Marcha atrás con la evaluación permanente para el equipo de salud en Jujuy

Con salarios por debajo de la línea de pobreza y la escasez de recurso humano, la cartera sanitaria jujeña quiso emprender una evaluación permanente al equipo de salud, medida con la cual tuvo que dar marcha atrás frente al reclamo de sindicatos.

Fue el viernes pasado que el ministro de Salud Gustavo Bouhid tuvo que dar marcha atrás con el intento de aplica una grilla de calificación trimestral sobre el desempeño laboral, antecedentes y desempeño en equipo, tal como establecía la resolución 836-S.

Dicha normativa establecía que durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre una Comisión Evaluadora analizaría el desempeño y el cumplimiento de las metas dispuestas para cada integrante del equipo de salud. Según el desempeño, cada trabajador o trabajadora podía recibir un puntaje satisfactorio o insatisfactorio, siendo esta última calificación la que abrió las dudas en sindicatos respecto a una posible justificación de despidos en el área.

La puntuación no satisfactoria se diferenciaba entre dos casos, el primero donde se apuntaba a una mejora en un plazo breve del desempeño y, en el segundo, considerada “deficiente” en un “imperativo el mejoramiento de su desempeño”.

Si bien la resolución indicaba que cada agente sanitario podía solicitar una revisión de la puntuación, con sindicatos solamente como veedores del proceso, pero sin capacidad de arbitrar medidas, las sospechas giraron en torno sobre la posible desvinculación en los casos de puntuación deficiente como motivo.

Sí, sindicatos criticaron la medida inconsulta: “desde el sindicato consideramos a la resolución como innecesaria porque cada trabajador del sector salud ingresa al sistema teniendo una preparación previa. Además, en caso de que un trabajador rinda mal puede hasta ser despedido, lo cual pone en riesgo de desempleo al personal que tiene más de 20 años en actividad”, expuso el secretario general de ATE Jujuy, Carlos Sajama.

En la misma dirección, el dirigente consideró que esta medida evaluativa podía llegar a ser la prueba piloto para luego aplicarse en el resto de las dependencias públicas provinciales. Es decir, buscar justificativos para achicar la planta de trabajadores.

Los cuestionamientos de la dirigencia sindical a esta resolución también deben entenderse en el marco del debate de la declaración de Emergencia de la provincia que pretende Carlos Sadir y que tiene entre sus puntos, frenar los pase a planta permanente y congelar los salarios. Dentro de la Legislatura el oficialismo tuvo que salir a aclarar que dicha ley no implicará despidos, pero las dudas ya están sembradas. Desde el FIT Unidad ya compararon el proyecto del Ejecutivo jujeño con la ley Ómnibus de Javier Milei, que ya aplicó miles de despidos en dependencias de Discapacidad, CDR, Anses, entre otras.