Con un blindaje mediático, son pocas las veces que Gerardo Morales se cruza con periodistas de medios que no responden a las directivas de su gobierno, periodistas que por otra parte sufren el acoso por parte de la policía en cada cobertura que realizan.
Así lo denunció ayer Berta Gerónimo, quien desempeña su labor para Canal 2, multimedio que mantuvo un conflicto la gestión del Frente Cambia Jujuy por el cobro de una deuda millonaria nacida de la distribución de la pauta gubernamental. Mediante sus redes sociales, la periodista expuso:
"La verdad no sé cuándo comenzó pero con el correr de las coberturas lo fui naturalizado, me repetía a mi misma "es su laburo, seguro reciben órdenes". Recién tome dimensión de la gravedad cuando fuimos a Libertador, ahí una efectivo me dijo que sacaba fotos porque esas eran las directivas de la regional. Pregunto ¿por qué los policías sacan fotos a periodistas? ¿Hay órdenes para identificar a quienes cubrimos determinados temas? ¿Cuál es el fin? ¿Qué sigue después?"
Y concluyó “basta de actitudes intimidatorias”.
Sin embargo, no es la primera vez que Berta Gerónimo vivió este tipo de acciones violentas contra su persona. Ya en 2019, el propio Gerardo Morales la maltrató cuando la trabajadora de prensa le realizaba una consulta por las paritarias, el gobernador en ese momento le contestó “querida no te voy a hacer la propuesta a vos”, esbozó olvidando que entre sus funciones como mandatario está la de dar explicaciones al pueblo que, en muchos casos, sólo acceden a través de las coberturas periodísticas.
Una contestación similar recibió el colega de FM La Roca, de San Pedro, en febrero de 2020, cuando este le consultó sobre la suba desmedida de la tarifa eléctrica, Morales se negó a dar explicaciones aduciendo “vos sos militante político querido, así que a vos no te contesto”.
Sin embargo, existen otros casos donde las acciones comprometen la libertad de expresión y de prensa.
En medio del escándalo por los pedidos de juicio político contra varios funcionarios, el programa Jujuy Investiga había tocado sobre la posible expulsión del Fiscal General Alejandro Ficoseco e integrantes del Tribunal de Cuentas, órgano contralor del Ejecutivo.
La ofensiva de Morales fue inmediata: el MPA, conducido por Sergio Lello Sánchez -el brazo ejecutor del gobernador de la persecución contra opositores- pidió la nómina completa de todo el personal que trabajaba en el programa.
Además, el pedido también exigió detalles referentes a la realización del programa (detalles de producción y edición, además de los nombres de los conductores). Esto ocurrió en 2019.
Con un segundo mandato como gobernador, Morales prosiguió con estas maniobras en contra la prensa, incluso, con la infiltración de un policía en una radio comunitaria.
A fines de 2021, se conoció que Ezequiel Rodrigo Rosales, efectivo de la brigada, se hizo pasar por comunicador de Radio Pueblo y con ello recabó información de movimientos sociales y populares. Hasta la fecha, la justicia jujeña sigue sin expedirse sobre este caso.
Todo ello, en medio de la avanzada del gobierno del Frente Cambia Jujuy en contra de las manifestaciones en las calles, que incluyeron juicios contravencionales con multas a dirigentes o pedidos de prisión.
Todo estas maniobras también se hicieron presentes durante el debate en la Legislatura por la reforma de la Constitución provincial. Una periodista cuestionó que en cada cobertura haya policías que sacan fotos y filman a trabajadores de prensa.
¿Quién mira ese material?.
Así, el ejercicio del periodismo no se ejerce con libertad. El derecho a la libertad de expresión es un derecho lesionado en Jujuy.
Se suma la tarea de los llamados “trolls”, que ponen en duda el libre ejercicio del periodismo si no responden al gobierno. También propinan amenazas.