En la segunda audiencia del juicio contravencional a quince dirigentes sociales, políticos, gremiales por la manifestación del 4 de abril de 2018 en inmediaciones de la Legislatura Provincial, donde se les imputa: “ocupación del espacio público” y “portación de elementos contundes y explosivos”, jornada donde hubo una gran represión heridos y detenidos.
Las organizaciones sociales, políticas movilizaron a las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública acompañando a dirigentes, militantes acusados en este proceso administrativo del Estado provincial, pese a ello, se desplegó un operativo policial desmedido, que contó con efectivos con escudos, camionetas, aún cuando la semana pasada, apenas iniciado el juicio, las manifestaciones se dieron de forma pacífica. Así, en jueves de compadre, día de festejo previo al carnaval muy sentido en la provincia, el gobierno pidió que se dé continuidad al juicio contravencional. Las partes realizaron la presentación de pruebas, ya que hubo una reapertura de esta etapa.
El juez Matías Ustárez recibió un gran listado de testimonios, pruebas audiovisuales, fotográficas por parte de los diferentes defensores para acercarse a la verdad real del hecho, pero no dio lugar a muchos testigos y varios pedidos.
Así es que resolvió cuatro audiencias testimoniales los días 21, 26, 27 y 28 a las 16 horas en el mismo lugar en alto Comedero. Luego se determinarán audiencias para las pruebas informativas, periciales, de manera que este proceso administrativo podría durar un mes y medio. Así también vale recordar que el 4 de abril próximo esta causa prescribiría.
Uno de los defensores pidió la inconstitucionalidad del artículo 15 del Código Contravencional, así también la mayoría adhirió a lo solicitado, pero no se le hizo lugar. Así también se rechazó del listado de testigos al ministro de Seguridad Ekel Meyer, al Juez Pablo Baca, Lello Sánchez, al actual jefe de la Policía Juan Segovia y al Juez de Control por ser “impertinente” la solicitud. Una serie de cuestionamientos donde los diferentes defensores expresaron la persecución política a dirigentes, manifestantes.
El departamento contravencional, representado por el abogado Ariel Roldán se opuso a varias pruebas, además entre los argumentos expreso que el vallado policial estuvo colocado desde horas de la mañana aquel 4 de abril. De manera que el que cortó el tránsito en esas calles fue el estado provincial no los manifestantes. Hecho que cuestionaron varios defensores.
La defensora del FIT, la abogada Maia Hirsch planteó que es clara la persecución a los dirigentes, ya que Roldán afirmó que en la manifestación hubo infiltrados de la policía en la manifestación y que es la fuerza de seguridad la que tiene la facultad de reprimir.
Al finalizar la audiencia el abogado defensor Luis Paz destacó que “la ley contravencional en Jujuy tiene un tinte fascistoide. Hay que recordar que entre los miembros que trabajaron en la redacción de esta norma se encontraba Lello Sánchez, Pullén Llermanos, eso denota el carácter persecutorio de la ley. Lo que hace el empleado de Gerardo Morales el juez de la causa –Ustárez Carrillo- no hace más que confirmar la persecución a las organizaciones sociales, políticas y sindicales. Entiendo en esta segunda audiencia que la sentencia está escrita” concluyó.