En el día de ayer fue liberado Jonatan Albornoz tras la presentación de un habeas corpus por organismos de derechos humanos, por todo el contexto de esa detención, características irregulares, apremios, golpes que sufrió en el traslado de Libertador a la dependencia policial de San Pedro de Jujuy.
Es preciso comentar que el joven fue detenido en la vía pública el viernes por personal de la Brigada sin orden judicial, y trasladado a la ciudad de San Pedro. El motivo fue ser identificado como uno de los dirigentes por la toma o usurpación de terrenos en Libertador general San Martín hace casi un mes en el predio denominado El Triángulo.
Se realizó una audiencia en la sede de Tribunales de San Pedro para que se resuelva el habeas corpus. Acompañaron esta acción Capoma-DDHH, Madres y familiares de detenidos desaparecido de Departamento Ledesma, asociación de ex presos políticos regional Ledesma, CTA Autónoma Jujuy, Agrupación Verde y Blanca de ATE.
Los dirigentes repudiaron la criminalización de un dirigente social que demanda al estado una vivienda. Además, el gobierno utiliza el poder judicial para disciplinar y evita un diálogo para destrabar el conflicto.
Cabe recordar que cuando fue detenido Albornoz, al abogado y al padre de Jonathan advirtieron la insistencia de los fiscales para que convencieran a las familias del asentamiento que se retiren del predio. Es decir, como condición para que sea liberado Albornoz, e inmediatamente caerían las causas por usurpación. Esa situación sucedió el viernes.
Respecto a los golpes que sufrió Albornoz, detalló que durante el trasladado fue hostigado por los efectivos quienes les mostraban fotos y pedían que identifique a personas como los interrogatorios de la dictadura. Fue llevado a la seccional N°9 donde permaneció detenido.
Mientras que funcionarios del gobierno trataron durante el sábado realizar una reunión individual solo con algunas personas que están en El Triángulo. Aunque las familias solicitaban que se hagan presentes en el terreno y hablen para todos y todas.
Desde diferentes organismos de DDHH, organización sociales y políticas exigieron la liberación del joven detenido y una solicitud inmediata a las más de 300 familias que están hace un mes reclamando tierras para una vivienda.
La inflexibilidad del Gobierno de Gerardo Morales a través del ministerio de Tierra y Vivienda, siguen sin escuchar las necesidades de la gente en tiempos de pandemia.