Una brutal represión solo para cumplir con el capricho de Gerardo Morales, que hoy tuvo un revés en la justicia: el estado provincial deberá reparar la cancha ancestral de Caspalá y la finca expropiada a Pablo Cruz Moyoja, en un plazo de 30 días hábiles. Aunque la jueza solicitó 25 día.
En audiencia virtual fue homologado un convenio entre el Ministerio Público Fiscal Federal y Fiscalía de Estado de la provincia.
La jueza federal Carina Gegoraschuk le dio la razón a la comunidad kolla respecto a la denuncia que hicieron en contra del ex gobernador por usurpación, abuso de autoridad, violencia institucional y asociación ilícita cuando en noviembre de 2022, el gobierno quiso hacerse de la cancha del pueblo para edificar una escuela.
Desde un principio, la comunidad de Caspalá rechazó que allí se construya el edificio, señalando que se había cedido otro lugar para la construcción. Haciendo caso omiso, el Ejecutivo intentó iniciar las obras. Durante esos días, los operativos policiales invadieron el pequeño pueblo.
En paralelo, el gobierno de Morales ordenó la expropiación de la finca Pozuelos, perteneciente a la familia Cruz Moyoja para suplantar la cancha ocupada. Luego de arrasar con sembradíos, la obra tuvo que ser paralizada tras hallarse restos arqueológicos.
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