El día anterior a conmemorarse el 1° de mayo, los trabajadores de la administración pública fueron vulnerados en sus derechos adquiridos, ya que el decreto ratificado como ley por la Legislatura jujeña establece que los empleados estatales estarán disponibles para cualquier tarea que les asigne el COE, Comité Operativo de Emergencia, relacionadas con la atención sanitaria de la crisis producida por el COVID 19
La norma va en contra de los derechos fundamentales de trabajadores, y así lo expresaron diferentes legisladores del Justicialismo que hicieron uso de la palabra expresando su rechazo a la disposición enviada por el Poder Ejecutivo, que no tuvo más consenso que el de la bancada oficialista y que no es más que una imposición entre otras ilegales sancionadas por este gobierno, según expresaron varios.
La disponibilidad de los trabajadores que había anunciado el Gobernador en su informe del COE, amparándose en la emergencia sanitaria originada por el Covid 19, pero no es más que un acto demagógico sancionado por la Casa de Piedra que funciona como una escribanía del Poder Ejecutivo hace 4 años atrás.
“Los empleados de las dependencias de la Administración Pública Provincial, sus organismos centralizados, descentralizados, entidades autárquicas, cualquiera sea el tipo de vínculo laboral o situación de revista y lugar donde preste servicios, quedarán sometidos a la emergencia y con plena disponibilidad ante los requerimientos de atención a los fines de contribuir a combatir la propagación del COVID-19 (coronavirus)” reza el considerando del decreto.
Es así que a partir de la sanción de esta Ley los trabajadores estatales jujeños estarán a disposición del COE y estarán obligados si ese comité lo dispone, a cumplir tareas vinculadas al “Plan General de Previsión, Prevención y Promoción de COVID-19 .
La diputada Alejandra Cejas del Bloque Frente de Todos- PJ, manifestó un enérgico rechazo a este decreto, el 793/20 del Poder Ejecutivo Provincial que pone a a todos los empleados públicos en manos del Comité Operativo de Emergencia.
La legisladora afirmó su oposición a la posibilidad de que se pueda trasladar indiscriminadamente a los empleados públicos a otro sector para desempeñar cualquier función. “Entiendo que el decreto no tiene fundamento y va en contra del artículo 123 de la Constitución de la Provincia de Jujuy que enuncia que solamente la Legislatura puede tratar y legislar este tipo de disposiciones laborales”.
Por otra parte indicó que no hay certezas para los trabajadores públicos porque están quedando en una situación de alta vulnerabilidad, ya que esto puede ser un castigo y no se conoce en profundidad las formas de aplicación de esta normativa ni cuáles serían los órganos del estado a cargo.
Cejas manifestó que “Hemos recibido denuncias de profesionales de la salud de la región del ramal porque los están afectando de manera discontinua y no se respetan las cercanías a los lugares de trabajo originales. Esto atenta contra la carrera administrativa de los empleados públicos de toda nuestra provincia”.
Agregó que esta iniciativa no es de carácter voluntaria como mencionó el gobierno y recordó que hoy no estamos en un estado de sitio sino que rige la constitución y los derechos y obligaciones de cada ciudadano están vigentes.
Cabe recordar que el decreto del ejecutivo en su primer artículo pretende facultar al Poder Ejecutivo Provincial a disponer el cambio de funciones de los empleados, cualquiera sea el tipo de vínculo laboral o situación de revista y lugar donde presten servicios en la Administración Pública Provincial. Ya sea en organismos centralizados, descentralizados, entidades autárquicas, empresas o Sociedades del Estado y Entes en los que el Estado Provincial posea capital mayoritario, en el marco de la emergencia sanitaria.
Para finalizar la legisladora afirmó que hay que retomar los trabajos en las comisiones de la Legislatura de Jujuy de manera virtual ya que no se pueden abordar los proyectos en el recinto cuando existen herramientas tecnológicas para debatir las iniciativas legislativas.
Antes de esta norma se aprobaron los decreto 786 que no solo es para que circulen las personas según la terminación del número de DNI (par e impar) sino que establece diferentes tipos de control entre ellos está la aplicación de una app que sería ilegal y violatoria de la ley 25326 de protección de datos personales; pero el oficialismo la aprobó.
Otro decreto aprobado es el 792, convertido en Ley 6169, que establece la adhesión de la Provincia a la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio que dictó el gobierno nacional, hasta el 10 de Mayo próximo.