JUJUY

Flojitos de papeles

La mayoría de los funcionarios de la municipalidad tampoco presentó declaración ante la OA, habrá descuentos?

Así lo exige la Ley N°5153 de Ética Pública

Foto: sansalvadordejujuy.gob.ar. El intendente Jorge junto a la Procuradora Paula Alcoba
Foto: sansalvadordejujuy.gob.ar. El intendente Jorge junto a la Procuradora Paula Alcoba

Habiendo finalizado el plazo para presentar las declaraciones juradas (DDJJ) de los funcionarios y legisladores ante la Oficina Anticorrupción, la mayoría del gabinete del intendente Raúl “Chuli” Jorge, hizo caso omiso a lo pautado por la ley de Ética Pública.

Según establece el artículo 4 de la Ley N°5153 de Ética Pública, “todas las personas que se desempeñen en los cargos que se indican seguidamente estarán obligadas a presentar una declaración jurada patrimonial”. Esos cargos son:

a.  El Gobernador y el vicegobernador;

b.  Los Diputados provinciales;

c.  Los Magistrados y Funcionarios del Poder judicial de la Provincia;

d. Los Ministros, Secretario General de la Gobernación, Fiscal de Estado, Secretarios, procurador General de la Provincia, Subsecretarios, Directores, asesores de estos funcionarios y las demás personas que desempeñen cargos de jerarquía equivalente en el Poder Ejecutivo provincial;

e. Los Intendentes, Concejales, Comisionados y Vocales de las Comisiones Municipales;

f.  Los funcionarios con rango o jerarquía equivalente a la de los enumerados precedentemente, aun cuando se trate de funciones de carácter transitoria, temporaria u ocasional.

En cumplimento con lo establecido, los ediles capitalinos del oficialismo, al contrario de lo que ocurre en la Legislatura de la provincia, fueron lo que más cumplieron en la entrega de sus declaraciones. De siete concejales en total del radicalismo, sólo Santiago Jubert y Leandro Giubergia no presentaron la documentación.

Del PJ, el edil Matías Domínguez tampoco cumplió, aunque su par Miguel Morales, sí lo hizo. Son las únicas bancas que tiene el peronismo en la capital jujeña.

Lo mismo ocurre con el FIT, que también tiene 2 ediles, pero sólo faltó a la presentación de la DDJJ Guillermo Alemán.

Por su parte, Federico Noro, del FUyO, cumplió con lo establecido por la ley.

A pesar de ser tercer mandato que ejerce Raúl “Chuli” Jorge, y ser ratificado por otros cuatro años más como intendente, el municipio capitalino, viene muy flojo con las presentaciones de sus funcionarios.

Tal es así, que sólo el propio Chuli Jorge y la Procuradora Municipal, María Paula Alcoba, realizaron la presentación. Ninguno de los funcionarios a cargo de las secretarias municipales, cumplió con la ley de ética pública. Así ocurre con la Secretaria de Hacienda, a cargo de Agustina Apaza, quien si presentó su última DDJJ en 2016.

Lo mismo ocurre con el Secretario de Desarrollo Humano, José Luis Sánchez, que también informó su estado patrimonial hasta 2016.

Quienes están un poco más al día, puesto que la última DDJJ que presentaron es del año 2017, pero sin cumplir con su declaración de 2018 (y por lo tanto en falta) son el Secretario de Planificación, Desarrollo y Modernización, Luciano Córdoba; Gastón Millón, Secretario de Gobierno; y Guillermo Marenco, de la Secretaria de Servicios Públicos.

Todo lo contrario, ocurre con el saliente Secretario de Cultura y Turismo, José Domingo Rodríguez Bárcena, elegido como Concejal por San Salvador quien sólo cumplió con la presentación de su DDJJ en el año 2015.

En incumplimiento, quien supera a Bárcena, es Aldo Montiel, de la Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura, que desde que asumió, no rindió nunca cuentas de su patrimonio.

El titular de la Oficina Anticorrupción de Jujuy Joaquín Millón Quintana, responsable de hacer cumplir la Ley de Ética Pública, consultado sobre las sanciones que se aplicarían a los funcionarios que no se ajustan a esa norma manifestó que “estamos notificando a los incumplidores” para que cumplan sus presentaciones, y que si no lo hicieran se procederá a la “retención del sueldo”.

Pero, sostuvo que los 15 días para la presentación de los infractores corre a partir del momento en que son notificados, proceso que está en curso pero que podría demorar ya que “carecemos de los medios para notificar a todos”.

 

Fuente: Oficina Anticorrupción



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