El próximo miércoles 18, alrededor de unas 100 familias pertenecientes a la comunidad indígena Mayu Los Alisos serán despojadas de sus tierras ubicadas en el margen del río Los Alisos, en Palpalá por orden del juez penal Jorge Zurueta.
El desalojo responde al pedido de los pedidos realizados por los dueños de la inmobiliaria Sucre de esa localidad, quienes manifiestan ser dueños del terreno.
El conflicto surge en el mes de abril, cuando los representantes de la inmobiliaria, Simón Gronda y Alfredo González, se hicieron presentes en el lugar con topadoras para arrasar las construcciones del lugar. En aquella oportunidad, se rompió alambrados, árboles nativos e implantados y una pieza de bloques, territorio que la comunidad ocupa para el pastoreo comunitario de sus animales, y que una de las familias siembra históricamente zapallos, maíz, maní o cayote en época de lluvias.
Ante la situación, toda la comunidad se hizo presente y en un acto de defensa de su territorio, del cual tiene posesión y ocupación ancestral, volvió a levantar el cerco y expulsó a los representantes de la empresa Sucre.
Pese a que desde el 2015, por ordenanza municipal (N°1156) el lugar ocupado por al menos 100 familias fue declarado como “área de producción periurbana de agricultura familiar”, el juez Zurueta ordenó el desalojo de la comunidad Mayu, desconociendo las leyes en defensa de los territorios campesinos e indígenas: Ley 26.160 (de Emergencia Territorial Indígena), Ley 27.162 (de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar), Convenio 169 de la OIT (de rango constitucional), Declaración Universal de los Derechos Campesino de la ONU.
Por el inminente desalojo, la comunidad se declaró en estado de alerta y movilización.
El terreno en disputa, ubicado en los márgenes del río Los Alisos en Palpalá, posee más de 80 hectáreas y viven y producen cerca de 100 familias que se dedican a la producción de alimentos variados y agroecológicos que se venden en las ferias locales para la alimentación saludable de la población cercana.