Los sobreseimientos fueron la demostración del control social del poder político de turno

El Juez Rodolfo Fernández, del Juzgado Penal Económico  sobreseyó a cuarenta y un personas, se la acusaba por: daños, lesiones doblemente agravadas, impedimento funcional del transporte, resistencia a la autoridad, entre otros delitos, todos en concurso real, hechos investigados durante la jornada represión tras la jura de la Reforma Constitucional de Gerardo Morales, el 20 de junio pasado. Fiscalía de Estado que era querellante no se presentó.

La investigación que se inició  en este proceso penal a: Claudia Ayarde, Mayra Villca, Irma Ramos, Noemí Torres, Victoria Quispe, Daniel Salaverón, Teresa Luna, José Espada, Victor Camara, Agustina Gasparovic, Marco Domínguez, Raúl Domínguez, Josué Mamaní, Gabriel Miranda, Juan Lázaro, Rafael Flores, José Arce, Gabriel Sandes, Federico Cabana; Juan Matías Pérez, Gastón González, Marcos Burgos; Mateo Mamaní, Agustina Salas, Kevin Llanos, José Aramayo, Waldo Vazquez, José Zalazar, Aldo Gareca, Leonardo Cruz, Eva Arroyo, Elizabeth Pérez, Claudia Sarapura, Néstor Mendoza, Juan José Flores, Brina Subelza, Elsa Ochoa; Ana Uro; Nahuel Cruz; Luis Prieto; Mauro Friaz fueron sobreseidos en una audiencia en la Oficina de Gestión Judicial.

De las cuarenta y un personas varios no estuvieron presentes en la manifestación en rechazo a la Reforma. Sucedió  en otras investigaciones anteriores, también en juicios contravencionales a manifestantes y no pudieron sostener las acusaciones. Es así que el juez ordenó sobreseer y devolver los elementos secuestrados a los acusados del 20 de junio.

Una de las más feroces represiones en la capital jujeña, donde hubo un enorme operativo policial, centenares de efectivos de fuerzas de seguridad de la provincia que durante cuatro horas violentaron a manifestantes disparando balas de goma, hubo detenciones, abuso de autoridad.  Esa represión se inició cerca  las 11 horas, minutos después que el ex gobernador Gerardo Morales jurara como Presidente de la Convención Constituyente, Gobernador la nueva carta magna en la Legislatura Provincial. Hay varias denuncias por violencia institucional en el foro federal, además se presentó un informe por violación a los derechos humanos en la provincia en el contexto de la reforma.

Entre los sobreseídos se encuentran integrantes de HIJOS Jujuy, organismo de DDHH, Ana Laura Uro, Carolina Luna, Eva Arroyo y Néstor Mendoza, quienes fueron privadxs ilegalmente de su libertad, e imputadxs sin pruebas alguna.

En un comunicado expresan que las detenciones fueron consecuencia de haber ejercido el derecho a la protesta, lo que desató una feroz represión por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno del ex gobernador Gerardo Morales en la provincia de Jujuy el día 20 de junio del año 2023, día en el que se aprobó a espalda del pueblo la reforma la de la Constitución Provincial.

“Los sobreseimientos no fueron actos de justicia ni reparación, fue la demostración de que el poder judicial de la provincia funciona como mano derecha ejecutora de control social del poder político de turno, un aparato de aleccionamiento para todas aquellas personas que se las tilde de opositoras. Nuestrxs compañerxs no solo fueron detenidxs ilegalmente, también se les permitió a todas las fuerzas de seguridad intervinientes que lxs sometieran a vejámenes, tanto físicos como psicológicos, el poder judicial “dejó hacer”. Y desde el discurso del Poder Ejecutivo se lxs estigmatizó refiriéndose a ellxs como delincuentes, instaurando el terror y poniendo en riesgo hasta su estabilidad laboral, un ultraje público.

