La diputada y ex secretaria general de ADEP Mary Ferrín y el legislador Ramiro Tizón, ex representante legal de ese gremio, dieron su aprobación junto a todo el bloque oficialista a la ley 16118 que crea la Junta Provincial de Calificación Docente, a pesar de los argumentos de la oposición y los docentes quienes rechazaron el decreto por ir en contra de los derechos conquistados por los educadores y el estatuto docente.
En la sesión estuvieron presentes los dirigentes de ADEP y CEDEMS quienes ingresaron a la tribuna del recinto, tras la intervención de la legisladora Alejandra Cejas (PJ) quien solicitó al presidente de la Cámara , Carlos Haquim que permita ingresar a los docentes que querían escuchar a los legisladores en el tratamiento del decreto 8340. Esto debido a que personal de seguridad de la Legislatura impedía el ingreso de los docentes.
A este reclamo se sumaron los legisladores del FIT, ya que no es la primera vez que se cuestiona o se niega el ingreso a personas a la Casa de Piedra.
El miembro informante fue el legislador Tizón quien expuso sobre la conformación de la Junta Provincial de Calificación Docente constituida por cinco Salas: Inicial, Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y Superior.
Estará integrada por un Presidente y quince vocales, distribuidos en salas de tres cada una. El Presidente y dos miembros de cada sala serán designados por el Ministerio de Educación, el vocal restante será elegido por el voto secreto y obligatorio del personal docente titular e interino y se designará igual número de vocales suplentes. Durarán cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser reelectos una sola vez.
Expuesto el decreto, se iniciaron las intervenciones de los legisladores de la oposición rechazaron el decreto, y destacaron que es otro instrumento que utiliza el gobierno de Morales para castigar al sector docente.
Así como el legislador Juan Manuel Esquivel del Fuyo/UC dijo “qué urgencia tiene el decreto?. La única urgencia es que desde la cámara se legitime, y no es más que un atropello a los derechos de los docentes conquistados en años”.
También sostuvo que “el decreto implica la flexibilización docente, porque se modifica las condiciones de trabajo de los docentes. Tiene fecha de 14 de diciembre, y desde marzo ya lo están implementando, entonces la urgencia seria que la cámara avale este decreto antidemocrático. Esto debería haber sido discutido en una mesa paritaria, cualquier cuestión que modifique las condiciones de un trabajador su sueldo, salario, condiciones laborales debe ser planteado en paritarias. Pero a este gobierno no les gusta discutir, ellos imponen y listo”.
En tanto que Eduardo Hernández del FIT también rechazó el decreto del ejecutivo por el cual se unifican las juntas calificadoras de todos los niveles docentes de manera autoritaria e inconsulta. Se van a violentar derechos adquiridos y se va a vulnerar la representación de los trabajadores docentes. Esto está enmarcado en un cuadro de ajuste sistemático al sistema educativo de todo el país que tiene su inicio en el acuerdo de Macri con los gobernadores bajo las órdenes del FMI, expresó.
En su momento Alejandra Cejas, destacó que “el decreto es inconstitucional, y es una decisión más que determina la ministra de Educación de manera unilateral, y se termina judicializando por ser inconstitucional. Ya son varios juicios que iniciamos a la ministra por tomar decisiones inconsultas, y la justicia nos ha dado la razón. Este decreto va en contra de los derechos de los docentes de la provincia.”
El jefe de bloque de la UCR Alberto Bernis, sostuvo que “el decreto de la Junta es para modernizar el modo en que se califican los antecedentes de los docentes.
En tanto que la dirigencia gremial expuso un día antes en la comisión de asuntos institucionales los argumentos por los cuales rechazaban el decreto, además de no haber sido convocados para su modificación y el desconocimiento de la actividad docente por parte de los legisladores. Los docentes anunciaron que esta ley que fue sancionada por el oficialismo será recurrida ante la justicia por ser inconstitucional.
Más leyes aprobadas
En la extensa sesión se sancionaron tres leyes más, la Nº 6.119 de ratificación del Convenio Marco de Adhesión al Programa Nacional de Asistencia y Colaboración celebrado entre el Ministerio de Seguridad de Nación y la Provincia de Jujuy.
La Ley Nº 6.120 establece la creación del Instituto Universitario Provincial de Seguridad con jurisdicción en la provincia de Jujuy y con una oferta académica circunscripta al área disciplinar de la seguridad. Además, faculta al Poder Ejecutivo para designar y remover al Rector Organizador, quien conducirá el proceso de formulación del proyecto institucional y del proyecto del estatuto provisorio en los términos de la Ley Nacional de Educación Superior.
“Todo esto se lo va a presentar a nivel nacional en las diferentes universidades. Si bien es cierto que va a depender de la Universidad Nacional de Jujuy, y tiene que estar supervisado por la CONEAU”, señaló Rodolfo Nieto, miembro informante. Por su parte, la diputada Mariela Ortiz expresó “fundamentalmente creo que el proyecto habla de profesionalizar, jerarquizar. Es la necesidad de humanizar y democratizar la fuerza de seguridad”.
La última Ley aprobada por la Cámara fue la Nº 6.121 de Creación del Banco Provincial de Programas y Proyectos Estratégicos que tendrá como función registrar, ordenar y canalizar programas o proyectos, proveyendo la calificación inicial de los mismos como estratégicos o relevantes, describiendo su incidencia para el desarrollo económico, productivo o social de la provincia.
Una batería de normas enviadas por el ejecutivo provincial que se aprobaron sin ser estudiadas en las comisiones respectivas, se aprueban en un marco de autoritarismo y donde el debate queda planteado en el recinto, y el oficialismo en estos tres años de trabajo parlamentario no ha podido dar un serio debate político, sino solo ampararse en la gestión anterior de 12 años de corrupción. Es el argumento que plantean, y que lograron un clima de paz.
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