Médicos jujeños denuncian privatización de la salud publica

En el día de hoy sanatorios y clínicas de la provincia publicaron una solicitada en varios medios gráficos donde denuncian que el gobierno de Morales, a través del Ministerio de Salud, sigue llevando a cabo la privatización de servicios médicos.

Según manifiesta el comunicado, el Ministerio de Salud de la provincia está dejando los “servicios médicos esenciales a manos de extranjeros y/o foráneos, sin experiencia ni antecedentes favorables en detrimento de los profesionales y empresarios jujeños, actuando así de manera opuesta a lo manifestado en campaña por el propio Gobernador, desestimando proyectos jujeños anteriores y posibles, contribuyendo de esta manera a profundizar la crisis que afecta al sector desde más de 2 años”.

Bajo el título “crisis innecesaria”, el Sanatorio Nuestra Señora del Rosario, Sanatorio y Clínica Lavalle, el Sanatorio Los Lapachos, Sanatorio Nuestra Señora de Fátima, el Centro Ocular Laser y el Centro de Oncología y Radiología de Jujuy exigen la intervención inmediata del gobernador para dejar sin efecto la privatización de las distintas prestaciones, además de que se reconsidere otros proyectos que no perjudiquen al sector.

Además, sostuvieron, que de mantenerse con esta privatización a manos de empresas extranjeras, pone en “riesgo los más de 1200 empleos directos y los miles más indirectos, deteriorando irreversiblemente la matriz sanitaria provincial sin sentido”.

La denuncia que realizaron las clínicas y sanatorios de la provincia responde la a licitación convocada bajo el nombre “Proyecto por una salud accesible e integradora” expediente nº 710-477/18, donde se convocaba para concesionar “la de explotación de unidades de Hemodiálisis, Hemodinamia, Oftalmología, Oncología, el Recupero de Costo de Atenciones, un Sistema Integral de atención Clínica y la Digitalización de Diagnósticos por imágenes, los mismos servicios que la empresa Jujuy Andina SRL identificó como “ineficaces”.  

La polémica surge porque esa empresa, de capitales chilenos, además de no poseer CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria), una de sus socias, Wynifred Trivick Cañas, fue sentenciada en Tribunales de Antofagasta a pagar un por incumplimiento contractual por una empresa de salud de su dominio.