Morales anunció que pondrá fajas en las casas donde existan casos sospechosos de COVID 19

Jujuy se encuentra en una semana clave ante la propagación del COVID 19, han pasado diez días sin confirmar un nuevo caso en la provincia, dato clave para el cumplimiento de medidas sanitarias y para la toma de nuevas decisiones en el marco de la pandemia que azota al planeta.

Si bien los gobiernos provinciales analizan medidas para consensuar con Nación, Jujuy no deja de dar la nota: ya cerró los límites de la provincia y esa decisión fue criticada por del Gobierno Nacional “las provincias no tienen fronteras”, explicaron funcionarios.

A esto se suma que el gobernador anunció en el informe del COE del domingo varias medidas a implementarse para evitar la propagación del COVID 19, una de ellas es sumamente discriminatoria y avanza contra los derechos y garantías individuales de las personas. Morales señaló que colocará una faja en el domicilio de la persona que esté realizando la cuarentena junto a su familia, para que sea identificada en la cuadra, en el barrio…. ¿Apuesta a un nuevo control social?

El gobernador se olvida que avanza sobre el derecho de las personas, y sobre todo, expone a vecinos que también están en aislamiento para que controlen a otro vecino, que quedará estigmatizado. Se trata de una medida que es un gran retroceso en materia de derechos y quizás nos traslada a la época medieval.

Esta medida de tinte discriminatorio, se suma a otras que van en el mismo sentido, como el impedimento de la llegada de jujeños que regresan de trabajar de otras provincias a través del cobro de cuarentena en hoteles y de los test, más la falta de permisos para su partida desde esos distritos . En realidad, esa situación desbordó el esquema de recepción del Gobernador, por lo cual, ya le puso un freno y decidió que no ingresará nadie por una semana a la provincia.

Sucede que los hoteles que reciben a los jujeños para realizar la cuarentena de 14 días, que ahora según el gobierno es gratuita, tendrían las plazas cubiertas con cerca de mil personas alojadas cumpliendo el aislamiento social preventivo obligatorio.

Los jujeños, después de lo que les representa regresar a la provincia, piden realizarse el test para descartar el COVID 19, el cual deben abonar a 50 dólares o 4 mil pesos, costo al que no todos pueden acceder, si es que encuentran disponibilidad de esos exámenes.

Sin embargo, los testeos tan promocionados por el Gobierno, no han llegado aún y es por ello que hay una gran cantidad de jujeños en aislamiento esperando el testeo para poder continuar en sus hogares la cuarentena.

Es en esta etapa, ante una situación desbordada por la cantidad de gente que regresa a Jujuy luego de trabajar arduamente en la cosecha de uva o en una minera, el gobernador anunció que aquellas personas que realicen el test y luego continúen la cuarentena en sus casas, serán identificadas con una faja para que la comunidad sepa del caso. Es decir, traslada un control social a los vecinos, estigmatizando a la familia. 

La referente de Proconsumer y presidenta de la Asociación de Abogados de Jujuy, Claudia González, consultada en el programa de Canal 2 sobre el anuncio del gobernador de señalar a un posible paciente con Covid 19, sostuvo que las declaraciones del gobernador fueron desafortunadas y es un gran retroceso en materia de derechos “es ignorar las leyes aplicables, violar derechos constitucionales, actuar como si no estaría en vigencia la Constitución, repudiables. No se puede permitir y no lo vamos permitir los abogados, abogadas y tampoco lo tienen que permitir los ciudadanos. Y no podemos permitir que nos trate de forma indigna a los usuarios del sistema de la salud”, enfatizó.

Además, explicó que los usuarios del sistema de salud están protegidos por la ley de Defensa del consumidor por el artículo 42 del Constitución que habla del derecho de salud y del trato ético y digno, además está la Ley del Paciente que garantiza la confidencialidad y establece el secreto profesional. “En este caso particular, se estaría afectando no sólo a una persona que ingresa a la provincia por una simple sospecha de poder ser portador del virus que afecta a la dignidad de la persona y de todo el grupo familiar se estigmatiza”.

Y agregó que este proceder gubernamental “es vergonzoso porque no hay asidero normativo ni ético para tomar una resolución de esa naturaleza. Ojalá algún asesor del gobernador pueda aconsejar y decir que eso no se puede hacer por más que lo haya anunciado”.

Sin embargo, la letrada acentuó que los tratados internacionales en nuestro país tienen un rango constitucional y forman parte de la normativa nacional con el agravante que el incumplimiento es de la nación no de la provincia. Es decir “un gobernador de provincia que inste a comprometer la responsabilidad del país es gravísimo, en este caso con datos sensibles según la definición que da la ley 25.326 de protección de datos personales. Los datos que hacen referencia a la salud, no pueden difundirse. Esa misma norma en el artículo 5 habla que todo tratamiento de los datos personales, será ilícito si no hay consentimiento libre, expreso e informado dado por el titular dado en forma previa a recabar los datos y escritos en forma expresa” afirmó.

La única manera de dar a conocer al público, datos relacionados a la persona es que esa persona quiera, y si ella no quiere, no se puede hacer. Los médicos intervinientes tienen el deber de la confidencialidad que es propio del profesional.

Profundizó la letrada que para develar el secreto profesional debe ser por orden judicial, y por una cuestión superior que tenga que ver con la Seguridad Publica, defensa Nacional, o Salud pública.

Es por ello que remarcó que la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo y en particular la provincia “estamos en una situación de libertades restringidas, empezando por la libertad ambulatoria por una cuestión de pandemia, pero la Constitución sigue vigente. Que yo sepa el gobernador no es juez y no puede dejar de respetar las garantías esenciales que tenemos los ciudadanos de Jujuy amparados por la constitución provincial y constitución nacional, ojalá haya sido una mala interpretación y que alguien aconseje al gobernador que eso no se puede hacer.”

Por último, González detalló que esa medida implicaría una situación de discriminación que no ayuda en esta emergencia sanitaria, ante la cual sí se debería reforzar mensajes de cuidados sanitarios como #quedateencasa, lavate las manos. Afirmó además que en caso que el gobernador avance con lo que anunció, se realizarán presentaciones judiciales.