La sospechosa demora de la Legislatura para tratar el convenio de gestión de la cuenca hídrica de Salinas Grandes

Demás está decir que los intereses económicos superan a los de su propio pueblo, así lo dejó expresado el gobierno de Gerardo Morales con los cambios que realizó en la Constitución jujeña y que eliminó derechos, tanto de trabajadores como de comunidades indígenas que luchan contra el avance del litio; sin embargo, la maniobra del Ejecutivo es acompañada por la Legislatura que, a casi 6 meses de un convenio de gestión de la cuenca de Salinas Grandes, todavía no puede tratar el proyecto.

Hay que retrotraerse al 4 octubre de 2023 para entender de qué se trata este acuerdo entre los gobiernos de Salta y Jujuy. Por aquella fecha, Gustavo Sáenz junto a Gerardo Morales rubricaban el “Acuerdo Interprovincial para la gestión integral de la cuenca hídrica de Salinas Grandes”, el cual establece entre sus puntos la creación de una comisión integrada por las autoridades provinciales y las comunidades originarias del lugar. dicha comisión tendrá entre sus tareas encomendar estudios hidrogeológicos “a fin de establecer una línea de base de la cuenca, de su hidrología, su capacidad, de tal modo que pueda conocerse: a) la capacidad de renovación del agua, b) la conexión de los cauces de agua con cuerpos subterráneos de agua, con el salar y con la laguna, flujos del agua, fuente de agua para la flora y para la fauna, suministro de agua para la población y otros usos de agua, c) el estado real del recurso hídrico y sus potenciales afectaciones”, según detalla el propio documento.

Ahora bien, con la actividad litiera en marcha con EXAR y Sales de Jujuy, por lo que la provincia recibe ganancias (mediante JEMSE posee el 8,5% del paquete accionario) y las regalías que deben pagar las multinacionales, el gobierno jujeño busca que siga avanzando la extracción del mineral, a pesar de las denuncias de las comunidades indígenas sobre el peligro ambiental que representa el uso desmedido del agua para la extracción del litio, tal como plantean las empresas.

Tal es así, que en marzo del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó investigar si la explotación del preciado material afectan al medioambiente en la zona de Salinas Grandes y ordenó a los gobiernos de Salta y Jujuy que presenten “copia de todas las autorizaciones de permisos de exploración y explotaciones mineras otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y/o el Juzgado Administrativo de Minas o a la autoridad administrativa que haya intervenido; de las actas de audiencias públicas convocadas y celebradas a tal fin, de los recursos, impugnaciones, denuncias recibidas contra dichas autorizaciones y/o frente a las situaciones de permisos mineros; que informe detalladamente y acompañe todas las actuaciones relativas a los aspectos ambientales relevados en cada uno de esos supuestos”.

El Ejecutivo jujeño nunca respondió al pedido y prosiguió con la entrega de tierras para la explotación.

Pasaron siete meses para que los gobiernos de Salta y Jujuy comenzaran a cumplir con algunos de los puntos del fallo a favor de las más de 30 comunidades indígenas sobre su reclamo, en el cual pedían que la suspensión de todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes, además de que se lleve adelante una gestión integral de la cuenca Salinas Grandes que garantice el cuidado del ambiente, dando así origen al Acuerdo Interprovincial.

Dicho convenio debe ser ratificado por el Poder Legislativo. En enero de este año, el Senado salteño daba media sanción. Si bien ya habían pasado poco más de 2 meses de su firma, los tiempos electorales -por las presidenciales en octubre y la segunda vuelta un mes más tarde- hicieron que se retrasara su tratamiento.

Por el contrario, en Jujuy, este convenio recién ingresó el pasado 10 de abril, lo que hace sospechar sobre una dilación intencional.

Los tiempos de la Legislatura para el tratamiento de este acuerdo interprovincial que le daría voz a las comunidades indígenas son muy diferentes a los que nos tiene acostumbrados respecto a los proyectos que llegan desde el Ejecutivo: en la apertura del periodo ordinario de sesiones legislativas, Carlos Sadir adelantaba que iba a enviar un proyecto de declaración de Emergencia, el cual, según señalaron representantes de la CGT, tendría su aprobación este jueves. Dicha declaración comenzó a ser tratada en 3 de abril y se extendió por el reclamo de sindicatos. A pesar de ello, en apenas dos semanas la Emergencia podría llegar a ser ley. Casi similar a lo ocurrido con la Reforma Parcial de la Constitución.