrejón, José y otros s/ infracción ley 25.743 defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad y violencia, deberes de funcionario público (art.248).
En noviembre de 2022 el gobierno anuncio la construcción de la escuela en el pueblo de Caspalá, con fondos de Nación por 43 millones y no se construyó. El conflicto se originó cuando el Estado provincial ocupó sin previo aviso la cancha ancestral para construir una escuela y, tras las protestas, el pueblo fue reprimido. Días después irrumpió con maquinaria en un predio privado, que es un sitio de valor arqueológico, para trasladar allí la cancha del pueblo.
Otra audiencia virtual que tuvo a todas las partes conectadas y presentes ante la justicia federal de Salta, subsede Jujuy (garantías), se inició a las 9 de la mañna y finalozó pasado el medio dia.
Tras la audiencia las abogadas que representan a la comunidad de Caspalá, Alejandra Cejas y Silvana Llanés manifestaron que estas imputaciones se dieron en varias etapas, ya que hubo planteos e impugnaciones. “Ya están imputados, los sindicados, se inicia la instrucción penal preparatoria que tendrá 45 días, vence en abril 2025”
Adelantaron como querella van a solicitar la ampliación de imputación y de los hechos denunciados y aportarán pruebas. “La denuncia inicial es la 835/2023 donde se acusa al ex gobernador, y de ahí todos los funcionarios públicos son meros secretarios, no podemos desconocer que el poder ejecutivo desconocía las acciones tendientes a la destrucción de la cancha”, expreso Llanés.
La resolución judicial será notificada al poder ejecutivo y judicial donde varios imputados desarrollan sus actividades laborales. “Es una caución que se resolvió para que informen al juzgado si hay modificación laboral. La jueza pidió que la patronal informe cualquier modificación para que no haya riesgo procesal”.
También remarcaron ante la preocupación sobre pedidos de imputados de retirarse del país, dijeron que "no se hizo lugar que se le próhiba salir del país, pero vamos a dejar sentado en cada etapa el correlato que han tenido nuestros representados”, explicó la abogada Cejas.
“La corrupción que se plantea es sobre los fondos para la construcción de una escuela a Nación y no se hizo. Acá se dañó se destruyó y estamos en este proceso y el hecho más relevante es la corrupción y son todos funcionarios públicos trabajan en la administración pública”, acentuó.
Audiencia virtual de formalización de imputaciones
De los seis imputados, solo pidió declarar José Torrejón en el marco de la audiencia, en tanto que el resto estuvo presente y se abstuvieron en declarar.
La querella, tanto abogadas como ciudadanos de Caspalá expresaron ante la jueza que son víctimas de persecución, hostigamientos y amedrentamiento sobre sus movimientos personales tras la causa penal que se investiga.
“Es una causa muy compleja, vamos a ampliar con pruebas acreditadas, documental sobre los hechos denunciados. Nos vamos con la satisfacción que en Caspalá, será justicia”, manifestó Llanés.
Respecto a la documentación de los fondos de Nación girados a la provincia para la escuela, la querella se sorprendió en la etapa probatoria de la investigación ante la incorporación de esas pruebas. “A partir de hoy vamos a tener acceso a esas pruebas en el expediente, que no teníamos solo lo que se dilucida en las audiencias orales. Así es que vamos a cotejar y agregaremos pruebas, ampliaremos varias cosas. Hay sujetos que no están incorporados en el proceso y lo haremos más adelante”, advirtió Cejas.
Ahora en la etapa probatoria la querella y la defensa, plantearán una estrategia, unos para desvincular a sus clientes y otros para ratificar las denuncias de hace dos años.
Pablo Moyoja, presente en la audiencia, a quien le arrasaron su propiedad, cuando se encontraba internado por cuestiones coronarias, le expropiaron su finca con una ley sancionada ligeramente en la Legislatura Jujeña. “Estoy conforme con la ayuda de las doctoras, y que sea beneficioso para la comunidad. Veremos qué pasa con los antigales” señalo.
Su familia, su esposa Ramona Chapor y sus hijos sufrieron mucho ante el desalojo, y aun no se recuperan, dijo “ estamos enfermos, traumatizados pero espero que pase esto y que nos sirva a nosotros como vecinos para no tener esta clase de dirigentes que destruye nuestra comunidad”.
Asi también Lidia Balcarce dijo que “empiezo a ver un poquito de justicia después de tanto tiempo, todo este lapso que hemos vivido después de la imputación seguir escuchando que todo es mentira, y eso nos molesta. Ahora vimos que están imputados, esperamos que paguen el daño psicológico, económico, físico porque hemos pasado desde el 18 de noviembre de 2022 algo horrible y al día de hoy la comunidad no se repone. Esperamos justicia que paguen los responsables
En cuanto al acuerdo de reparación integral al que había arribado el Ministerio Público Fiscal con el fiscal de Estado provincial, la querella y la comunidad comentaron que a la fecha no hubo ninguna información o intención del gobierno de restablecer todo al estado anterior a noviembre del 2022. En este sentido la abogada Llanés reitero que “en la homologación del convenio, ha quedado firme que la querella va a participar de la restauración y vamos a estar atentos a la restitución y puesta en valor de la cancha ancestral y la devolución de los derechos posesorios y titularidad de la familia Cruz Moyoja, respecto a la finca Santa Rosa donde se encuentran los antigales. El daño que se ha causado es enorme entonces como parte querellante no queremos que se revictimice al pueblo y necesitan que se los escuche”.
La querella reconoció el trabajo de la Fiscalía Federal que ha llevado una investigación detallada, documentad , respetuosa de los cuales los funcionarios no pueden desconocer. Ahora la justicia deberá evaluar todas las pruebas de la causa, y en abril se podría elevar a juicio.
Las comunidades son la identidad de los pueblos
El pueblo unido: Jallalla
En plaza Belgrano, la comunidad kolla de Caspalá, acompañada de otras comunidades indígenas con conflictos en sus territorios esperaban la resolución de la justicia.Se encontraban las comunidades de Lumara (Abra Pampa), Chocoite, Guerrero, El Cóndor, Los Nogales, Suripujio Yavi; Cación Omaguaca celebraron los vientos de justicia para las y los capaleños que fueron violentados por el gobierno provincial de la gestión de Morales.
“Se ha dado un paso histórico en la provincia, donde una comunidad ha sido diezmada, ha sido golpeada. Hoy están empezando a hacer un poco de justicia, en el marco de la audiencia de formalización de la imputación se les ha leído los delitos a cada uno de los imputados en la causa, por defraudación a la administración pública, utilización de documentos falsos, entre otros” relato la abogada Llanés.
“Es una lucha desigual, es una lucha donde estamos contra el poder del estado provincial, donde los funcionarios públicos realizan esta maniobra. Este es el momento de ejercitar nuestro derecho como victimas por el avasallamiento. La comunidad de caspalá nos muestra la lucha con pruebas y la verdad en esta provincia podemos hacer un poco de justicia”.
“Cada paso es una victoria. Es momento de abrir el camino, las comunidades originarias están de pie, dicen basta, están en alerta por sus territorios. Empezaron a escuchar a las comunidades originarias, Caspalá es un orgullo avancemos, todos reclamando, tenemos el derecho de peticionar ante nuestras autoridades, protestar lo dice la Constitución nacional. Gracias Caspalá por enseñarnos a luchar, las comunidades son nuestra identidad, nuestros ancestros , nuestra cultura. Mucha gente tiene sangre originaria en las venas y otros en la manos, jallallá", expreso la abogada a las comunidades.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
