Más de 15 mil manifestantes participaron ayer de la 40° Marcha de los Apagones, a 47 años de la semana de terror que se llevó a cabo durante la última dictadura cívico, militar y eclesiástica, cuando el poder civil representado por el poderoso Ingenio Ledesma y fuerzas de seguridad estatales detuvieron a unas 400 personas, de las cuales 33 continúan desaparecidas.
La fecha, propicia para ejercitar la memoria que repasa la historia, también tuvo presente la impunidad judicial con la que vivió y murió el empresario Carlos Pedro Blaquier, cuya empresa prestó vehículos, aportó nafta, información y otros recursos, además de mandar apagar las luces en esas localidades, para facilitar la represión ilegal.
En el contexto convulsionado de protestas en toda la provincia y de graves hechos de represión llevados a cabo por el gobierno de Gerardo Morales, la marcha fue más que significativa y en todo momento se hicieron paralelismos entre los procedimientos del terrorismo estatal de los 70 y la violencia institucional desatada por el gobernador radical, que ahora aspira a ocupar la vicepresidencia de la Nación. Además, a las consignas habituales de memoria, verdad y justicia, se sumó la más popular en estos días en Jujuy: "Abajo la reforma, arriba los derechos". También se expresaron consignas de acompañamiento al reclamo salarial docente y de repudio a la violencia del gobierno provincial.
Entre los que compararon las prácticas de Gerardo Morales con los procedimientos de la última dictadura contó Ernesto Samán, uno de los sobrevivientes de aquellas detenciones de 1976. Contó que, si bien se sentían fortalecidos por la gran cantidad de personas que se movilizaron, marcharon "con el dolor" de ver lo que "está pasando en democracia con este gobierno", que "está utilizando ahora en democracia las mismas herramientas que han utilizado la dictadura, violando todos los derechos, individuales y colectivos de nuestra gente de Jujuy. Y se han metido hasta con los pueblos originarios aprobando efectivamente a las 4 de la mañana con una teórica oposición, una Constitución nefasta", aseguró.
Además de las violentas represiones del 17 y 20 de junio, en el marco de protestas en reclamo de mejoras salariales para la docencia y en rechazo a una reforma constitucional regresiva, el gobierno de Jujuy detuvo a decenas de personas, en algunos casos acusándolas por delitos tan graves como sedición. Ayer mismo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, que participó de la Marcha de los Apagones, estuvo durante la mañana gestionando la liberación de tres jóvenes de Humahuaca que seguían en el penal de Alto Comedero.
Por otro lado, sumando más hechos de violencia institucional, el gobierno de Morales dispuso ayer un importante operativo de control de tránsito en la ruta nacional 34, llevado a cabo por la Policía de Jujuy y Seguridad Vial de la provincia, que demoró e incluso detuvo a algunas combis que trasladaban personas que iban a participar de la Marcha de los Apagones. Durante la mañana, docentes que se trasladaban a Calilegua tuvieron demoras en controles montados en el lugar conocido como La Balanza (porque hay un control de carga), en Chalicán y Fraile Pintado. También hubo un control de velocidad en Arrayanal.
Con estas restricciones, el tránsito se tornó muy lento y algunas combis contratadas por gremios y organizaciones sociales no pudieron avanzar. Hubo casos de docentes y otros manifestantes que llegaron a pie a Libertador General San Martín. Para completar, tampoco se vendían pasajes de ómnibus en San Salvador y en Fraile Pintado.
A pesar de los operativos, unas quince mil personas participaron de la Marcha, encabezada por los organismos de derechos humanos Madres de Detenidos Desaparecidos Departamento Ledesma, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, HIJOS Jujuy, la Asociación Jujeña de Ex Presos/as Políticos Regional Ledesma, Capoma DDHH, Familiares de Detenidos Desaparecidos de Salta, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Jujuy, y acompañada por los gremios docentes CEDEMS, ADEP, SADOP, ADIUNJu, ATE Verde y Blanca, y la CTA, el Sindicato de Luz y Fuerza Jujuy, Judiciales, y entre otras organizaciones sociales, la Tupac Amaru. También participaron los diputados nacionales del Frente de Todos Alejandro Vilca (FIT-U Jujuy), Hugo Yasky y Juan Carlos Alderete.
Entre las y los familiares, marchó Martina Weisz, hija de Osvaldo Weisz, trabajador del Ingenio Ledesma, detenido desaparecido, que era delegado del comité de fábrica del Ingenio.
En el momento de los discursos, Oscar Alfaro, detenido en aquellas noches de terror del 20 al 27 de julio de 1976, cuando tenía 22 años de edad, también cuestionó al gobernador Morales. Tras recordar que los organismos de derechos humanos de la provincia vienen acompañando a las organizaciones que se manifiestan y "cada una de las situaciones en las que estaban avasallando sus derechos", sostuvo que en el Estado provincial "todavía no lo tienen claro" al concepto de derechos humanos. "Pareciera que para estos grupos elitistas estamos viviendo en la época feudal. Pareciera que para éstos que sustentan el poder económico, político, mediático, somos un poquito más que animales, porque así nos han tratado, con sus grupos de tareas metiéndose en las casas de nuestras compañeras, así nos han tratado con sus camionetas sin patentes levantando a los compañeros", denunció.
Alfaro también convocó a "sentir que le hemos dado un sentido más a nuestras vidas. Cada uno de nosotros después de esta marcha tenemos que salir fortalecidos a la lucha que nos espera", invitó.