“Fortaleciendo el trabajo y la relación de la comunidad, el Estado y la minera”, así presenta el gobierno de Gerardo Morales lo que será el primer festival del litio en Jujuy, lo que es una provocación directa a las comunidades indígenas que se oponen a la extracción del mineral en auge debido a sus consecuencias en el ambiente.
Como si ya no fuera grave de por sí el desarrollo del evento por la disputa que sigue vigente, la fecha elegida también puede tomarse como una ofensa, ya que ocurrirá el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en la cual se conmemora a las víctimas de la última dictadura cívico-eclesiástico y militar.
El festival, que se concretará en el polideportivo de Olaroz Chico y tendrá entre sus actividades la recepción de autoridades y visitantes. Asimismo, la apertura oficial se dará luego de los discursos que brinden autoridades del gobierno provincial y el comunero de Olaroz Chico. De hecho, según indica el flyer el evento fue organizado por la Comisión Ejecutiva y Comunidad Aborigen.
Como si fuera poco, el festival cuenta con el auspicio de varias empresas extractivistas, entre ellas, Minera Exar, Allkem, Lilac y Sales de Jujuy.
Un mensaje más que elocuente.
Por el contrario al slogan del fortalecimiento de las relaciones entre las comunidad, el Estado y las mineras, los pueblos originarios que se encuentran en la región de la puna y en las proximidades de los salares, rechazan por completo la actividad litífera, principalmente por el método de extracción que utilizan las trasnacionales, donde se utiliza gran cantidad de agua, elemento vital en una zona donde la misma no abunda. “No al litio, sí al agua y a la vida”, suelen resumir para dar cuenta del impacto ambiental que genera la extracción tal como la plantean las compañías extranjeras.
A pesar de ello, Morales no solo omite el reclamo de las comunidades indígenas por el desarrollo de la explotación del litio, sino que además viola sus derechos, pasando por alto leyes nacionales y convenios internacionales a los cuales la Argentina suscribe, como el 169 de la OIT, en la cual se establece la consulta previa, libre e informada sobre cualquier actividad que se quiera desarrollar en territorio comunitario. El gobernador en cada uno de los conflictos apostó a la división de las comunidades para así avanzar sobre sus proyectos.