El juez Federal de Garantías, Diego Mateucci ordenó al gobierno de la provincia de Jujuy que se abstenga de ejecutar el proyecto de construcción de la cancha de fútbol y el centro de interpretación en la localidad de Caspalá.
La medida judicial llega ante un nuevo avasallamiento en el antigal de la comunidad kolla Caspalá, donde en la mañana del martes el comisionado municipal Natividad Apaza y vocales ingresaron al sitio que tiene una medida cautelar que prohíbe ingresar al predio.
Sobre cualquier acción contra el territorio pesa una medida cautelar de no innovar que frena cualquier trabajo de destrucción, sin embargo, el gobierno de Morales, por medio del comisionado avanza con su plan de apropiarse de los terrenos para el negocio del turismo. Por otro lado, la Comunidad ya realizó la denuncia pertinente, pero nada asegura que se proteja el territorio.
Trabajadores municipales en el terreno usurpado
El avasallamiento en el pueblo histórico de Caspalá se profundizó en noviembre del 2022 donde la violencia institucional del Estado provincial se instaló reprimiendo a la comunidad, amenazas del comisionado de bandera radical a sus vecinos, denuncias a docentes, una persona desapareció por 40 días, el gobierno expropió terrenos a una familia del pueblo, el gobierno arrasó con maquinarias destruyendo fincas sin ningún estudio de impacto ambiental y el terror se instaló en el pueblo, que estuvo por meses custodiado por fuerzas de seguridad. Así fue castigada la comunidad de Caspalá después de haber sido designado el pueblo de altura como uno de los diez mejores pueblos del planeta, según la Organización Mundial del Turismo.
La abogada Silvana Llanés que representa a la comunidad de Caspalá relató “el comisionado municipal Natividad Apaza y su hermano, el juez de paz Juan Pablo Apaza, robaron los arcos de la cancha de María Liberata Paz. Hay indignación porque incumplen los deberes de funcionario público y no acatan la orden judicial federal en la que se ordena al gobierno que cese las obras. Es indignante con qué impunidad se manejan, cómo siguen destruyendo patrimonio arqueológico”, consideró ante el incumplimiento a la ordenes de la justicia.
En este sentido, dijo que el 14 de julio se denunció “desobediencia judicial en la fiscalía federal a cargo del fiscal Zurueta. Siempre hay dilaciones, con el agravante de que, a la fecha, no tenemos acceso al expediente digital como parte querellante”.
“Pedimos al fiscal Zurueta que accione, que mande a las fuerzas federales a detener esto porque está poniendo en riesgo a la población. Natividad Apaza maltrata, agrede, violenta impunemente a la población de Caspalá”, agregó la abogada.
En tanto que la orden del juez Mateucci, ordena al gobierno de Morales que frené la obra en el pueblo de Caspalá “hasta tanto los profesionales de la Dirección Provincial de Patrimonio dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia o el organismo provincial adopten las medidas para dar cumplimiento a la ley N° 25.743 de Protección del Patrimonio arqueológico y paleontológico con relación al presunto hallazgo de un sitio arqueológico prehispánico ubicado en la finca Santa Rosa en Caspalá que garantice la preservación, protección y tutela del presunto patrimonio arqueológico”.
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