Se sancionó con fuerza de ley N°6136 Iara en Emergencia por violencia de género”, una herramienta que provocó que los diputados y diputadas reciban el aporte, propuestas de las organizaciones de mujeres y la diversidad y que alcanzó un dictamen de mayoría para su tratamiento.
El debate en el recinto superó las tres horas, los padres de Iara, Mónica y Juan presenciaron la sesión, mientras que fuera de la Casa de Piedra los colectivos de mujeres seguían el debate por audio.
Esta Ley no es para celebrar nada, ya que confirma que el Estado debe tener mayor presencia en esta problemática y que los femicidios son evitables. Estos femicidios se han llevado la vida de lara, Cesia, Roxana, Gabriela y Alejandra.
Esta Ley tendrá dos años de vigencia, necesita de un presupuesto para que se desarrollen las diferentes acciones en salud, educación, seguridad, vivienda para su implementación.
Fue la diputada Mariela Ortiz la miembro informante del proyecto de mayoría, lo que llamó la atención ya que, sí bien pertenece al oficialismo pero del sector Primero Jujuy.
Luego fue la presidenta de la comisión de Género Leila Chaher quien expuso el proceso de la construcción de esta ley. Fue muy clara al destacar que no es el proyecto del ejecutivo, ni del oficialismo ni de ningún y ninguna diputada. “Es un proyecto que intentamos construir colectivamente en esta cámara, un proyecto arrancado del debate y del dolor".
Los y las legisladores entendieron que el proyecto enviado por el ejecutivo debía mejorarse, principalmente que se debe garantizar la intangibilidad de los recursos, ya que la cuenta unificada genera complicaciones respecto a los fondos para esta norma. Es decir, una ley de emergencia debe ser clara para su implementación y poder contar con las herramientas para una implementación efectiva.
“Estamos convencidas que no resuelve, no es una ampliación de derechos, es una herramienta para evitar más femicidios y dar respuesta a la desidia estatal y la burocracia en la toma de denuncias”, sostuvo Chaher.
En los artículos hubo varias modificaciones a pesar del consenso, legisladores solicitaron cambios de forma.
Sancionada la Ley Iara, Mónica Cunchila expresó que “algo se avanzó. Este es un antes y un después, hay que seguir trabajando para que no vuelva a pasar, tenemos que estar unidos. Si se ha hecho una ley es para que se cumpla y no que se guarde en un cajón. Será nuestra herramienta de lucha. Me deja un poquito más tranquila, no duermo hace más de un mes, no imaginé tener que pasar por esto. Solo quisiera tener a mi hijita acá”.
Durante el debate, los legisladores más duros fueron los de la oposición. Alejandra Cejas (PJ) quien enfatizó una serie de errores y omisión de la gestión del gobernador, lo calificó de “inútil”. Además, sostuvo el no cumplimiento de leyes sancionadas “me traen acá para sancionar leyes que ya se aprobaron” dijo. También denunció irregularidades como la falta del decreto de designación de la titular del Consejo de la Mujer; el accionar de la policía de la provincia que responde a represiones y no a la búsqueda de las mujeres en relación al desalojo de la comunidad de Tusca Pacha con un batallón de policías y no disponen esa cantidad de efectivos para dar seguridad a la comunidad. Cuestionó los fondos que recibió el estado por las cámaras de seguridad que no están instaladas, entre otros planteos.
Por otro lado, la diputada Liliana Fellner expuso que la norma no contiene a adolescentes, niños y niñas, cuestionó la determinación del presupuesto para esta ley.
La diputada Fátima Tissera también remarcó la falta de presupuesto y planteó que su control debería ser monitoreando por las organizaciones de mujeres.
El bloque del FIT Natalia Morales, Iñaki Aldasoro no acompañaron el proyecto, ellos presentaron un dictamen de minoría y resaltaron que el de mayoría no contempla varios de los aportes de las mujeres que se escucharon.
