La justicia jujeña les niega el sobreseimiento y la posibilidad de defenderse, por lo que apelarán a organismos nacionales

El 27 de junio se cumplirá un año de la imputación a Marisol Velázquez y Ana Julia Ramos, ex candidatas a diputadas por la provincia, por el supuesto delito de amenazas contra el gobernador a partir de unos gratifis que señalan “aparición sin vida” y la imagen de Gerardo Morales, sin avances en la causa, la justicia jujeña les niega el sobreseimiento como así también incorporar pruebas en su defensa, por lo que las acusadas apelarán a instancias nacionales.

Roberto Aragón, integrante de Radio Pueblo, medio alternativo y comunitario que pertenece a la Biblioteca Niñxs Pájarxs advirtió el martes de esta semana en conferencia de prensa “vamos a nacionalizar y llevar hasta las más altas instancias que sean posibles, para poder generar justicia y que esta medida de sobreseimiento sea dictada por el fiscal Diego Funes”.

El referente sostuvo que las imputaciones responden a una “persecución política”, situación que viven “sin escala” las organizaciones del campo popular por parte de poder Ejecutivo, pero también Judicial.

Fue una de las propias imputadas, Marisol Velázquez que detalló las incongruencias de la investigación, a la cual catalogó de “bochornosa”.

Con expediente en mano, Velázquez apuntó “se tomaron el tiempo de buscar mi Facebook” y reveló que la investigación sostiene como argumento “sería candidata a diputada provincial en seis términos, según surge de una imagen por ella a compartir”, leyó textual.

En ese sentido, la acusada además resaltó que otra de las “pruebas” se debe a que es “fan destacada” de la página AJI20, movimiento político con el cual disputó bancas en la Legislatura provincial en 2021.

El expediente, según indicó Velázquez, sólo se conforma de capturas de pantalla de su perfil personal de la red social.

“En este expediente bochornoso no hacen estudios y análisis de las redes sociales personales, sino que también se toman el tiempo investigar a todos los contactos, en el expediente podemos ver como mencionan a otras compañeras, donde sacan relación a partir de los etiquetados, de las historias”, detalló Aragón.

Asimismo, el referente de Radio Pueblo recordó el caso de infiltración y espionaje dentro del medio por parte de un policía de la provincia, por lo que consideró que la investigación judicial es parte de una “persecución política más amplia”. “Denunciamos en la Justicia Federal esta situación y hace dos meses el Ministerio de Seguridad (de Jujuy) no responde el oficio, no dar respuesta a todo lo que nosotros están estamos denunciando que acá en Jujuy hay una persecución del poder Ejecutivo y la justicia”.

“Son pruebas bochornosas, insólitas, irrisorias, por eso vamos a denunciar y vamos a llevar a todas las instancias que podamos y sobre todo tener justicia” destacó Aragón.

En contraposición, el referente de la radio alternativa y comunitaria expuso que el fiscal se negó a recibir pruebas de defensa por parte de las imputadas.

“Una de las compañeras -por Ana Julia Ramos- estuvo en su casa con covid, con parte de salud monitoreado por el propio COE de la provincia, la otra compañera -en referencia a Marisol Velázquez- estuvo con su familia, con su papá festejando el día del padre, ya se ha pedido que se haga la investigación con la sabana de localización de los celulares, de la SUBE y todavía no hay respuesta de la fiscalía y el fiscal Diego Funes sigue empecinado en buscar más pruebas y no dar el sobreseimiento”.

En ese sentido, Cecilia Cruz, de Aukasisa adelantó que viajarán a Buenos Aires para exigir el sobreseimiento de las integrantes de la biblioteca comunitaria y ex candidatas a diputadas.