En febrero de 2024 miles de usuarios y usuarias comenzaron a recibir facturas de electricidad con incrementos que iban entre el 100 y el 400%, la suba del cuadro tarifario se judicializó, pero fue el Procurador General de Estado que se opuso al fallo que favorecía a consumidores, esto respondió a que el Estado provincial es parte del Directorio de EJESA y con ello, parte favorecida con los aumentos.
En lo que fue la Asamblea General Ordinaria Nº40 de Accionistas de EJESA, que tuvo como uno de los puntos a elegir nuevas autoridades del Directorio, se detalló quienes eran los socios y cuanta participación accionaria poseía cada uno. Así, el registro de la asamblea indicó que Mario Pizarro, como representante del Estado provincial, poseía 3.538.471 acciones Clase “C”.
Cabe recordar que Pizarro es el secretario de Energía de la provincia y de allí, el beneficio para las arcas del Estado jujeño.
Boletín Oficial de Jujuy, detalle de accionistas de EJESA
Es precisamente esta categoría de acciones, lo que más rédito económico posee. Las acciones clase C no otorgan derechos de voto o tienen derechos de voto extremadamente limitados, por lo que no puede influir en las decisiones corporativas, para compensar eso, a quienes poseen este tipo de acciones se les ofrece dividendos más altos o preferenciales. “Esto hace que estas acciones sean atractivas para los inversores que buscan un retorno más alto de su inversión sin preocuparse por el control de la empresa”, explica el sitio especializado financionario.com.
Así, parte de las ganancias obtenidas por EJESA van a parar a las manos del Ejecutivo provincial.
El entramado para obtener beneficios se completa con el rol de la SUSEPU, órgano que debiera controlar la calidad del servicio de electricidad y agua, además de evaluar si los incrementos pedidos por las empresas son necesarios.
Fue así que, en febrero de 2024, la SUSEPU concedió mediante la resolución Nº60 las exorbitantes subas en el cuadro tarifario eléctrico, el cual fue judicializado por asociaciones de defensa al consumidor.
Tras dos meses de discusión sobre la competencia de las asociaciones, finalmente en abril del año pasado, el juez Sebastián Damiano del Juzgado Contencioso Administrativo resolvía dar lugar a la medida cautelar y ordenaba al Estado provincial (SUSEPU) que adoptara las medidas necesarias a los fines que la empresa prestataria del servicio de energía EJESA dejara sin efecto los cortes de servicio por falta de pago, además que se retrotraiga el cuadro tarifario a enero.
La medida quedó sin efecto puesto que el Procurador General de la Gobernación, Sebastián Albesa adelantaba que iba a recurrir a la Corte Suprema de la provincia, perjudicando así a usuarios y usuarias al mantenerse los incrementos de entre el 100 y el 400%.