La delegación de la comisión de derechos humanos que realizo el informe de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la Provincia, estuvo en Jujuy presentando formalmente a organismos del estado provincial, también a dirigentes, víctimas de los hechos de criminalización de la protesta social desatados en el marco del proceso de reforma de la Constitución jujeña en el 2023.
La gobernación no accedió a la audiencia solicitada por la delegación, y en la Legislatura provincial solo fueron recibidos por integrantes de la Comisión de derechos humanos , Natalia Morales y Gastón Remy (FIT) en sus despachos.
En tanto sí fueron recibidos por los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y funcioanarios del Ministerio Público de la Acusación.
La delegación estuvo integrada por Diana Lenton,antropóloga, docente e investigadora del CONICET, Leonardo Schindler, presidente Federación Argentina de Iglesias Evangélicas junto a los asesores : Leonardo Pérez Esquivel, sociólogo; Alicia Montoya, los abogados Joel Sverdlik y Mariana Katz quienes en representación de los Comisionados Adolfo Pérez Esquivel y Eduardo Barcesat. También referentas del Comité Local de Lucha contra la Tortura, en la Coordinadora contra la Violencia Institucional como Fabiola Suárez y Mara Martínez, abogadas querellantes Silvana Llanes, Alejandra Cejas entre otros abogados que han asistido a víctimas. Tuvieron tres jornadas intensas en la provincia, desarrollando una agenda institucional y recorriendo territorios.
La comisión de derechos humanos fue creada mediante el decreto 435/23 del Poder ejecutivo Nacional en el marco de la violencia institucional desatada por el Gobierno de Jujuy en el marco de la Reforma de la Constitución. Fue presentado en el Congreso de la Nación el 10 de diciembre dando cumplimiento al decreto presidencial.
El Tercer Malón de la Paz impulso el informe, realizaron denuncias penales al Gobierno de Jujuy, el gobierno actual de La Libertad Avanza mando a archivar el expediente.
El informe realizado reúne testimonios de 400 víctimas de junio, julio, agosto realizados en San Salvador de Jujuy, Perico, Palpalá, San Pedro, Libertador, Tilcara, Abra Pampa, Salinas, La Quiaca, Humahuaca, Purmamarca, Caspala, Coranzuli, Pozo Colorado, Susques y San Roque.
Expone el plan sistemático que llevó adelante el ex gobernador Gerardo Morales. Refleja la violación a los derechos humanos no solo de las comunidades indígenas, sino del pueblo jujeño ante la represión y persecución política a hombres y mujeres con la complicidad de funcionarios judiciales.
El informe recuerda el compromiso asumido por el Estado Argentino al incorporar a su ordenamiento jurídico los Tratados Internacionales de Derechos Humanos significa reconocer al Estado como principal garante de los derechos humanos.
Escucha de Cortesanos
El abogado Joel Sverdlik, relato que el recibimiento de los cortesanos jujeños fue formal “ seis jueces y el presidente Dr Ekel Meyer escucharon el panorama analizado, las denuncias, las detenciones ilegales, las camionetas sin patentes, heridos. No emitieron opinión porque dijeron que puede entorpecer la investigación. Solo dijeron que tienen dos denuncias por la ilegitimidad de la Reforma y hechos de violencia; pero no ventilaron detalle”.
Mientras que en el Ministerio Público de la Acusación, fueron recibidos por el Procurador General dr Sergio Lello Sánchez, el fiscal Walter Rondón y otros funcionarios judiciales que solicitaron que los integrantes de la delegación dejarán sus celulares fuera del encuentro.
En esa reunión Sverdlik, comentó que “les dije que me sentí incomodo no tener mi celular que no había ánimos de grabar, o fotos solo entregar el informe, al que respondieron que es política del MPA aunque Rondón tenía su celular bajo la mesa” advirtió el abogado. En tanto que “el Pocurador manifestó que la Reforma que se sancionó garantiza derechos y es la más progre del país”, no avanzo sobre las denuncias a la provincia.
Tras la agenda realizada en Jujuy, Sverdlik resumió que “teníamos una obligación moral de venir a la provincia y entregar el trabajo y que vamos a seguir acompañando. Lo que pasó en Jujuy es un laboratorio, porque está sucediendo actualemtne en el país. La búsqueda de los recursos y la venta de la Patria. La denuncia que hizo el ministerio de Justicia de Nación sobre la ilegitimidad de la Reforma, este año el ministerio de Justicia, Cuneo Libarona desestimó la investigación, y el Presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz como único cortesano dictó el desistimiento y archivo de la causa. Eso infringe la obligación que tienen los jueces de tener acuerdo de jueces”. Agregó que “tenemos pensado hacer una denuncia y con los amicus curiae e interesados que se reflote ese expediente. En cuanto al derecho internacional se pusieron los informes realizados y vamos a acompañar los hechos de violencia en Jujuy. Hemos planteado las recomendaciones y reparación a las víctimas por parte del Estado” detalló.
Recepción de denuncias en comunidades
Paralelismo con delitos de lesa humanidad
Son 95 páginas, una síntesis de los hechos de violencia y represión en el 2023, y los investigadores analizaron el registro realizado en la provincia y hacen un paralelismo con los delitos de lesa humanidad que fueron condenados después de 40 años. “Esos delitos denunciados hace 40 años han tenido justicia, por eso este informe es la base para que los organismos del estado continúen investigando y que el daño sea reparado. Los testimonios en primera persona “ expreso Alicia Montoya integrante de la comisión.
