Mientras Morales se reúne con los Fiscales nacionales, Miranda los acusa de injerencia

El avance del gobernador Gerardo Morales sobre la justicia y el poder legislativo, suma otro capítulo, en el cual, ahora tiene como protagonistas a fiscales y procuradores del todo el país, quienes vienen advirtiendo la grave situación institucional que atraviesa la provincia. Fue precisamente ayer, que luego de reunirse en congreso extraordinario consideraron que “existen las condiciones objetivas” para una intervención federal.

Dicha denuncia, alertó al propio Morales, quien finalmente tuvo que acceder a otorgar una audiencia a los fiscales. La cita, prevista para las 7 de la mañana de hoy, y en la cual irían al menos 6 letrados, se organizó en absoluto hermetismo, ni siquiera tendrán acceso los medios oficialistas. Es que esta reunión es una muestra que hasta el mandatario provincial tiene que dar explicaciones ante la justicia, y por ello, tuvo que acceder al diálogo, cosa que no es poco para él.

La denuncia de los fiscales de la nación sobre la gravedad que reviste la falta de división de poderes, también alertó a los funcionarios del gobierno provincial. Fue el propio fiscal de Estado, Mariano Miranda, quien salió al cruce. Según el funcionario, las expresiones de la asociación de procuradores y fiscales (por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina) constituyen “una intromisión en los asuntos internos de la Provincia, vulnerando la autonomía Provincial de Jujuy”.

Como si fuera poco, Miranda también puso en la discusión a la figura de Milagro Sala, caballito de batalla del gobierno de Morales, para tratar de tapar la falta de logros de su gestión. El fiscal explicó “al manifestar que la creación del Ministerio Público de la Acusación es inconstitucional, dicha afirmación podría traslucir no sólo una defensa corporativa hacia el Fiscal General cuestionado, sino una defensa encubierta a Milagro Sala, quien durante una década privó a los jujeños de paz y de libertades civiles, sin mencionar los actos de violencia y corrupción por los cuales ha sido condenada, cumpliendo prisión preventiva domiciliaria ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Además, prosiguió “de esta manera, pretenden que existan funcionarios que no deban rendir cuentas de sus actos ante las autoridades Constitucionales”. Miranda podría apelar a la frase “mala mía”, porque justamente el avance de los juicios políticos contra el fiscal general de STJ, Alejandro Ficoseco, y los 3 miembros del Tribunal de Cuentas, se ven envueltos en la polémica porque son los 2 organismos los que tienen que controlar al gobierno.

Recordemos, que Ficoseco es el encargado de investigar las denuncias que pesan sobre el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, bastante discutido por su accionar. En tanto, que el Tribunal de Cuentas, tiene como función controlar los gastos del propio gobierno.