Cuando Milagro Sala dice que en Jujuy el lawfare sigue intacto no es una frase tirada al azar y los hechos en la justicia así lo demuestran: el miércoles pasado el juez Esteban Hansen citó a declarar a los 2 testigos de la llamada causa de los huevos y luego de oírlos, los imputó por falso testimonio.
Si bien las denuncias realizadas por los defensores de la referente social respecto a las diversas irregularidades vienen desde hace un tiempo, con la reciente revisión del expediente en la Cámara de Casación va demostrándose la operación que hubo en el juicio contra Sala y que la condenó por amenazas coactivas.
“Esa causa tenía una serie de testigos que han ido participando en la etapa de investigación y después en el juicio, testigos que tanto Milagro como los defensores y defensoras habíamos dicho que habían sido comprados por el gobierno provincial, por el entonces senador Gerardo Morales, luego gobernador de la provincia”, señaló Luis Paz, abogado de la lideresa de la Tupac Amaru, en diálogo con el programa Día 6, tras conocerse la imputación de falso testimonio a los testigos René “Cochinillo” Arellano y su pareja Cristina Chauque.
El llamado a declarar se originó por la denuncia que hizo el fiscal de la Cámara de Casación, Javier de Luca, quien revisa el expediente.
Durante el primer juicio de los huevazos en 2016, las abogadas de Milagro Sala -Elizabeth Gómez Alcorta y Paloma Álvarez Carreras- le había preguntado a Arellano si alguna vez había trabajado en el Estado, a lo que el ahora imputado dijo que no.
Sin embargo, ahora quedó demostrado que Arellano mintió.
Un informe de la Dirección provincial de Personal certificó que figuraba como personal contratado al menos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de ese mismo año, es decir, en paralelo con el proceso judicial que tenía como principal acusada a Milagro Sala y en el cual, el tribunal se basó en su testimonio para declararla culpable.
Arellano trabajaba para la gobernación de Morales, querellante en el juicio. Figuraba como empleado de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales con un sueldo de 10.816,58 pesos.
Durante el juicio, Arellano habló de dos reuniones que se habrían hecho en la casa de Milagro Sala antes del escrache a Morales y sostuvo que ella supuestamente dio instrucciones tales como que repartirían huevos a los miembros de la Tupac Amaru para tirarle al entonces senador y que a él le tocaría pegarle, todo bajo amenaza.
Pero, además, otro de los puntos confusos es como llegaron Arellano y Chauque a ser testigos en el juicio.
Ambos se contradijeron.
“Cochinillo” Arellano dijo haber conocido a Luciano Rivas -abogado de la querella- por casualidad un día que había ido a la Legislatura provincial a pedir ayuda por las supuestas amenazas de Sala. El supuesto testigo dijo que le contó su problema al ahora diputado de la UCR y que luego de ello, sólo volvió a hablar con Rivas en el juzgado.
Sin embargo, en un registro de llamadas entrantes y salientes de Arellano, consta una comunicación hacia el celular de ese abogado el 13 de agosto de 2010, la noche anterior a su primera declaración testimonial en la que incriminó a la líder de la Tupac Amaru.
En tanto, Cristina Chauque señaló que quien los puso en contacto con Rivas fue Normando “Chiki” Alvarez García.
Es por ello, que Luis Paz, quien lleva la defensa de Milagro Sala ahora consideró “en ese juicio se cometieron delitos y esos delitos fueron cometidos por personas, pero esas personas fueron instigadas a cometer esos delitos” apuntando directamente a Luciano Rivas y al ministro Normando Álvarez García.
Finalmente, con la imputación de estos 2 testigos por falso testimonio se va aclarando la operatoria judicial en contra de Milagro Sala.
Cabe señalar la defensa de la dirigente social presentó este año ante el Consejo de la Magistratura de la Nación una denuncia contra el Tribunal Oral Federal de Jujuy “por mal desempeño”, en el marco de la causa por un escrache realizado a Gerardo Morales en 2009.
La acusación recayó contra los jueces federales Mario Héctor Juárez Almaráz, Alejandra Cataldi y Liliana Snopek, quienes llevan adelante la causa por un hecho que “ocurrió hace doce años, y en el cual Milagro Sala no estuvo, y sólo fue mencionada por un testigo que mintió y quedó probado que trabajaba para el gobierno de Gerardo Morales”, revelaron fuentes vinculadas a la dirigente.
Por último, a mediados de septiembre, la Cámara de Casación Penal concluyó que debía ser anulada la condena a tres años y medio de prisión contra Milagro Sala por “daño agravado y amenazas coactivas” que había dictado el tribunal oral de Jujuy.
Fuente: El Submarino Jujuy
Página 12
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