La escandalosa detención de cuatro dirigentes de la UTA seccional Jujuy disparó la alarma en los sindicatos, que hoy acompañaron al secretario general del gremio de choferes, Sergio Lobo, que manifestó “fuimos tratados como delincuentes”.
Lobo, junto a Nicolás Abbet, Marcelo Moyano y Horacio Sánchez fueron quienes sufrieron en carne propia la persecución judicial desatada en la provincia con la llegada de Gerardo Morales a la gobernación, política que aún persiste.
Sobre el operativo de detención, el titular de la UTA local detalló que fue en horas de la mañana “estábamos en nuestros domicilios todavía para salir a nuestro lugar de trabajo, a otros dos compañeros como Marcelo (Moyano) ingresaron a su casa personal de la Brigada de la provincia de Jujuy a retirarlos del domicilio con una orden de allanamiento y de detención por lo surgido a través de una medida de acción gremial”, relató Lobo.
Fue precisamente sobre este punto que el sindicalista recordó que la medida tomada por la UTA fue para defender los derechos de los trabajadores “no es algo que estamos haciendo fuera del contexto, pero la verdad que ayer fuimos tratados como delincuente, nos sacaron de la casa incluso esposados”.
Dado la magnitud del operativo -Moyano indicó que en San Pedro se apostaron más de 100 policías con vehículos con Infantería, más otros 10 móviles- Lobo cuestionó “parecíamos los narcos más grandes de Jujuy”.
La peor parte se la llevó el secretario gremial, Nicolás Abbet, quien fue sacado del baño y se le negó llevarse su medicación, dado que padece diabetes y una insuficiencia cardiaca. Tal es así, que el dirigente tuvo que ser atendido en el Hospital Guillermo Paterson al presentar un pico glucémico. Asimismo, Sánchez fue sacado de su domicilio en presencia de su hija de tan solo 4 años.
La causa contra los 4 dirigentes se debe a una protesta que realizaron en las puertas de la empresa Argentina el pasado 3 de abril. Su dueño, Guillermo Ruiz, quien además es presidente de la Cámara de Transporte de la provincia, es señalado por no cumplir con el pago correspondiente de los salarios, como así también descontar para el pago de la cuota de la obra social, beneficio con el cual desde hace meses ya no cuentan los choferes por la falta de pago de la empresa a la prestataria sanitaria.
En ese sentido, tanto los dirigentes como los abogados de la UTA apuntaron al incumplimiento del empresario y la inacción de la Secretaría de Trabajo de la provincia, donde ya han realizado varias denuncias que nunca fueron respondidas.
“Esta situación no nos va a coartar la libertad del trabajo, vamos a seguir trabajando en defensa de los compañeros. También quiero aclarar que por falta de aporte de la empresa que vienen incumpliendo un montón de cuestiones nadie las castiga”, sostuvo Lobo.
Por su parte, Marcelo Moyano agregó “tenemos como una perimetral hacia la empresa a la cual no podemos acercarnos a dicha empresa -Argentina-, desde la parte gremial vamos a buscar medidas para llegar hasta esta empresa, aunque sea hacer audiencias virtuales, porque hasta eso nos han coartado, no podemos siquiera acercarnos a los dueños” para exponer las problemáticas de los choferes.
Y subrayó “acá hay un apriete por parte de provincia”, indicando que la cuestión es porque la UTA toma acciones directas cuando se incumplen los acuerdos paritarios. “Van a buscar la vuelta para meternos presos, eso es lo que quieren ellos”.
Los sindicalistas fueron acusados de cortar la RNº34 y de obstruir la salida de las unidades de la empresa Argentina, versión que desmintieron. “Tenemos pruebas fehacientes que el mismo dueño, el señor Guillermo Horacio Ruiz mandó a cerrar el portón de la empresa, o sea que él determina que los coches no salgan, esto es lo que en la jerga de los abogados conocemos como el llamado ‘apriete’”, consideró uno de los abogados y apuntando la connivencia de la justicia con el poder Ejecutivo.
La detención de los 4 miembros de la UTA también se da en paralelo cuando la Legislatura trataba en comisión el proyecto de Emergencia de la provincia, que tiene varios aspectos que afectan de forma directa a trabajadores de la administración pública. Frente a ello, la CGT de Jujuy se declaró en estado de alerta y movilización. El apresamiento de los dirigentes también alarmó a la confederación, que pondrá todos estos puntos sobre la mesa el próximo lunes en la Legislatura, cuando serán recibidos por diputados y diputadas.