Los detenidos por un twitt están aislados en el penal de Gorriti

A 9 días de iniciado el año, Jujuy arde con causas judiciales. En la provincia se reedita el modelo represivo que profundizó la gestión del ex gobernador Gerardo Morales con la reforma de la Constitución que restringe derechos. A la detención de dos personas, y las órdenes de detención de otras nueve, por publicaciones en sus redes sociales, se suman causas penales abiertas contra seis comuneras del pequeño pueblo de Caspalá acusadas por daños, robo y usurpación por haber movido unas piedras de una cancha en disputa y la notificación a 21 integrantes del Malón de la Paz de que se está pidiendo que los juzgue por homicidio culposo.

La primera semana de enero finalizó con dos detenidos, Nahuel Morandini y Roque Villegas, por twittear respecto a un rumor sobre la vida privada de Morales. Su esposa Tulia Snopek, también mencionada en estos posteos, hizo una denuncia pidiendo "la investigación, averiguación e identificación de los autores, cómplices, instigadores o partícipes en grado cualquiera de estas inescrupulosas y, falsas noticias, para ser -en su caso- sancionados penalmente". Además, pidió a la Justicia que ordene la eliminación de todos los mensajes sobre ese rumor de las redes sociales y de los portales de noticias. Según Snopek, los mensajes se inscriben en los delitos de calumnias e injurias, además de que significan un atropello a los derechos de su hija menor de edad, también mencionada en esas publicaciones.

El fiscal penal Walter Rondón inició una investigación penal preparatoria en la que ya identificó a Morandini y Villegas, pero en la que también están involucradas otras nueve personas sobre las que ya pesan órdenes de detención. Las pruebas de la imputación son únicamente un mensaje en X (ex Twitter) en el caso de Morandini y la difusión de un flyer en redes sociales por parte de Villegas.

Morandini y Villegas fueron detenidos el jueves último. El viernes, en la audiencia formal de imputación el juez de Control Roberto Assef ordenó que cumplieran prisión preventiva por 60 días. La misma noche del viernes fueron trasladados a la Unidad Penal N °1, pabellón 2, de Gorriti, donde se encuentran aislados y recién podrán recibir visitas el próximo martes. Hasta ahora solo pudieron comunicarse por teléfono con la familia.

Sus familiares y organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos que los acompañan, realizarán hoy una conferencia de prensa para exigir su "inmediata liberación" y "garantías de libertad de expresión en Jujuy”.

Por otra parte, desde el mismo viernes se vienen sumando otros hechos que tienen de denominador común investigaciones del Ministerio Público de la Acusación contra opositores al gobierno provincial. En ese marco se inscribiría la orden de detención de cinco integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM): el secretario general Sebastián López, la secretaria del interior Noemí Álvarez, la secretaria de acción social María de los Ángeles Apaza, el secretario de organización Ariel Wayar y el vocal Abel Bruzzo.

La abogada Mariana Vargas representante del SEOM pidió que se les permita presentarse para conocer la imputación en su contra y que la investigación continúe con estas personas en libertad. Vargas contó que los responsabilizan por varios delitos, entre ellos la rotura de un vidrio de una oficina municipal el viernes en momentos en que solicitaban audiencia con el intendente Raúl ‘Chuli’ Jorge para tratar la situación laboral de trabajadores con contratos precarizados que están siendo despedidos. La abogada resaltó “la rapidez del manejo de la justicia. Creo que se plantea la intimidación como remedio del gobierno ante estas situaciones”, afirmó.

También en esa jornada, a 250 kilómetros de la capital jujeña, en el pueblo de Caspalá, el gobierno avanzó contra comuneros y comuneras que defienden una cancha comunitaria donde la Provincia pretende construir una escuela, a pesar de que la comunidad ya había destinado otro predio para este fin. Ahora el Ministerio de Educación aprovechó que mujeres de la comunidad movieron bloques de la cancha, para facilitar una inspección ocular que se hará en breve, y las denunció por daño, robo y usurpación. El sábado 6 de enero la presidenta de la Comunidad Kolla de Caspalá, Lucía Apaza, y Paola Coronel, Francisca Coronel, Aurora Tito, Saturnina Batallano y Verónica Ubaldo fueron notificadas de que deben presentarse hoy a las 11 en la fiscalía penal de Humahuaca a cargo de Leila Rodríguez.

La abogada Silvana Llanés, que asiste a la Comunidad, indicó que informó en la Justicia Federal que "la policía ingresó en la madrugada al predio retirando carteles". Sostuvo que esto demuestra que el mismo gobierno viene "violando la medida cautelar". "Acá hay un amedrentamiento permanente", razonó. Y adelantó que pedirá una prórroga de la citación.

Por otro lado, el mismo viernes el mismo fiscal Walter Rondón, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública N° 1, notificó a 21 referentes indígenas que participaron en el Tercer Malón de la Paz de su petición para que se fije fecha para juzgarlos por “homicidio culposo”, acusación que les atribuye por la muerte de una mujer que se descompensó en un corte de ruta y que falleció a pesar de que se permitió su traslado a un centro sanitario.