La semana pasada se conoció que Carlos Sadir envió a la Legislatura un proyecto para adherirse al RIGI -Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones-, uno de los capítulos más reñidos de la Ley Bases del gobierno de Javier Milei por sus implicancias y que desde el bloque del FIT Unidad de Jujuy y advirtieron sobre sus consecuencias en la provincia con el litio y las zonas de sacrificio para el desarrollo de la actividad extractivista.
Señalando que el RIGI otorga “todo tipo de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a las multinacionales extractivistas”, los diputados de la izquierda pusieron el foco en “la subordinación del país al capital financiero internacional y consecuencias socio ambientales de gravedad” que traerá consigo la implementación de este régimen y que afecta derechos laborales, de las comunidades y ambientales.
Planteando la adhesión de Jujuy a este régimen, el bloque del FIT consideró que se “blinda toda la estructura fiscal local a medida de las grandes empresas exportadoras que no podrá tener cambios durante 30 años” y comparó que, tanto las mineras de litio como monotributistas o médicos pagarán el impuesto de ingresos brutos similares.
Respecto a la cuestión ambiental y las comunidades indígenas, el grupo de legisladores destacó que los juicios por daños ambientales o porque no se respetan los derechos de los pueblos originarios serán definidos en una corte extranjera “que está del lado de las multinacionales”.
Justamente, este es el eje central de la oposición de la izquierda al RIGI, apuntando que las empresas extractivistas “tendrán prioridad en el uso del agua antes que las personas que vivan en los territorios”, estas compañías podrán “exigir la derogación de leyes de protección ambiental existentes, que se suma a las modificatorias en la Ley Bases para dar luz verde sin ningún tipo de control ni estudios de impactos ambientales”.
En ese sentido, el FIT consideró que la zona de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, donde varias multinacionales avanzan con la industria del litio se convertirán en zonas de sacrificio. “Llueven las denuncias públicas y judiciales de la Mesa de 33 comunidades indígenas contra el accionar del Estado provincial y del Gobierno a favor de las mineras. No respetan el protocolo de consulta Kachi Rupi construído en el 2015 por las comunidades que están organizadas contra el avance de las mineras en sus territorios sin licencia social” y agregaron “el avance de multinacionales extractivistas del litio pone en riesgo la permanencia y la vida en los territorios que habitan desde tiempos ancestrales despojándolos de los mismos” además de subrayar que “el uso irracional del agua, la contaminación, por parte de las mineras en ecosistemas de extrema fragilidad atenta contra las formas de vida comunitarias que llevan adelante, pero también ponen en riesgo humedales alto andinos y áreas protegidas que fueron reconocidos formalmente por el Estado donde se encuentra el litio”, aportando como dato que la empresa Sales de Jujuy, consumió por día -en el 2021- de agua dulce “5 veces más del consumo para uso humano del departamento de Susques y la salmuera extraída para su evaporación es 61 veces más el consumo del departamento. Las implicancias socio ambientales actuales y del avance de otros proyectos extractivistas con el RIGI son de consecuencias inconmensurables, generando verdaderas zonas de sacrificio”.
Desarrollo de la minería, pero poco trabajo
El gobierno de Sadir pretende adherirse al RIGI bajo el argumento que con este régimen, más que beneficioso para las empresas, se traducirá en la generación de puestos de trabajo y riqueza para las comunidades y toda la provincia, argumento que fue refutado por la izquierda al recordar que en Jujuy rige la Ley Provincial de Promoción de Inversiones y el Empleo (N° 5922 y su modificatoria 6081) que “ofrece facilidades fiscales en el territorio provincial que incluso son más onerosas que el propio RIGI. Por ejemplo, usar fondos públicos para devolver el 30% de la inversión”, a pesar de ello, “el empleo privado registrado en mayo de 2016 (cuando se aprobó la Ley 5922) hasta abril de este año apenas aumentó en 2177 puestos”.
Haciendo hincapié en la actividad litiera, el FIT detalló que las inversiones apenas significaron 608 puestos de trabajo. “El total de empleo en el departamento de Susques, donde se encuentran las litieras, lo hizo en 2044 puestos privados registrados. En esta localidad, expuesta a bajas temperaturas extremas, solo el 3% de las viviendas tienen techo de losa y el 38% de la población no accede a cobertura de salud (Censo 2022). Este es el “desarrollo” que dejan las multinacionales que los gobiernos defienden”, recriminaron.
Dicha situación se debe a que la extracción del mineral en Jujuy para su exportación tiene “escaso valor agregado local, y un alto impacto ambiental, reproduciendo en forma aguda el carácter dependiente y la estructura exportadora primaria del país y de la provincia”.