Ya se venció el plazo para que funcionarios del gobierno y legisladores, tanto provinciales como municipales, presenten su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) del año 2018. A los que no cumplieron con su entrega, según establece la ley, se les debe retener el 20 por ciento del sueldo.
De acuerdo al Artículo 5 de la Ley de Ética Pública, “Anualmente, en el curso del mes de junio de cada año, quiénes hubieren modificado su situación patrimonial durante el año inmediato anterior, deberán actualizar la información contenida en su declaración jurada” ante la OA.
Y en su Artículo 10 indica que “Las personas que no presentes sus declaraciones juradas en los plazos correspondientes serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad responsable de la recepción, para que lo hagan en el plazo de quince (15) días. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva, sin perjuicio de las otras sanciones que le pudieran corresponder” que consiste en la retención del 20% de su sueldo, para el incumplimiento de la primera intimación, de acuerdo a la reglamentación de la normativa.
Según se pudo chequear en el sitio de la OA, el radicalismo tiene la mayor cantidad de políticos o funcionarios que no entregaron sus Declaraciones Juradas (DDJJ) del año 2018 en tiempo y forma.
Dentro del poder ejecutivo, son tres los funcionarios, que responden directamente a Gerardo Morales, que incumplieron la Ley N°5153 de Ética Pública y no presentaron el documento ante la Oficina Anticorrupción (OA). Uno de ellos, el propio hermano del gobernador, Freddy Morales, quien está a cargo de la Secretaria de Gobierno. Su última presentación corresponde al año 2017.
Otro de los que incumplió con la ley fue el Ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir. También en esa situación, se encuentra el Ministro de Salud, Gustavo Bohuid.
Sin embargo, fueron los propios legisladores del bloque de la UCR, quienes más incumplieron con la ley, pese a ser el órgano que tiene como tarea crear leyes y velar por su cumplimiento.
Del bloque de la Unión Cívica Radical, sólo el 50 por ciento (12 de 24 bancas) presentó la DDJJ en el tiempo estimado. Quienes todavía no lo hicieron fueron: Ramiro Tizón, Néstor Sanabia, Victoria Luna Murillo, María Teresa Ferrín, María Magdalena Condorí, Alfredo Tinte, Orlando Nieto, Irma Navarro, José Humberto López, Pedro Olver Legal, Alejandra Elías y Marcela Arjona.
Pero no fueron los únicos del oficialismo, quienes no acataron con la normativa. El partido Primero Jujuy, que forma parte del Frente Cambia Jujuy, también repite el ejemplo del radicalismo. En este caso, Primero Jujuy, que tiene 5 bancas hasta diciembre, sólo 3 legisladores presentaron su DDJJ. Quienes no lo hicieron fue la diputada Susana Haquim y el diputado Pedro Segura.
Por otra parte, el bloque del PJ también tuvo sus faltantes en la documentación requerida por la OA. Quienes no presentaron la DDJJ fueron los diputados Rubén Rivarola, Gabriel Nilson Ortega, Alfredo Gerry, los tres “aliados” del oficialismo; además de Javier Hinojo, quien marco diferencia con las autoridades del partidos jusiticlalista.
Los únicos bloques que presentaron la totalidad de las DDJJ de sus legisladores fueron el FIT, integrado por Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández. De la misma manera, el diputado Juan Manuel Esquivel, por el FUyO/Unidad Ciudadana, presentó el documento correspondiente ante la OA.
Respecto a los unibloques, la diputada Débora Juárez Orieta, y Mariela del Valle Ortiz, también cumplieron con la norma.
Consultado sobre estas faltas, el responsable de la Oficina Anticorrupción de Jujuy Joaquín Millón Quintana, explicó que “Estamos alcanzando un 85% de cumplimiento, en cuanto a la presentación de las Declaraciones Juradas” por parte de los funcionarios y legisladores que están obligados a hacerlo.
Acordó con que: “el plazo para la presentación de las Declaraciones de 2018 ya venció”, y agregó que “estamos notificando a los incumplidores” de la necesidad de cumplimentar sus presentaciones y que se procederá a la “retención del sueldo”, de acuerdo al porcentaje establecido por Ley.
Aunque detalló que el plazo de 15 días para cumplimentar sus declaraciones corre “a partir del momento en que son notificados” y que es un proceso en curso ya que “carecemos de los medios para notificar a todos” apenas se vence el plazo.
La ciudadanía aguarda a que la ley sea respetada y las instancias responsables la hagan cumplir. Además su observancia no admite dilaciones o excusas ya que ante ella somos todos iguales, o no?
Fuente: Oficina Anticorrupción