El 6 de Junio de 2018 una multitud de tropas de infantería de la Policía de la Provincia de Jujuy, por orden del Juez Pablo Pullen LLermanos, sin notificación previa, sin exhibir una orden de allanamiento y sin permitir la presencia de abogados, irrumpieron en la sede central de la organización social Tupac Amaru.
Los niños, mujeres y hombres que estaban en el edificio fueron bruscamente desalojados sin mediar explicación y cuando los abogados de la Tupac se hicieron presentes, no les permitieron ingresar.
Desde ese día la sede permanece allanada, sin actividad y sin un sustento jurídico real.
En 2016 una resolución de la Fiscalía de Estado había dispuesto que un “Consejo Administrador” actuaría en nombre de la Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva “Tupac Amaru”, hasta tanto se resolviese el expediente judicial por el cual se le retiraba la Personería Jurídica.
Ese expediente sigue sin resolverse en el Superior Tribunal de Justicia al día de hoy, a pesar de eso en esta jornada comenzaron a realizar obras en la fachada del edificio, borrando el nombre y los símbolos de la Tupac.
Fuentes de la organización señalan que el gobierno de Morales, como lo hizo con otras sedes y espacios de la Tupac, busca transformar el fin social de ese edificio y presentarlo como una obra propia, aunque no tiene aún el sustento legal que se lo permita.
La sede tupaquera contaba con consultorios médicos de distintas especialidades, un tomógrafo computado, una farmacia, tenía un polideportivo, se daban clases de gimnasia, contaba con una de las pocas piletas climatizadas para rehabilitación de la ciudad y tenía un museo de miniaturas – con maquetas de tradiciones y leyendas jujeñas- único en la región.
Milagro Sala está detenida , luego de ser enjuiciada por una justicia jujeña de muy dudosa imparcialidad, con un Superior Tribunal de Justicia integrado en parte por ex diputados radicales que se votaron a sí mismos para conformarla. Condenada en procesos seriamente cuestionados por organismos de derechos humanos donde intervinieron algunos testigos que se convirtieron en empleados del gobierno y otros que fueron amenazados y chantajeados con la prisión para que digan lo que fuese necesario para condenarla.
Pero más allá del destino de una persona, hay miles de trabajadores y familias tupaqueras que perdieron sus ingresos y sus fuentes de trabajo, y otros miles de ciudadanos jujeños que recibían atención médica gratuita de esos consultorios, que realizaban cursos y practicaban deportes de manera gratuita en esa sede, los beneficiarios últimos de las políticas y las obras que la Tupac llevó adelante.
En una provincia con índices crecientes de pobreza y desempleo –aunque el gobierno manipule y exhiba estadísticas que dicen otra cosa- quien se ocupará de todos ellos? Hasta el momento el gobierno de Morales no ha dado respuestas concretas.
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