En la segunda sesión ordinaria, no ingresó el proyecto de Coparticipación que anunciaba el gobernador Carlos Sadir en la apertura del 163º de Sesiones Ordinarias de la Legislatura, pero lo que sí ingresaron fueron 5 acuerdos que envió el Ejecutivo para el nombramiento de nuevos funcionarios.
Sin sobresaltos, ni ponerse colorados los legisladores del PJ, de la UCR y Primero Jujuy dieron acuerdo a los cinco hombres como funcionarios en la provincia.
El abogado Pablo Gabriel Read fue designado como Juez Administrativo de Minas. Hombre de la UCR, pasó por cargos en el municipio capitalino y en el Ejecutivo provincial. de perfil bajo, Read ocupará un lugar estratégico para otorgar permisos a las mineras.
Otro acuerdo fue para Leopoldo Hugo Montaño, como Vocal del Directorio de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU), salió de la dirección de Vialidad Provincial con una mala gestión y antes estuvo en el municipio capitalino.
El tercer acuerdo fue para Carlos Oehler, como Presidente del Directorio de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) con una larga trayectoria concejal, diputado, ministro en la gestión de Morales, paso por JEMSE y ahora suma una segunda gestión en la SUSEPU defendiendo intereses de EJESA.
El cuarto acuerdo para Exequiel Lello Ivacevich, como Director Titular - en carácter de Vicepresidente del Directorio de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado – JEMSE. Ex ministro de Producción del gobierno de Morales. El joven abogado es un todo terreno en la gestión radical.
El quinto acuerdo para Julio Benicio como Director Titular del Directorio de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado- JEMSE-. El contador no es nuevo, tiene su trayectoria en la función pública con perfil muy bajo. Integra la nómina en Sociedad Anónima Unipersonales, también fue representante de la Defensoría del pueblo de Nación en Jujuy.
Los cinco hombres, nombres ya conocidos en la administración de Jujuy en lugares estratégicos para los proyectos mineros que es uno de los ejes del gobierno de Sadir dando continuidad a la gestión de Morales.
Casi un centenar de proyectos de ley donde no figura la coparticipación
Fueron varios los temas que se trataron en el recinto, junto a los pliegos para la designación, también tomaron estado parlamentario 85 proyectos de ley declaraciones, entre los que se destaca la modificación de dos artículos del Código Contravencional (a fin de acelerar los procesos), cambios en el sistema de residencias en el sector de la salud, entre la larga lista y que no incluyó la ley que contempla la distribución reglamentada de fondos a los municipios.
Sin embargo, antes del comienzo del debate, el retorno de la representación de la izquierda en la cámara abrió la polémica sobre el régimen persecutorio que inició Gerardo Morales y que continúa con la criminalización de la protesta a integrantes de comunidades indígenas y la causa de los tuiteros que tiene los ojos de varios organismos nacionales e internacionales sobre la provincia.
La intervención de la diputada Natalia Morales (FIT) en el recinto expuso la situación de 200 imputados, luchadores contra la Reforma que el viernes llegan a juicio oral. “Son personas que vienen defendiendo el derecho al agua, a decidir, a la vida, al territorio. Se vienen enfrentando a las multinacionales saqueadoras del litio, de los bienes comunes naturales. Tuvieron como respuesta la represión y causas penales” expreso. “La nueva Constitución profundiza el saqueo y el gobierno nacional, el DNU, la ley Ómnibus, el Pacto de Mayo con los gobernadores quieren profundizar y que el gobernador de la provincia apoya” señaló.
Así también contextualizó la legisladora las represiones en el marco de la reforma, el aparato represivo, la persecución judicial, allanamientos, detenciones ilegales en la provincia. “En Jujuy luchar es delito, también tuitear es delito y parece que también enviar mensajes de WhatsApp a grupos privados es delito”, en referencia a Morandini y Villegas que estuvieron detenidos por 53 días. Esa causa que tiene a Jujuy bajo la lupa porque no se garantiza el derecho a la libertad de expresión. “Jujuy es un laboratorio de la resistencia de mujeres y un pueblo trabajador que no se pone de rodillas expreso defendiendo las libertades democráticas”, sostuvo Natalia Morales.
El que levantó el guante fue el diputado radical Adriano Morone rechazando que hay personas detenidas por tuitear en Jujuy, minimizando los 53 días de prisión de Morandini y Villegas, sostuvo el discurso de los denunciantes y defendiendo el trabajo del MPA. “Me parece llamativo que acá (recinto) se reivindique a los victimarios, que una diputada de una fuerza política que dice defender los derechos de jóvenes, mujeres. Y no diga nada de las víctimas” expresó. En cuanto a los imputados por los hechos de la Reforma dijo “no hay personas imputadas por luchar o defender derechos, sino tiene que ver con los hechos que todos hemos visto que ocurrió en la Legislatura el 20 de junio y en otros lugares de la provincia apretando a intendentes, concejales, comisionados municipales, creo que no puede pasarse por alto algunas cosas. No es un delito tuitear”, dijo el legislador viendo con un ojo los hechos del año pasado que fueron gravísimos y donde el Estado provincial armó causas penales a manifestantes para disciplinar a la sociedad. En estos meses la justicia contravencional no ha podido sostener esas actas y también ha sobreseído a otros tantos manifestantes.
Morone, trató de chicanear a la legisladora Morales, que el año pasado fue amenazada a través de un mail y que la Cámara por unanimidad rechazó ese hecho de violencia. El legislador no diferencia un mail a un correo oficial de una publicación común por redes sociales.
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