Por Alejandra Dandán
Guillermo Snopek presentó el jueves 20 en el Senado un proyecto de intervención al poder judicial de Jujuy. El proyecto que pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales está centrado en el funcionamiento orgánico de un poder ejecutivo que, dice, tomó el control de la Justicia a partir de diciembre de 2015.
Con la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y la creación de un Ministerio Público de la Acusación en diciembre de 2015, “el Poder Ejecutivo provincial tomó el control político de ambas Instituciones del Poder Judicial, constituyendo un claro avance de un poder sobre otro, infringiendo las normas de las constituciones provincial y nacional”. Porque Jujuy no cuenta con un Poder Judicial que ofrezca el servicio de Justicia garantizado por la Constitución Nacional —dice— se debe intervenir a fin de su restablecimiento.
Peronista, sin filiación con el kirchernismo, lo peor que tiene Gerardo Morales sobre el senador Snopek es que esa presentación, además, está hecha por su cuñado. El pedido aguó el carnaval. Morales salió a responder. Dijo que el proyecto sólo busca liberar a Milagro, cuando en realidad el senador no la mencionó ni una sola vez. También dijo que no está seguro de que el proyecto avance, pero en realidad el senador cuenta con apoyo de su bancada, pero también con amplio respaldo de legisladores y concejales de PJ de Jujuy que desde hace semanas sostienen la necesidad de esa intervención, hecho que se aceleró a partir de la filtración de los audios del presidente Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, que admitió entre risas ese control.
El proyecto menciona a Baca y Clara Langhe de Falcone, la presidenta del STJ hasta diciembre de 2019. Pero en su esencia intenta mostrar que esos mecanismos buscaron torcer la voluntad política de intendentes y diputados y perseguir a integrantes del poder judicial que se opusieron. Tal vez es la primera sistematización de una persecución amplia. El primer mapa que emerge de la provincia con claridad. Menciona lista de casos. Y sostiene que no son hechos aislados o antiguos. “Sino que resultan constantes, actuales y de toda magnitud, tanto para los integrantes del propio poder (jueces de instancias inferiores, secretarios y demás integrantes), como así también para con las instituciones de la comunidad (Colegios de Abogados y otros colegios profesionales, Consejos de Magistrados, Policía, los propios municipios, etc.), y obviamente los ciudadanos que sufren en carne propia una justicia arbitraria”.
La iniciativa propone una intervención por 365 días prorrogable a 365 días más. Ahora deberá ser discutida en la Comisión de Asuntos Constitucionales a partir del inicio del período ordinario. Si se aprueba, necesita acuerdo de mayoría del Senado, y luego de Diputados para convertirse en Ley.
El proyecto
El proyecto traza una historia que comienza en diciembre de 2015 para explicar la modificación del vínculo entre Justicia y Ejecutivo.
La ampliación del Superior Tribunal de Justicia en diciembre de 2015 con cinco de sus nueve miembros radicales, dos de ellos diputados que aprobaron la ampliación y horas después juraron como jueces. “El propósito de la ampliación fue políticamente evidente —dice—: conformar una mayoría afín al Ejecutivo, vulnerando el principio de independencia del Poder Judicial.”
La creación de un Ministerio Público de la Acusación en el ámbito del Poder Judicial. “En la práctica el Fiscal General constitucionalmente designado perdió sus funciones originarias, quedando relegado a ser Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia provincial, realizando sus dictámenes (que no son vinculantes). Como contrapartida, se le asignaron al nuevo Fiscal General de la Acusación todas las funciones que originariamente aquel otro tenía, dependiendo de este todo el Ministerio Público”.
Con estas dos acciones –dice el proyecto—, “conjuntamente tomadas el mismo día 17 de diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo provincial tomó el control político de ambas Instituciones del Poder Judicial, constituyendo un claro avance de un poder sobre otro, infringiendo las normas de las constituciones provincial y nacional”.
En sus títulos, habla de fragilidad institucional por enfrentamientos entre el Superior Tribunal y el Ministerio Público de la Acusación, de irregularidades en concursos públicos y en su punto número cinco, tal vez uno de los más impactantes, el direccionamiento de la Justicia con fines políticos.
“Con relación a las persecuciones judiciales contra quienes disentían con el oficialismo, las que constituyen también motivo y fundamento del presente pedido, caben advertirse las forzadas renuncias y apartamiento de sus cargos de funcionarios de la política pertenecientes a los bloques PJ y Frente Unidos y Organizados (FUyO), así como también de miembros del Poder Judicial (jueces y fiscales) mediante la formulación de denuncias y persecuciones penales en forma directa o indirecta”.