En conferencia de prensa expresaron su compromiso de seguir con el informe , además porque es la antesala al RIGI y el extractivismo en Jujuy. El conflicto de tierras por los pedimentos mineros, inmobiliarios también están registrando y la complicidad de funcionarios judiciales.
Estuvieron presentes integrantes de las comunidades, organismos de derechos humanos, víctimas de la violencia institucional que impulsan el trabajo de la comisión y el análisis que realizan ante la desigualdad del estado sobre el pueblo.
“El informe es un aporte más para los que continúen la tarea de defensa de los derechos de las personas la tierra en Jujuy. El informe no resuelve, la resolución será con el tiempo para nosotros es significativo. Refleja el compromiso que asumimos a la tarea que nos fue encomendada” señalo Shindler y acentuó que el informe es público y debe circular.
En tanto Lenton señalo que el informe “es una expresión; pero no es la totalidad, por el tiempo acotado que tuvimos” y agrego que “varias personas que dieron testimonio pidieron protección y algunos declararon en Buenos Aires por la situación de temor y preferían viajar por su seguridad”, detallo.
El informe es una herramienta para ser analizada y continuar, hicieron hinca pie “no incluimos datos personales que pudieran ser utilizados para revictimizar a las personas. Los datos personales son resguardados en un archivo para que el día que la justicia lo requiere se consultara a las personas para dar la información” , señalo Lenton.
El análisis incluye varias partes “violación a los derechos políticos, libertad de expresión, prensa libertad de reunión derechos básicos de la democracia que fueron violados en ese ejercicio de represión. El derecho a la consulta a las comunidades en temas que era competencia para garantizar sus derechos indígenas. Los derechos de los niños, protección y garantía de esos derechos. Testimonios de tortura, personas desaparecidos. Situaciones donde hubo ilegítimamente la convivencia entre diferentes agencias del estado la policía, el penitenciario que se articularon para ver información e informantes en lugares claves como en hospitales que parecen grupos de tarea como en la dictadura cívico militar” detallo la antropóloga.
El extenso informe constata “el incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones”. En particular la Comisión pudo identificar en múltiples relatos que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. La utilización de armas no letales (término relativo, ya que lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales quebranta las diversas recomendaciones que se han realizado respecto del uso de armas letales y no letales que actualmente son obligación internacional para el Estado Argentino, en virtud de haber ratificado diversos instrumentos. En efecto, los límites al uso legítimo de la violencia por parte de las fuerzas armadas y de seguridad encuentran anclaje convencional principalmente en dos instrumentos: el “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” y los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”.
Además los investigadores señalaron que los hechos no solo se dieron a integrantes de comunidades indígenas, sino al pueblo , campesinos, zonas urbanas y la gran conflictividad por el tema territorial que esta visto en el informe.
El Congreso Nacional no tomo posición ante el informe presentado “tratamos de llegar a esos poderes con este informe para que sepan que esto es público y que recabó información que tiene u valor porque es la voz del pueblo “, expresó Lenton.
El abogado Joel Sverdlik junto a Leonardo Peréz Esquivel
Nunca más a las prácticas aberrantes
Por otra parte, la abogada Mariana Katz como asesora de Pérez Esquivel y del SERPAJ dijo que “venimos acompañando desde el 17/6 asistiendo, asesorando. Este informe fue presentado ante el alto comisionado de las Naciones Unidas, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entre ambos organismos tiene un convenio”
El abogado Sverdlik manifestó la solidaridad a las personas que están sufriendo desalojos irregulares como los de Tusca Pacha, Yala, Lozano . También dio lectura a una carta enviada por el Dr Barcesat, en el marco de los 30 años de la Reforma de la Constitución Nacional 94, que introdujo el art. 75 inc 17.
“Resulta paradojal que al conmemorarse los 30 años, una de las incorporaciones fue la clausula de reparación histórica a los pueblos originarios. La provincia de Jujuy con el impulso de Gerardo Morales ex gobernador y complicidad de otros referentes de la política jujeña, se haya impuesto groseramente antijurídica a tenor de las disposiciones de la constitución provincial vigente de 1986”.
En la misiva Barcesat recuerda la alegría de las comunidades indígenas con las manos en alto elevadas al cielo, que celebraron con cánticos la aprobación unánime de los convencionales constituyentes en 1994.
“La Nueva Constitución de Jujuy huele a litio y a entrega, entrega de riqueza y recursos naturales” que son del pueblo.
Ante de finalizar el jurista expresa que “esperamos una pronta declaración de inconstitucionalidad de la Reforma Constitucional provincial gestada y realizada en franja violación y principios de legalidad de toda reforma constitucional “ y aclara que las reforma no pueden imponerse de manera fraudulenta y con la represión al pueblo . “Tiene pie de barro y enluta la conciencia jurídica del pueblo argentino, proclamada como Nunca Más. Nunca Más a las prácticas aberrantes , atroces del Terrorismo de estado. Finalmente la nueva constitución provincial escrita así en minúscula es parte del derrumbe institucional y entrega de sus riquezas y recursos naturales que transita la gestión del actual gobierno nacional. Eso en beneficio exclusivo del capital financiero internacional y la dadivas mínimas a sus gestores locales. En detrimento de los pueblos originarios en cuyas tierras se encuentran los minerales estratégicos para el desarrollo tecnológico que deberían ser en beneficio del pueblo argentino como claramente lo establece el art 75 inc 18,19 y 23 de la Constitución Nacional”