De acuerdo a lo expresado por el abogado del SOEAILE, Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio La Esperanza, ascenderían a 12 los fallecidos en el dramático incendio desatado ayer en la planta azucarera jujeña. Mientras que se admitieron 6 fallecidos hasta el momento.
El letrado Enrique Wandschneider informó además que ese gremio ya había denunciado fallas en los controles de Higiene y Seguridad dentro del ingenio, pero que el Ministerio de Trabajo de Jujuy y la Secretaría de Trabajo de la Nación ignoraron esos avisos. Puntualmente expresó que ante esas denuncias las inspecciones “no se hicieron nunca”.
Advirtió también sobre la posibilidad de que el sindicato realice “denuncias penales” contra los responsables actuales del Ingenio. “Tienen que ir presos. Nadie puede decir “yo no me enteré” de la situación que había”, declaró al periódico Salta 12.
Aunque en este momento la versión oficial es que el incendio ya está sofocado, el abogado cerca del mediodía expresó: “No nos consta que esté apagado totalmente el incendio, salvo que la idea sea sacar cuerpos sin que nadie vea. Es mentira que sólo sean 5 los fallecidos, pensamos que hasta ahora son 12. Hay información oficial mentirosa, tenemos datos de obreros que estaban trabajando en el lugar.”
Las causas del incendio están claras para los trabajadores: la conflagración se habría originado en una falla eléctrica que ellos ya habían advertido pero no fue solucionada por la empresa propietaria.
Según declaró Wandschneider a Radio UNJU “nosotros no manejamos hipótesis, sabemos lo que pasó: había un cableado que ya venía haciendo chispas y existía un peligro con el trabajo en sector, la empresa no hizo el control de seguridad debido. Ya veníamos advirtiendo que había falencias en la higiene y seguridad. Incluso no depositaron un pago por la compra del Ingenio aduciendo que debieron invertir en infraestructura y es mentira que lo hicieron porque no hay nada de eso”, dijo el abogado.
El Ingenio fue vendido por el estado “a unos 60 millones de dólares a pagar en cinco años”, pero el último pago fue incumplido por el grupo Budeguer, según lo había señalado un día antes de la catástrofe la Diputada Carolina Moisés.