JUJUY

Deben afrontar restricciones y altos costos

¿Los nuevos refugiados? El drama de los trabajadores que quieren volver a Jujuy

Además del costo de sus viajes y la posible cuarentena. El gobierno impuso un valor de 50 dólares al test para quienes necesitan ingresar a Jujuy. Discriminación y estigmatización.

¿Los nuevos refugiados? El drama de los trabajadores que quieren volver a Jujuy

 

Hay cientos de jujeños varados en otras provincias, adonde fueron a trabajar en la recolección de la vid, en la minería u otras actividades pero a causa de la pandemia global están siendo excluidos e imposibilitados de regresar a Jujuy, y además estigmatizados como potenciales transmisores del COVID 19.

Es cierto, estamos en una crisis sanitaria y económica indiscutible, en este marco esos ciudadanos no se han opuesto a las medidas sanitarias. El reclamo es que son muchos los casos particulares, que requieren del sentido común de las autoridades para poder regresar a la provincia y cumplir con la obligación del aislamiento.

Ellos piden que les realicen el test y están dispuestos a abonarlo,  para hacer cuarentena en sus casas pero la respuesta oficial es que “no hay” test. El gobernador Gerardo Morales había anunciado la llegada de una partida para realizar mayores controles y descartar casos; pero a la fecha no habría test según las autoridades.

Los ciudadanos jujeños que necesitan regresar a la provincia en este momento, no viajaron por turismo, sino por trabajo, tampoco buscan perjudicar a otros ciudadanos ni al estado provincial, ellos viven acá.

Son muchos los trabajadores que no pueden regresar y están varados en provincias del cuyo y el sur, durmiendo con sus familias y niños pequeños en terminales de ómnibus, aguardando que los autoricen a viajar, sin un lugar donde alojarse, a la intemperie.

Mientras tanto el gobernador se opone al ingreso de jujeños a la provincia que están en territorio argentino. El criterio según las palabras de Morales es que el esquema de atención preparado por el COE no es suficiente. Pero a diferencia del gobierno nacional, desde la provincia no se dispusieron medidas de apoyo y atención para las familias que no pueden volver dejándolas a la intemperie lejos de sus hogares, sin comida ni alojamiento.

El cuello de botella es ese. Además en los casos que lograron ingresar a la provincia, el gobierno dispuso que la cuarentena de 14 días se realice en hoteles – sin asistencia sanitaria, sin la alimentación suficiente-, esa estadía es abonada por empresas privadas en algunos casos, en otros paga el municipio, pero en muchos casos deben pagarla las propias familias. El propio gobierno ofrecía tarifas de 14 mil pesos por cada persona durante la estadía, sin contar gastos de comida. Con ese criterio, la asistencia sanitaria provincial es un bien oneroso y de acceso prohibitivo, no gratuito.

Además, el test para descartar el COVID 19 tiene un costo de 50 dólares, y no todos los jujeños que regresan cuentan con ese dinero. Aun así, en el caso de un grupo de mineros provenientes de Santa Cruz después de realizar reclamos para que se cumpla con lo que tenían acordado porque habían cumplido cuarentena en el sur, les hicieron los test después de una semana, recién entonces pudieron retirarse del hotel a sus casas para ver a sus familias y seguir la cuarentena.

Sí hubiera diálogo, y una búsqueda de soluciones concretas para evitar el autoritarismo esta situación con los mineros no se hubiera judicializado como promueve el estado provincial, cuyos funcionarios iniciarían una causa penal. Ese será otro espacio quizás para acercarnos a la verdad sobre lo que se dice.

En los diferentes casos de trabajadores de temporada excluidos de la provincia y forzados a cuarentena paga, el criterio sanitario aplicado por la provincia fue distinto y no quedó claro cuál  será el principio del estado para enfrentar la pandemia ante estas situaciones.

Lo que sí se reveló es el abuso de autoridad de la policía, la falta de diálogo entre las autoridades y los jujeños que llegan a la provincia, y una discriminación hacia los más humildes que es constante.

Otra situación de maltrato vivieron un grupo de trabajadores golondrinas que llegaron a la provincia esta semana y estuvieron “36 horas viajando, más casi 9 horas encerrados en el colectivo sin poder salir ni siquiera ir al baño, cuando llegamos al cruce de Yuto”. Eso fue el lunes pasado.

Al hotel de calle 19 de abril casi Gorriti, ingresaron a las 3 de la mañana, después de un día y medio sin poder comer. En el hotel firmaron el acto de hospedaje con todas las restricciones de no salir de las habitaciones para concretar el aislamiento social preventivo obligatorio. La asistencia sanitaria allí no se cumple y es recurrente escuchar a la gente en esos espacios de cuarentena no les garantizan los elementos de limpieza, ni la alimentación básica para sobre llevar la cuarentena.

Ese grupo lo integran 13 personas de Yuto y una de San Pedro, quienes llegaron de Neuquén (San Patricio El Chañar). Les realizaron un control sanitario sólo de temperatura en el cruce de Yuto y hasta la fecha no recibieron otro examen de salud. Lo único que saben es que, afortunadamente en este caso, ellos no abonarán el hotel.

“Nos habían dicho que nos hacían el test, y nos llevaban a nuestras casas pero eso no sucedió, el viaje fue más largo porque la ruta estaba rota, por eso no pudimos ingresar a San Pedro y tuvimos que ir a dar vuelta. No sabemos porque no nos hacen el test, nadie nos dice nada”, expresa Rodrigo uno de los trabajadores.

“Lo que queremos es que nos hagan el test, la mayoría de nosotros tenemos nuestra propia casa donde podemos cumplir la cuarentena fácilmente... hay otro chico que tiene su casa, y les da lugar a otros tres que viven con sus padres para que hagan cuarentena juntos por el bien de todos”, y agrega “no nos trajeron productos de limpieza desde que llegamos, no tenemos como desinfectar los baños, el piso no nos traen nada y nadie sube a preguntar nada, y si bajamos, nos dicen que no salgamos porque nos van a multar, pero si llamas a recepción te dicen ya no molesten”.

Los testimonios se repiten. Los jujeños que llegan a la provincia de ganar el pan trabajando arduamente en otros distritos y quieren ver a sus familias ¿cometieron algún delito?

Terminamos hablando de la falta de derechos que hay en la provincia antes y durante la emergencia sanitaria, que ahora está generando una nueva categoría de refugiados: los migrantes internos. Además de la exclusión deben sufrir la discriminación y difusión de información falsa que los estigmatiza, por parte del estado y una prensa mediocre que difunde exclusivamente las versiones que el poder les indica.

La provincia recibió en las últimas semanas 718 millones de pesos de asistencia financiera por parte del estado provincial en el contexto de estta crisis sanitaria. Debería ya estar en condiciones de poder diseñar un plan efectivo para el regreso de nuestros comprovincianos y sus familias en condiciones dignas; sin que su ingreso a la provincia, bajo el pretexto sanitario, sea restringido por cuestiones que en el fondo son económicas. ¿O es que la pandemia se ha convertido en Jujuy en un argumento para recaudar?

En estas pascuas, como jujeños y seres humanos no podemos naturalizar ni apoyar la exclusión de familias enteras con niños, exponiéndolos a la intemperie o a condiciones de reclusión miserables. Mucho menos discriminarlos o estigmatizarlos




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