El poder judicial de la provincia debe saber que la única manera de reparar el daño cometido, es llevar adelante la investigación y la condena de todxs y cada unx de lxs responsables de estas violaciones a los derechos humanos. Y nuestro rol como organismo de DDHH es denunciarlas, es por esto que el día 3 de febrero del corriente año, H.I.J.O.S. Jujuy, presentó la denuncia  correspondiste contra funcionarios públicos y personal policial que intervinieron en los hechos mencionados ante el Ministerio Publico de la Acusación.

“Se les pagó para lastimar a la ciudadanía”

“La policía levantó a ciudadanos y ciudadanas al pasar en inmediaciones de lugares donde la policía decidió que no se podía transitar. Todo forma parte de un proceso de varios meses, expedientes que siguen en la justicia de Jujuy. Por un lado, alivia saber que la justicia dictaminó que estas personas no cometieron ningún delito y, de alguna manera, empezamos a recorrer el camino inverso que es empezar a entender lo que paso en junio del 2023. Donde los grandes responsables de los hondazos, balaceras, gases lacrimógenos, apremios ilegales  fue la policía de la provincia bajo el mando de Gerardo Morales” afirmó la abogada Alejandra Cejas. También puntualizó que “esto forma parte de lo que no se quiere hablar, por eso se hicieron denuncias a dirigentes sociales, comuneros, dirigentes sociales, gremiales. Pero en  los hechos y los que nunca fueron juzgados y no se les conoció la cara son parte del Estado, son gente que se les pago para lastimar a la ciudadanía”.

Tras el sobreseimiento dijo que “es un alivio para los ciudadanos que venían resistiendo  el agobio de una causa penal injusta, inmoral y que a todas luces se armó para desviar la mirada de la población sobre los sucesos de junio del 2023” cerró Cejas.

Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes.

Se caen las causas

El fiscal del ministerio Publico de la Acusación Diego Funes, llevó adelante la investigación y entre las pruebas que presentó para mantener la imputación fueron publicaciones de medios de comunicación, videos, redes sociales de particulares. Y al no poder mantener la acusación pidió al juez el sobreseimiento, en una audiencia virtual donde hubo cerca de 20 abogados defensores.

“No nos opusimos junto a varios abogados defensores particulares y defensora publica, la Dra. López, pero sí manifestamos nuestra disconformidad por la retención indebida de los celulares, fundamentalmente bienes personales que fueron secuestrados durante las detenciones de los mismos. También solicitamos que se declare que las detenciones fueron arbitrarias e ilegales, no en flagrancia”, explicó el abogado Lucio Plaza.

En ese sentido, comentó que en el caso de Marcos Burgos, su defendido “él no participó de los hechos, por ello nunca debería haber sido detenido. Además, que algunas garantías constitucionales fueron suspendidas por unas horas hasta que una serie de abogados de organismos de derechos humanos y particulares nos apersonamos a dependencias del servicio penitenciario para poder entrevistarnos con nuestros defendidos y tomamos la defensa de los mismos” señaló Plaza.

El fiscal Funes que llevo adelante la investigación no pudo sustentar  las acusaciones contra las personas. Es por ello que solicitó el sobreseimiento que fue dictado por Fernández. “Exploramos de manera exhaustiva el material fílmico aportado a la causa, redes sociales, medios de comunicación y de particulares” expresó el fiscal. La línea fina de lo público y privado.

Los hechos de violencia institucional que se desplegaron contra los imputados están siendo reclamados por una serie de acciones legales que se desarrollan en otros organismos judiciales.

En tanto que “a efectos de demostrar que los acusados no tenían comunicación, ni contacto con estos hechos que se investigaron ni con las personas que supuestamente accionaron. Por ello fueron sobreseído de esta causa, declarándose que los antecedentes deben ser borrados de su planilla prontuarial” comentó Plaza.

Restan cerca de 17 dirigentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales que continúan en otra investigación penal con otros delitos para elevar a juicio, todos en el contexto del rechazo a la Reforma constitucional.