Convocados como expositores a una charla denominada “A un año del Código Procesal penal Balances y desafíos”, organizado por la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNJu, el fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez junto a Diego Funes, debieron pasar un mal trago frente al cuestionamiento que realizó una docente sobre el aval obtenido por parte de la universidad, siendo que ambos están denunciados en la justicia federal por varios hechos graves en Jujuy, aunque la última es por los hechos de violencia institucional y violación a los derechos humanos en Jujuy.
Fue la antropóloga e investigadora del CONICET, Gabriela Karasik quien puso en palabras el malestar que hay dentro de la unidad académica frente a la postura de acreditar el evento y cuestionó el accionar de ambos fiscales contra el pueblo jujeño que se manifestó en contra de la reforma parcial de la Constitución.
“Somos muchos los docentes de la Universidad que nos sentimos preocupados porque estemos avalando como universidad un evento donde dos de los cuatro disertantes están denunciados ante el fuero federal” nombrando al titular del MPA, Sergio Lello Sánchez y el fiscal Diego Funes.
Y continuó “creo que no tengo que enumerar las violaciones, está disponible en la prensa, les recomiendo la mire quien no las conoce, pero como docente de hace tantos años de la universidad y representando directa o indirectamente un montón de estudiantes, profesores, no docentes que creemos que en el estatuto de la universidad dice es la defensa de la democracia y nos parece que las denuncias en este caso de 2 de los disertantes nos plantea dudas en torno a la cualidad ética, moral democrática y siendo abogados, también técnica”, manifestó Karasik quien concluyó que el aval de la UNJu “no es correcto”.
El hecho sucedió en el Colegio de Abogados de Jujuy donde una vez más el espacio fue cedido para expresar la justicia patriarcal de Jujuy, en la sala también estaba presente como expositor Ignacio Pasquini, secretario relator del MPA y el abogado Marco Espinassi.
La charla era pública y es así que, ante la convocatoria y la exposición hubo varios pedidos para el uso de la palabra, la primera fue Karasik que no dudó en interpelar a los fiscales por su grave accionar y ser ejecutores de las medidas de Gerardo Morales en la cacería judicial contra manifestantes.
Pero este aval a la disertación no fue el único “guiño” que tuvo la Universidad de Jujuy para con el actual gobierno y sus funcionarios: en diciembre de 2022 se conocía el listado de 51 docentes para la inminente apertura de la carrera de Abogacía en la provincia, entre los nombres se destacan al hijo mismo del gobernador, Gastón Morales -quien también administra Cannava-, Mariano Miranda (que pasó de ser fiscal de Estado a vocal del STJ, caso similar al de Ekel Meyer, que siendo funcionario del Ejecutivo saltó al Poder Judicial) y el mismísimo Sergio Lello Sánchez, entre otros allegados al poder.
Lo polémico de estos nombramientos es que todos se realizaron “a dedo” no hubo concurso ni oposición de antecedentes, develando así el acomodo en todos los estamentos de la provincia.
Flyer de la disertación
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