Esta mañana causó revuelo la llegada de una combi a una playa de estacionamiento de calle 19 de abril, proveniente de Salta, cuyos pasajeros se habrían negado a descender y afrontar la cuarentena obligatoria, con la intención de dirigirse a sus domicilios u otros destinos. Ese arribo dio lugar a la aplicación del protocolo sanitario con la intervención de la policía de la provincia y el SAME, como producto de ella se obligó a los viajeros a cumplir cuarentena en un hotel céntrico.
Finalmente se supo que entre los ocupantes del transporte se encontraba María Silvia Bernal, una de las juezas vocales del Superior Tribunal de Justicia, quien, según trascendió habría llegado a la provincia vecina en un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos. Se trata de uno de los países que fueron declarados como zona de riesgo por el Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU 260/2020 del gobierno nacional del pasado jueves 12 de Marzo, que establece entre otras disposiciones la obligación de realizar cuarentena para todos los pasajeros que arriben al país desde esos destinos, normativa que la jueza al parecer pretendía incumplir.
El DNU de Alberto Fernández estableció en su Artículo 7, inciso d) que deben cumplir Aislamiento Obligatorio, durante 14 días, “Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”. Estas personas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción.”
Además ese Artículo finaliza explicitando que “En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en el presente artículo, los funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.”
Ese código prevé en su Artículo 205 que “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.”
Muchos jujeños se preguntan en este momento si las generales de la Ley se aplicarán a la Jueza del Superior Tribunal jujeña, considerando su posición de poder privilegiada y los altos intereses políticos en juego.
Los límites selectivos
Llamó también la atención y causo indignación entre los jujeños el arribo esta mañana de la jueza a la provincia, cuando ayer domingo 22 Morales anunció que no habría más “repatriaciones” para los jujeños que estaban afuera de la provincia, pese a la gran cantidad de pedidos que recibió de padres cuyos hijos estudian en otras provincias.
"Que me perdonen los padres que tienen sus hijos afuera, pero a Jujuy no entra nadie más", lanzó el mandatario provincial y agregó que "el tema es que no podemos traer gente del extranjero a zonas donde va a reventar la situación, porque los estaríamos trayendo acá a que contagien a la familia y nos contagien a todos, entonces la cortamos".
"Cerramos definitivamente la frontera” –declaró ayer Morales en conferencia de prensa- “en las próximas 24 horas van a llegar estudiantes, trabajadores de otras provincias, a los que ya se les había hecho el control sanitario y por donde irán pasando se les harán nuevos controles. Al llegar a Jujuy va a haber un fuerte operativo y se les va a hacer un seguimiento", dijo Morales y enfatizó que "No vamos a traer más gente de Buenos Aires, los que estén allí deberán hacer la cuarentena. Si no cerramos Jujuy vamos a tener una curva como la de Buenos Aires". Informó además que hasta ayer había 1.050 personas en seguimiento epidemiológico en sus domicilios, quienes presentan algún riesgo por haber viajado al exterior.
Pero pese al anuncio del gobernador es patente que los límites no estan claros, las fronteras no estaban del todo cerradas, o no estaban clausuradas a todos las y los jujeños por igual ya que muchos se preguntan cómo es que el transporte con siete pasajeros incluida la jueza, atravesó el límite que separa a Jujuy de Salta.
De acuerdo al comunicado que difundió esta mañana el gobierno de la provincia sobre este hecho “La funcionaria intentó evitar los controles sanitarios de rigor, pero el personal interviniente hizo cumplir la firme decisión de cuidar la salud y la vida de los jujeños, partiendo del compromiso de que el aislamiento obligatorio es para todos, sin distinciones y sin importar cargos públicos.”
“Cabe consignar, que el vuelo que trasladó a la funcionaria judicial hizo escala en Miami. Estados Unidos es uno de los países de alto riesgo. Por esta razón, se dispuso la realización de estudios para la búsqueda de COVID-19, a lo cual la funcionaria, que estaba junto a otras seis personas, se negó e intentó partir con destino a su domicilio particular. Personal sanitario y de seguridad, aplicó el correspondiente protocolo y procedió a aislar a los recién arribados, asignándoles además custodia policial.”
Esa información describe claramente una actitud reticente y contraria a la normativa de la jueza, quien pretendió evadir controles y seguir camino, presumiblemente hacia su domicilio, pero sigue sin explicar cómo atravesó su combi el clausurado límite provincial para (casi) todos los jujeños.
La versión de la viajera
Pese a la reprobable postura que el gobierno provincial le imputó a la funcionaria, en un descargo que la propia Jueza María Silvia Bernal dio a conocer luego del hecho, expresó su deseo de “agradecer a las autoridades de los Ministerios del Interior y Transporte de la Nación, como asimismo al Ministerio de Seguridad, Dirección de Transporte y autoridades del gobierno de mi Provincia por facilitar mi retorno a esta Ciudad.”
Remarcó también que “en mi carácter de funcionaria pública como Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, declaro que, en la instancia antes referida, me he sometido a todas y cada una de las disposiciones impuestas por los organismos pertinentes, en cuanto lo contenido en la normativa nacional como provincial, encontrándome cumpliendo el aislamiento previsto para casos como el mío, en retorno desde países extranjeros. Todo ello, al igual que las seis personas en mí misma situación.”
Y refutó la existencia de cualquier tipo de comportamiento reñido con las normas que preveen el aislamiento obligatorio: “descalifico de manera contundente las arteras versiones que me colocan en una actitud reticente o contraria al cumplimiento de las medidas dirigidas a minimizar el efecto devastador del flagelo que afecta al mundo (COVID19).”
“Contrariamente, a aquellas versiones, comparto en su integridad las referidas medidas, especialmente en nuestra provincia, que se presenta como señera en la protección de la salud y la seguridad públicas.”
Muchos comprovincianos en este momento atraviesan el obligatorio aislamiento en estado de angustia e incertidumbre ya que no pueden estar con sus seres queridos, residentes jujeños, estudiantes y trabajadores, que por decisión del gobierno provincial no pueden retornar a sus hogares. Muchos no disponen, ni por asomo, de los recursos para afrontar un viaje al exterior y son potenciales víctimas de una pandemia que en su origen es importada. En cualquier caso la gran mayoría de los ciudadanos vienen cumpliendo al pie de la letra con la normativa que los conmina en sus domicilios para prevenirlos del contagio.
El sacrificio que se les pide al común de los ciudadanos y la exigencia de cumplir las medidas de aislamiento es exactamente el mismo que se debe exigir los más altos funcionarios de todos los poderes del estado. Ellos tienen aún una responsabilidad y exigencia mayor, porque deben dar el ejemplo en el cumplimiento de esas disposiciones.
Hoy más que nunca un principio fundamental de nuestra democracia, expresado en la Constitución Nacional debe cumplirse y es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
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