Una comisión asesora externa, sin injerencia del Poder Ejecutivo, con poder de fiscalizar el destino de los fondos y capacidad de monitorear las políticas públicas que se apliquen.
Refugios para víctimas de violencia de género en cada ciudad que tenga una población de 10 mil habitantes en un plazo no mayor a 30 días hábiles. La permanencia en el refugio debe durar el tiempo que sea necesario y debe finalizar sólo cuando se resuelva la situación habitacional de la/s víctimas. También se debe garantizar el acceso a las ayudas económicas correspondientes. También viviendas, trabajo.
Entre otros puntos que fueron observados por las organizaciones que esta ley requiere y seguirán siendo demanda para erradicar la violencia de género.
Por otra parte, la diputada Débora Juárez leyó el comunicado de colectivos feministas dando a conocer puntos que le faltan a la ley. Donde lo fundamental es el presupuesto: no se explicita cómo se cubrirán TODOS los gastos necesarios para implementar las medidas que la ley manda realizar. Entonces ¿para qué declarar una Emergencia si no habrá asignación presupuestaria específica e intangible (es decir, que no pueda reasignarse bajo ninguna circunstancia especial)? Sin asignación de recursos no hay política pública posible.
Ley lara
Algunos puntos de lo que establece la norma establece que se asignará presupuesto de la reasignación de las partidas presupuestarias necesarias, para el cumplimiento del objetivo de la normativa para el año 2020. Asimismo, las partidas fijadas en la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para los períodos 2021 y 2022. Se creará un Concejo Asesor Ad –honorem, un Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad. Estará conformado por representantes del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, organizaciones de mujeres feministas y el Movimiento de Mujeres y del Colectivo LGBTIQA+, representantes de Instituciones públicas, representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y Municipalidades y Comisiones Municipales.
En cuanto a las medidas inmediatas se pondrán en funcionamiento nuevos Centros de Atención Integral a la Violencia en la Ciudad de Monterrico, Purmamarca, Yuto y Susques. Se podrán crear otros centros, de acuerdo a las necesidades de atención integral de violencia de género y diversidad.
Se crearán refugios y/o dispositivos de asistencia y albergue, como instancias de tránsito de las mujeres (con hijos e hijas) y personas del colectivo LGBTIQA+, en situación de violencia. En caso en que el Estado no cuente con inmuebles a tal efecto, se deberá alquilar unidades en hoteles y/o residenciales.
Se incorporarán líneas telefónicas gratuitas de emergencia de atención y contención las 24 horas, los 365 días del año, con cobertura en todo el territorio de la provincia.
Se establecerán políticas de asistencia económica para mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+ en situación de violencia de género y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social en razón del género y su orientación sexual.
En tanto que en el área de Educación se deberá garantizar en todo el Sistema Educativo Provincial el «Programa Nacional de Educación Sexual Integral” y la ley “Educar en Igualdad, Prevención y erradicación de la violencia de género”.
Incorporar a los contenidos de todos los niveles educativos sobre la protección integral contra la violencia de género y violencia de género digital.
El Ministerio de Salud implementará, en un plazo no mayor a treinta (30) días, un programa específico para la atención de mujeres, niñas, adolescentes y personas del colectivo LGBTIQA+ en situación de violencia y vulnerabilidad.
En materia de Seguridad, la policía deberá aprobar una capacitación específica en perspectiva de género y derechos humanos. Crear dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad. Crear de manera progresiva, Centros de Atención a las Víctimas de Violencia Familiar y de Género en todas las Unidades Regionales. Incorporar al Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) en todas sus orientaciones, la materia Perspectiva de Género, Diversidad y ley Micaela. Implementar tobilleras y medidas de seguridad para agresores denunciados que tengan dictaminadas medidas de exclusión o perimetral donde existe riesgo de vida de las víctimas, según lo disponga el órgano competente del poder judicial.
Los municipios y comisiones municipales promoverán la creación de áreas de género y diversidad, y los mecanismos para el funcionamiento de mesas locales de abordaje comunitario, con participación abierta y plural.
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