En ese apartado reseña y sistematiza un listado de casos emblemáticos, muchos conocidos:
Alberto Ortiz: contra quien se formuló una denuncia penal por su anterior cargo de intendente. Su hija, Mariela Ortiz, es actualmente diputada provincial, abandonó el Bloque Justicialista por esa presión y pasó a integrar un mono-bloque llamado Eva Perón, actuando en los hechos como una diputada oficialista (Frente Cambia Jujuy), a cambio de la paralización de las causas judiciales contra su padre.
Marcelo Llanos: ex integrante del bloque del PJ al que luego abandonó (ya no es más diputado), que se encuentra sujeto a una investigación judicial por su anterior cargo de intendente, encontrándose la causa radicada en la Fiscalía N° 10 del MPA de San Pedro de Jujuy, sin ningún movimiento procesal trascendente.
Carlos Lops: ex integrante del bloque del PJ a quien se pretendió involucrar penalmente en la conocida causa “del Matadero de San Pedro de Jujuy”, lo que motivó su retiro del bloque. En 2015 se sumó al bloque que respondía políticamente al gobernador Gerardo Morales a través del Vicegobernador Haquim. Ya no es más diputado y hoy es asesor de la Presidencia de la Legislatura.
Emilio Cayo: ex integrante del bloque Frente Unidos y Organizados, que a raíz de una denuncia penal debió dejarlo y pasar a integrar el Frente Cambia Jujuy, bloque oficialista. Él era el número dos de la Red de Organizaciones Sociales, pero producto del acuerdo político con Morales no es investigado. Actualmente no es más diputado, no obstante presta servicios en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy conducido por el radicalismo jujeño.
Fiscal Darío Osinaga: denunciado por el gobernador por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de los hechos acaecidos en mes de diciembre de 2015 en el acampe en la Plaza General Belgrano. El Fiscal de Estado, Mariano Miranda, por orden del Gobernador lo denunció penalmente por no haber actuado —según lo que ellos creían— en los hechos del acampe en la plaza en donde también estaban Emilio Cayo y Mabel Balconte, entre otros.
Diputada Mabel Balconte: ex integrante del bloque FUyO (Frente Unidos y Organizados) que quedó como independiente, aunque participa en las reuniones del bloque de la UCR, «sorteando» casi todas las denuncias que recaen sobre la organización de la Túpac Amaru a la cual pertenecía. A partir de las presiones recibidas de parte del Fiscal Mariano Miranda, Balconte cambió de estrategia procesal, auto-incriminándose sin aportar a la causa otros elementos probatorios que su supuesta confesión, lo que hizo para salvar las supuestas responsabilidades penales de familiares cercanos. Fue condenada a 8 años de prisión por auto-incriminarse pero siguió en su rol de diputada provincial y la Legislatura provincial nunca trató su desafuero.
Snopek presentó el proyecto temprano, el jueves, pero Morales tardó en enterarse. A esa hora recibía al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Ninguno de los dos senadores radicales que estaban en el recinto reaccionaron. Snopek partió a Jujuy a las 16.30 y recién cuando aterrizó comenzaron las respuestas. Hablaron Morales, Elisa Carrió, Alfredo Cornejo y Luis Naidenoff. Morales dijo que está en alerta, que es un avasallamiento a la autonomía provincial, que atrás está la impunidad para Milagro Sala. Y sólo sacó de la cancha a Alberto Fernández: No creo que sea un proyecto impulsado por el Presidente, dijo, con quien tengo buena relación.
Sin embargo, hubo señales que el Presidente hizo esta semana que el gobernador no mencionó.
La confesión de parte
Snopek prepara un borrador desde el año pasado. En el último tiempo sumó declaraciones de los dos presidentes del STJ desde 2015: Clara Langhe de Falcone, presidenta entre 2015 y 2019, radical y ex abogada de Morales; y Pablo Baca, presidente desde diciembre de 2019, y uno de los dos diputados radicales que votaron la ampliación.
Titina Falcone admitió varias veces y públicamente que la detención de Milagro Sala se debe a su capacidad de movilización. “No vamos a permitir que quede libre esperando que quede firme su sentencia”, dijo en diciembre. “Creo que la sociedad no lo va a permitir porque no quiere volver a lo que se ha vivido”. Esas últimas declaraciones la obligaron a dejar la presidencia, pero no el tribunal. Y en su lugar asumió Baca.
En el proyecto, Snopek no menciona dichos directos sobre Milagro, pero toma el caso al mencionar lo que ambos dijeron en torno a la relación con el Ejecutivo. Falcone llegó a manifestar públicamente, dice el texto, en actos oficiales, “que el Poder Judicial le ha asegurado la gobernabilidad al ejecutivo”. Y sobre Baca, el proyecto retoma los audios. “En tales conversaciones que expresamente el Juez reconoció como propias, se advierte cómo el Poder Ejecutivo provincial utilizó con fines claramente políticos al Poder Judicial de Jujuy, fundando la detención de una persona en razones políticas y no en razones jurídicas como debería hacerlo el máximo tribunal de justicia provincial”. En ellas, también protestó contra la figura del jefe de los fiscales de Jujuy, “por las presiones que este ejercería sobre los jueces, pero a la vez afirmó no querer sancionarlo porque, finalmente, son parte del mismo equipo político”.
Un dato para Morales
Esta semana Milagro cumplió años. Viajó a verla el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, que denuncia la situación de prisión en términos de ilegalidad desde hace cuatro años. Su cartera reporta al ministerio de Justicia conducido por Marcela Losardo y fue Pietragalla quien esta semana trabajó sobre un video con imágenes de Milagro y textuales de Alberto Fernández sobre el Lawfare. Pietragalla buscó al Presidente para mostrarle el corto antes de difundirlo. Dicen quienes estuvieron cerca que fue Alberto el que, emocionado, le dijo: Difundilo con créditos de Presidencia.
No es la primera vez que el Presidente se pronuncia sobre el caso. Habló en campaña. En entrevistas. Lo hace cada vez que Gerardo Morales viaja a Buenos Aires, y pregunta por Milagro. Lo mismo hace el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Pero sí es la primera vez que Presidencia difunde una comunicación institucional en esos términos.
La puerta de entrada de la Corte
Jujuy también atraviesa la agenda de Justicia Legítima. La asociación conducida por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, sacó un comunicado tras la difusión de los audios de Pablo Baca. Pusieron una foto de Milagro. Recordaron textuales de Baca y de Clara de Falcone y dijeron que este “escandaloso pisoteo del Estado de Derecho y de la independencia del Poder Judicial tiene como consecuencia el sostenimiento por más de cuatro años, de la prisión arbitraria –conforme lo declarara el Equipo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de ONU—, de Milagro Sala y otres presos y presas de la organización social Túpac Amaru”.
Esta semana viajó a Jujuy uno de sus integrantes, el ex juez Martín Vázquez Acuña. Y el jueves un grupo integrado por Caamaño, Jorge Auat, Alejo Ramos Padilla y Alejandro Slokar entre otros, pusieron en escena el caso Milagro durante una visita al Museo Sitio de Memoria ESMA. Frente a dos mujeres sobrevivientes, tomaron el caso para marcar expresamente con la detención y la prisión una línea de continuidad y, sin medias palabras, definen su situación como privación ilegal de la libertad.
De eso dio cuenta el viaje a Jujuy de Vázquez Acuña, quien quedó impresionado por la situación de prisión. Milagro está en su casa, con un retén en la puerta de integrantes del Servicio Penitenciario de Jujuy que custodian y registran en un papel nombre, apellido y cargo de quienes la visitan. Eso está prohibido por la Ley. La legislación argentina prohíbe la presencia de agentes de seguridad en sistemas de esas características.
De eso dio cuenta el viaje a Jujuy de Vázquez Acuña, quien quedó impresionado por la situación de prisión. Milagro está en su casa, con un retén en la puerta de integrantes del Servicio Penitenciario de Jujuy que custodian y registran en un papel nombre, apellido y cargo de quienes la visitan. Eso está prohibido por la Ley. La legislación argentina prohíbe la presencia de agentes de seguridad en sistemas de esas características.
“Creo que ese argumento echa por tierra que Cristina va por todo. En segundo lugar, acá está actuando un poder del Estado, el Legislativo, ¿qué miedo tienen al Poder Legislativo? El Estado tiene tres Poderes. El Ejecutivo, o sea el Presidente, ya tomó posición a partir de la posición que tomó la secretaría de Derechos Humanos esta semana. Y el Legislativo está en pleno funcionamiento. Y la Cámara de Senadores es uno de esos poderes. Por lo tanto, ¿miedo a qué le tienen? ¿Si en Diputados, si el proyecto no pasa, vivimos en democracia y si pasa en el Senado, vivimos en un régimen autoritario?”
El tiempo ahora empezó a acelerarse. Los actores interpelados son muchos. Milagro mientras tanto espera. Mañana cumplirá 1500 días privada de libertad.
Fuente: El Cohete a la Luna
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